Sociedad 16/05/2022

Propuesta para crear un frente judicial "coordinado" contra la sentencia del 25%

Plataforma per la Llengua pide al TSJC ser parte implicada en el proceso

Júlia Claramunt Pi
3 min

BarcelonaLas entidades en defensa del catalán empiezan a activar una respuesta judicial más o menos coordinada ante la sentencia que obliga a la Generalitat a hacer un 25% de castellano en la escuela. Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua anunciaron la semana pasada –por separado– que intentarán personarse en la causa como parte interesada . Este lunes la ONG del catalán ha animado al resto de asociaciones y sindicatos que quieran actuar en defensa del catalán a personarse en la causa, y han asegurado que propondrán al resto de asociaciones "crear un frente judicial" para "combatir de manera coordinada la interlocutoria".

Según Plataforma per la Llengua, "hay suficientes bases legales sólidas" para considerar que la interlocutoria del TSJC, que da 15 días al conseller de Educación para hacer cumplir el 25%, "no aplica correctamente la sentencia de la que se deriva", ha apuntado el presidente de la entidad, Òscar Escuder, en rueda de prensa. "Hay dos cosas muy chocantes en esta interlocutoria y son todavía más graves que lo que aplica la sentencia, empeora los términos", ha destacado la abogada y directora de la entidad, Rut Carandell. Por un lado, porque "tal como está redactada, permite hasta un 75% de castellano en la escuela"; del otro, porque se da a entender que cualquier familia estaría legitimada a pedir la ejecución de la sentencia por el hecho de traer los hijos a escuela. "La sentencia podría estar ejecutándose eternamente, y representaría una judicialización plena de la vida en las escuelas", ha avisado la presidenta.

Estudiantes encadenados a la delegación del gobierno español.

La entidad cree que esto es contrario a la jurisprudencia no solo del TSJC, sino también de la europea, que dictamina que la competencia de ejecutar las políticas públicas es de la administración, no de los particulares. "La Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, a la cual se ha adherido el Estado, determina que los padres que lo quieran tienen que tener el derecho a que sus hijos tengan una enseñanza inmersiva al 100%. Se lo han cargado en el País Valenciano, y si se ejecuta esta sentencia, también nos lo habremos cargado en Catalunya", ha remarcado Escuder. 

Òscar Escuder y Rut Carandell, portavoces de la Plataforma per la Llengua

Es por eso que Plataforma per la Llengua ha pedido que se le aplique el mismo criterio que ha permitido que la Asamblea por una Escuela Bilingüe haya podido pedir la ejecución de la sentencia. Precisamente este lunes, esta entidad ha enviado un comunicado a todos los centros educativos catalanes para informarlos del contenido de la sentencia y pedir que "implanten de facto el modelo de conjunción lingüística". "Estamos ante una oportunidad que no se tiene que desaprovechar", han dicho, y han señalado el papel "responsable" de la comunidad educativa para conseguir un sistema "diverso y plurilingüe".

Insistencia en retirar la reforma

Plataforma per la Llengua también ha insistido en la necesidad de retirar definitivamente la reforma de la ley de política lingüística. La entidad considera que aprobarla todavía pondría en más peligro el catalán en la escuela y que, además, "no serviría para responder a los requerimientos de la sentencia ni para parar el ataque de los tribunales", además de "regalarles el dominio del relato". De hecho, a pesar de la propuesta de Plataforma per la Llengua de coordinar una estrategia judicial conjunta, lo cierto es que la respuesta institucional a la sentencia del 25% ha dividido los partidos pero también ha tensado las entidades. Plataforma per la Llengua siempre se mostró taxativamente en contra de reformar la ley de política lingüística, mientras que Òmnium veía margen para negociar un consenso.

Estudiantes encadenados contra la sentencia del 25% y la ley de universidades

Cerca de un centenar de estudiantes se han concentrado este lunes por la mañana ante la Delegación del gobierno español en Catalunya para rechazar la sentencia del 25% de castellano a las escuelas y la ley de convivencia universitaria (LCU). Cuatro de los estudiantes se han encadenado ante las puertas de la sede de la Delegación en Barcelona, en una acción promovida por el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes (SEPC) y a la cual se han unido otros jóvenes del movimiento estudiantil. En un manifiesto, los estudiantes han afirmado que el estado español es el "auténtico culpable" de la actual situación del catalán y denuncian que la nueva ley de convivencia universitaria se ha hecho "a medida" para "desarticular" el movimiento estudiantil. La idea es mantener la protesta a lo largo de la mañana.

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