Discapacidades

"Nunca pararíamos hacer quejas, vivimos una vulneración constante": las múltiples barreras a la discapacidad

Un informe constata que las administraciones públicas son las que ponen más bastones en las ruedas

Un hombre en silla de ruedas no puede bajar del andén porque los ascensores de la estación de Cercanías de Martorell están estropeados.
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BarcelonaDe los escalones para entrar en locales comerciales, en estaciones de tren sin ascensores o con las escaleras mecánicas estropeadas o la falta de empatía del funcionario de turno. Las quejas por vulneración de derechos de las personas con una discapacidad crecen, aunque son muy pocos los afectados que deciden dar el paso de denunciarlo. Así lo constata el último radar elaborado por Ecom, la fundación que reúne a las entidades del sector y que en 2024 recogió 352 casos, un 50% más que el año anterior. "Nunca pararíamos hacer quejas, vivimos una vulneración constante de nuestros derechos", ilustran las personas entrevistadas para elaborar el informe que resume su cotidianidad.

Según la entidad, tres de cada cuatro vulneraciones provienen de organismos públicos, mientras que el derecho a la movilidad, la accesibilidad y la vida independiente siguen siendo los más afectados. Por primera vez, la entidad recibió denuncias por violencia sexual, concretamente seis. El presidente de Ecom, Albert Carbonell, ha advertido este lunes en la presentación del informe de que la desigualdad "es estructural y persistente" y ha reclamado políticas públicas que aborden soluciones con perspectiva de género, ya que un 60% de los afectados son mujeres.

En el mismo acto, la activista Maria Girbau ha denunciado las dificultades con las que se encuentra como usuaria habitual de Cercanías. No es sólo que las barreras arquitectónicas habituales o la falta de sensibilidad de los demás viajeros para cederle el asiento le compliquen los trayectos sino que, además, ahora tiene por delante 16 meses de obras y cortes de la línea R3 y no sabe cómo se moverá.

Su discapacidad "no es visible, salvo los tres meses de verano" en los que enseña las piernas y, por tanto, choca con cierta incomprensión del personal. En este sentido, señala que no le "permiten utilizar la plataforma" para acceder al autobús alternativo que circula para cubrir el trayecto entre la Garriga y Barcelona porque no va en silla de ruedas, aunque tiene dificultades evidentes de movilidad y se acompaña de una muleta para andar. "¿Por qué no ponen un bus en el que pueda viajar todo el mundo?", se pregunta.

Accesibilidad para todos

Uno de los retos de la sociedad es hacer de la accesibilidad un valor universal y no sólo para personas con una discapacidad, subraya el informe de Ecom, que también reclama la necesidad de formar en la sensibilización al personal que trabaja de cara al público para evitar situaciones denigrantes como la que ha relatado Raquel Almarcha, que tiene que utilizar la silla de ruedas por un accidente, y tengo una silla". A través de un vídeo, Almarcha también ha detallado cómo los médicos se dirigen a su acompañante para explicar diagnósticos o tratamientos y no a ella. También se explican las dificultades con las que choca Carmen Lucía para poder abrir los contenedores cuando los pedales están inhabilitados.

El informe también pone el foco en la infradenuncia: de las 352 vulneraciones registradas, sólo 98 terminaron en denuncia oficial. El motivo de esta diferencia se debe sobre todo a la "creencia de que denunciar no va a servir de nada", apuntó Katixa Mujica, una de las coordinadoras del informe. Aunque Ecom quiere romper con esta tendencia, admite también que en el año analizado sólo en dos de los casos denunciados se obtuvo una respuesta. El resto han quedado desatendidos.

Con todo, la entidad ha animado a visibilizar las situaciones de vulneración de derechos para romper silencios y ayudar a que las administraciones tenga constancia. Ecom alerta además de nuevas formas de vulneración, como la soledad no deseada y la violencia sexual, y pide que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías sean herramientas de inclusión y no de discriminación. Con más de 1.300 casos documentados en cinco años, la organización reclama una acción coordinada entre administraciones, entidades sociales y ciudadanía para "borrar barreras y crear oportunidades" para todos.

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