La propuesta de la Síndica de Greuges: votar a los 16 años e instituto obligatorio hasta los 18
La institución plantea revisar las "incongruencias" de las mayorías de edad en función de cada sector, sin tocar la del sistema penal
BarcelonaVotar a partir de los 16 años y, sin embargo, ampliar la escolarización obligatoria hasta los 18, dos años más que actualmente. Son dos de las propuestas que este martes ha planteado la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, para reclamar una revisión de la mayoría de edad para acabar con lo que ha calificado de "incongruencias" a la hora de determinar los derechos y deberes y la capacidad de decisión.
"¿Por qué un adolescente puede empezar a trabajar a los 16 años pero necesita la firma de los progenitores para abrir una cuenta corriente? ¿Por qué se puede decidir dejar un tratamiento médico a los 16 pero no se puede donar sangre hasta los 18?", ha cuestionado la síndica para afirmar que a partir de los 16 años muchos de los jóvenes ya tienen bastante de jóvenes democrática. De esta forma, recomienda que a partir de esta edad los adolescentes puedan abrir una cuenta corriente en solitario, realizar una matrícula escolar sin el acompañamiento de los progenitores y votar.
Capacidad y madurez
La síndica ha incidido en que la barrera de los 18 años es una convención de que, en principio se fijó asumiendo que es la edad en la que ya existe una "capacidad", pese a que como el de "madurez" es un "concepto jurídico indeterminado y difícil de cuantificar", según Giménez-Salinas, porque como cualquier franja de edad, la infancia. "¿Habría que prohibir votar a partir de los 80 porque se supone que ya no se es capaz?, eso sería edadismo", concluyó. Siguiendo el modelo exitoso de Portugal, la institución apuesta por ampliar en dos años la educación obligatoria para poder dar más oportunidades de cara al futuro, y siempre que haya una inversión fuerte en la creación de plazas y una interesante oferta de estudios.
De hecho, en el ámbito sanitario ya se reconoce una mayoría de edad a los 16 años, cuando el adolescente ya puede elegir si quiere iniciar o detener un tratamiento sin el consentimiento paterno o incluso abortar libremente. Pero incluso en este sector hay "un baile de edades" —en palabras de la síndica— porque hasta los 18 años no pueden hacerse donantes de sangre o la atención pediátrica termina a los 15, cuando ya deben visitarse con el médico de cabecera sin necesidad de informar a los progenitores. En este punto, la adjunta de los derechos de los niños de la síndica, Aida Rodríguez, ha reclamado subir la asistencia pediátrica hasta los 17 años para cubrir con el acompañamiento familiar "años de grandes cambios" de los jóvenes.
El debate de las edades no es nuevo, y, por ejemplo, recientemente el gobierno español ha planteado rebajar a los 16 años la edad para conducir, pero Giménez-Salinas, una reconocida penalista de formación, propone que las mayorías de edad sean diferentes en función del ámbito. Así, es una firme partidaria de no tocar la edad penal, ubicada a los 18 años, como una buena herramienta para proteger al menor de edad haciéndole responsable de sus delitos con medidas educativas y evitando así que tenga que cumplir condena en una prisión ordinaria.
Ahora bien, la síndica ha abierto la puerta a revisar la responsabilidad de los menores cuando cometen faltas administrativas, que no penales. La institución recibe quejas de progenitores por el hecho de que la administración pública les hace pagar multas por los actos incívicos de sus hijos y, ante ello, la síndica propone que los ayuntamientos apliquen medidas alternativas en beneficio a la comunidad a aquellas criaturas que circulen en patinete o hagan botellón, por ejemplo, para que así se responsabilicen.
La síndica ha presentado el informe anual sobre la situación de la infancia, en el que, de nuevo, se denuncia la falta de políticas e inversiones económicas de la administración pública para abordar los problemas y retos de este grupo, que tiene una tasa de pobreza 10 puntos mayor que la de los adultos. Desde el Govern se han mostrado dispuestos a poder hablar sobre las propuestas de la síndica. Ahora bien, la consejera de Territorio y portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha recalcado que tanto la medida de ampliar la edad de voto como la de alargar la escolarización obligatoria dependen del Congreso.
