«Queremos que el juicio sea para todos los que han sufrido ‘bullying’»

BarcelonaEn todos los años que hace que es abogado, Jose Manuel Ruiz nunca se había encontrado con un caso de acoso escolar tan grave como el que le ocupa desde 2018. Después de un tiempo insultándole y amenazándole, el 17 de diciembre de aquel año un grupo de alumnos cometieron presuntamente una agresión sexual contra un chico de trece años con síndrome de Asperger en el patio de un centro concertado de Vallirana. El caso, que está a punto de llegar a juicio, pone de manifiesto las enormes dificultades a las que se enfrentan las (pocas) familias que denuncian judicialmente los casos de acoso. “Nuestro objetivo, aparte de hacer justicia para nuestro hijo, es que el juicio sea también el de todos los chicos que han sufrido bullying y agresiones en la escuela”, afirma al ARA Pilar Juan, la madre del chico.

La familia avisó al centro de que su hijo sufría acoso escolar hacia noviembre de 2018 y la dirección lo puso en manos de la inspección, que hizo abrir el protocolo correspondiente. Pero hacia medios de diciembre un grupo de chicos algo más mayores -la víctima dijo que eran unos once- lo llevaron a una zona apartada del patio y le agredieron sexualmente, según denunció la familia a los Mossos d'Esquadra. “Los informes psicológicos que hicieron desde Medidas Penales Alternativas de la Generalitat y los informes forenses dicen que mi hijo no tiene capacidad de fabulación y que relata los hechos tal como han pasado”, asegura Juan, que insiste que su hijo “no tiene capacidad de mentir”.

El abogado es consciente que es una prueba de gran valor para el juicio, quizás la única, porque el chico tardó un tiempo en explicar qué había pasado. “La sudadera que llevaba y donde supuestamente había manchas de semen se había lavado dos veces. Cuando los padres se enteraron de los hechos, ya era imposible encontrar más pruebas”, explica.

Semanas para requisar móviles

Cuando recibieron la denuncia, los Mossos d'Esquadra se presentaron en el centro el 15 de enero de 2019, casi un mes después de los hechos, y citaron en el despacho de dirección a los once alumnos presuntamente implicados. La familia, que acabó sacando a su hijo de la escuela, lamenta que se tardara muchas semanas en requisar los móviles de los menores. “Sabemos que llegó a correr algún vídeo, pero no lo pudimos localizar porque todo estaba borrado”, asegura el abogado. Incluso uno de los menores se negó a entregar el teléfono y no se le requisó hasta cuatro meses después de los hechos. Tampoco encontraron nada.

Finalmente, la instrucción del caso se ha acabado y ahora las partes (Fiscalía y defensa) pueden hacer las acusaciones que consideren. El bullying , como tal, no forma parte del Código Penal, pero un único acto de acoso escolar sí que puede ser constitutivo de algunos delitos, como trato degradante, lesiones, amenazas, injurias o agresión. En este caso, se sumaría la agresión sexual. Después, el juzgado de menores señalará la fecha del juicio, que se prevé hacia septiembre. Se juzgarán cuatro alumnos, pero el letrado hace constar que “hay siete menores que se han descartado a pesar de que estaban presentes en el momento de la agresión y que tendrían que haber sido juzgados como cooperadores o bien por omisión del deber de socorro”.

El colegio tampoco será juzgado, a pesar de que el chico aseguró que había docentes que sabían qué pasaba y que le amenazaron para que no explicara qué había pasado. “Entendemos que la escuela tiene parte de responsabilidad, pero la Fiscalía no ha ampliado la acusación y solo podrá tener responsabilidad civil subsidiaria”, lamenta Ruiz.

Tres años después de los hechos, todo quedará en manos de si “el juez cree a la víctima”, porque será básicamente la palabra del chico contra la de los imputados, que lo niegan todo, incluso que le hicieran bullying . Mientras tanto, el Síndic de Greuges ha pedido a Educación más información del caso. La escuela siempre ha defendido que activó los protocolos antibullying cuando tuvo conocimiento de ellos. La ley de educación da a los directores de los centros la responsabilidad de gestionar “las acciones violentas que se puedan producir entre los alumnos”.