“Hasta que sepa la verdad no podré acabar de hacer este luto tan extraño”

BarcelonaJusticia para hacer el luto. Es lo que mueve a las decenas de familias que intentan llevar a los tribunales a las residencias donde murieron sus padres o abuelos durante las primeras olas del covid en 2020. “Hasta que no sepa la verdad no podré acabar de hacer este luto tan extraño”, confiesa una de las afectadas del geriátrico Residencial Palau, de la localidad vallesana Palau-solità i Plegamans, el último de los centros denunciados por la Fiscalía para que un juzgado de Sabadell investigue si en las 40 defunciones de aquellos dramáticos meses hubo negligencia. La testigo, que prefiere no identificarse, asegura que la búsqueda de justicia también responde al hecho de que le debe a su padre muerto “que se depuren responsabilidades y que se aclaren los hechos”.

De momento, el caso del geriátrico vallesano es uno de los pocos que continúan vivos en los juzgados, que, según los cálculos de Amnistía Internacional, han archivado el 90% de las causas sin ni siquiera, en muchas ocasiones, declarar testimonios. Otro caso es el de la residencia Fiella de Tremp, donde murieron 64 de los 142 usuarios entre noviembre y diciembre de 2020, en un brote que obligó a la Generalitat a intervenir el centro. Ahora, un juzgado de la población ha imputado a la directora y a la responsable de higiene sanitaria del centro por los delitos de homicidio imprudente, vejación y contra la seguridad de los trabajadores, y en la denuncia se detalla que se registraba la fiebre de pacientes que en realidad hacía días que habían muerto, la falta de coordinación médica con hospitales de la zona o que los residentes sufrieron sed, hambre y frío.

Un descontrol que las familias vivían sin información o con mensajes de WhatsApp de los médicos diciendo que todo iba bien. A Ester Bernadó la residencia le dijo el 30 de noviembre que podía visitar a su padre al día siguiente porque, a pesar del covid, se encontraba bastante bien. "Lo fui a ver en vida y ya estaba muerto", afirma para ilustrar "el desbordamiento" y el caos de un centro que no contaba ni con suficiente personal ni con espacios para separar a enfermos de sanos. Bernadó dice que su motivación en la justicia es "saber la verdad más que que haya sanciones" y, en este sentido, señala "responsabilidades compartidas" por "una mala gestión antes, durante y después" del brote. "¿Cómo puede ser que, si no eran capaces de gestionarlo, ni los médicos, ni el personal ni la dirección pidieran ayuda¿ ¿Lo veían normal todo aquello?", se pregunta.

A Evaristo Saura todavía le “remueve” el cuerpo y el alma pensar que su padre murió en su habitación a solas y que fue él mismo, como director de una funeraria en el Pont de Suert, el encargado de retirar su cadáver de la habitación. El recuerdo de los seres queridos muertos en la soledad de las residencias todavía pesa mucho y algunas familias rehúyen voluntariamente la atención mediática para no estar en una revisión constante. En parte, admiten que esta inquietud solo se atenúa con las noticias de que la justicia avanza para investigar tantas muertes y “conocer la verdad”. Es, como dice Saura, un “pequeño bálsamo en el infierno”. También la hija de la víctima vallesana encuentra cierto consuelo en las actuaciones judiciales, pero apunta que no solo tienen que responder las direcciones de los geriátricos, sino también “políticos o jueces que de una manera u otra han querido tapar este holocausto” y acallar a las familias. 

En su caso intentó “innumerables” veces contactar con la residencia para tener información del estado de su padre, pero solo en tres ocasiones, asegura, le cogieron el teléfono. “Solo sabía que mi padre estaba resfriado, pero ya hacía tres semanas que estaba así. Estaba fuerte de salud, en buen estado, y de repente ya no estaba”, relata todavía con el dolor a flor de piel. Dolor y también culpa. "Sabes que no murió bajo tu responsabilidad, pero nadie te quita el sentimiento de culpa”, se desahoga.

Familias autoorganizadas

Es el mismo sentimiento que persigue a Dolors Gonzalo desde que su madre murió en diciembre de 2020 en una residencia de Sant Quirze del Vallès. "Sé que no me quitaré nunca este sentimiento de culpa", constata y, a pesar de que no se plantea la denuncia porque entiende que no hubo negligencia por parte del centro, pasa el luto manteniéndose activa en la lucha dentro de la entidad Els Estels Silenciats, nacida precisamente durante aquellos días como instrumento de autoayuda y de denuncia de lo que consideran que es un "maltrato institucional" a la gente mayor de las residencias.

“Mi madre se dejó morir, no se murió de covid, sino de pena”, se queja, y reprocha que residencias como la suya hayan optado por restringir visitas y el contacto con las familias escudándose en la seguridad y salud de los residentes, cuando en realidad responde a una falta de personal.

La gente mayor de las residencias han sido las "víctimas perfectas" porque no se pudieron "defender ni escapar" y murieron "sin ninguna oportunidad", se queja la hija de la víctima del centro Palau, que coincide con Bernadó en que las investigaciones judiciales son la oportunidad para que desde el conocimiento de los hechos se corrijan errores para evitar que nadie tenga que volver a pasar por unas circunstancias indignas al final de la vida.