Cadena de recursos contra la decisión de anular la zona de bajas emisiones

BarcelonaRespuesta unitaria y contundente contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el lunes decidió anular la zona de bajas emisiones de Barcelona. De momento, tanto el equipo de Colau como la Generalitat han anunciado que presentarán un recurso de casación en el Tribunal Supremo y el objetivo final es que los otros cuatro municipios afectados –l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià del Besòs– también presenten alegaciones a medida que les llegue la sentencia. “Será una cadena de recursos coordinada de cada administración afectada”, ha explicado la teniente de alcaldía de Urbanismo, Janet Sanz, en una comparecencia conjunta con el director general de calidad ambiental de la Generalitat, Marc Sanglas, y el director de sostenibilidad del AMB, Joan Maria Bigas.

Así, con estos primeros dos recursos –que se pueden presentar en un plazo de 30 días– el equipo de Colau y la Generalitat quieren parar la aplicación inmediata de la sentencia y evitar que se transforme en una decisión firme. “La ZBE continúa vigente”, ha insistido Sanz, que ha explicado que ya están en “conversaciones” con el Gobierno español para “reforzar la respuesta conjuntamente”. “La zona de bajas emisiones es una medida indispensable y obligatoria porque está fijada por ley”, ha recordado Sanz, que ha justificado que, además del imperativo legal, el proyecto se aplica “para garantizar un derecho irrenunciable, como es el derecho a la salud de los vecinos”. Todas las administraciones afectadas por la decisión judicial han admitido “la sorpresa y la perplejidad” que les provocó la sentencia de lunes, que, según dicen, obvia el hecho de que la zona de bajas emisiones es un requerimiento legal que viene tanto de la legislación española como de la normativa europea.

Una sentencia "política"

Sanz ha ido todavía más allá y ha señalado las “incongruencias” de la decisión judicial, a la que ha tildado de “zancadilla”. “Parece que incorpore más elementos políticos e ideológicos que jurídicos”, ha espetado la teniente de alcaldía, que ha añadido que se trata de una resolución que va "contra los tiempos, contra el sentido común y contra lo que piden el resto de las legislaciones”.

Por su parte, la Generalitat ha insistido en que “el derecho a la salud es irrenunciable” y que las zonas de bajas emisiones son una medida completamente necesaria para conseguir mejorar la calidad del aire. “No habrá ninguna sentencia que nos pare”, ha expresado Sanglas en relación con el veto a los coches contaminantes, y ha añadido que el objetivo del Govern es impulsar esta misma medida en todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, a pesar de que no hay obligación legal hasta 2025, en tres años. “Nos preocupa que en algunos párrafos la sentencia vaya en contra de lo que nos marcan los modelos europeos de éxito y la normativa europea –ha argumentado Sanglas–. Nos preocupa que alguien quiera limitar la capacidad que tienen los ayuntamientos de legislar sobre estas cuestiones”, ha añadido.

A su vez, la regidora de Movilidad, Laia Bonet, ha matizado que el grupo socialista sí que está de acuerdo en que hay que “acompasar” algunos ritmos. “Recuriremos la decisión, pero compartimos la reflexión de que la transición ecológica tiene que ser justa y nos preocupa a quiénes afectan las medidas”, ha dicho Bonet, que ha defendido que “ahora no es el momento de seguir incorporando más vehículos a las restricciones”. “Lo que toca es ayudar a renovar las flotas”, ha matizado.

En este sentido, la teniente de alcaldía Janet Sanz ha expresado que las restricciones a los coches más contaminantes son una medida “avalada por todo el mundo” y que cualquier autocrítica servirá para reforzar el proyecto. “Hacer ZBE no es una cuestión de voluntad política, sino un imperativo legal”, ha insistido.