Sociedad 03/01/2021

Una respuesta urgente a los estragos sociales derivados de la pandemia

Elena Freixa
2 min
El magatzem del Banc dels aliments amb voluntaris treballant

LA LLEGADA DE LAS vacunas contra el covid-19 es la esperanza para afrontar el 2021 con otro estado de ánimo. Pero esta esperanza en el año que empieza no es igual para todo el mundo. La crisis sanitaria ha desencadenado otra muy grave: la social. Se ha disparado el número de personas que tienen que recurrir a las entidades para recibir alimentos y otros bienes básicos. La pandemia ha obligado a actuar con urgencia en problemas estructurales como las infraviviendas, la pobreza infantil y la atención en barrios de rentas bajas, donde los trabajadores han estado más expuestos al virus por los trabajos precarios que no podían dejar y que no permitían el teletrabajo. A esto se le añade la realidad de los que se han quedado sin trabajo y sin ingresos, mientras ayudas como el ingreso mínimo vital o la renta garantizada han sufrido el colapso y llegan con cuentagotas. De acuerdo con el decreto reciente del Estado, los próximos meses tendrán que pararse los desahucios, un respiro después de meses en los que miles de ciudadanos se han visto en la calle en plena pandemia. 2021 será el año de afrontar el alcance real de la emergencia social: el año empieza con un paro del 13% y con incertidumbre laboral para más de 196.300 trabajadores en ERTO, pendientes de una nueva prórroga.

LA LIMITACIÓN DEL precio de los alquileres en Catalunya se aprobó en septiembre, no sin dificultades entre los mismos socios del Govern. La ley catalana, además, tiene encima la amenaza del Estado por invasión de competencias. 2021 empieza con negociaciones abiertas, incertidumbre sobre el futuro de la normativa catalana y la promesa del gobierno de Sánchez de presentar su propia ley de vivienda, que regulará los precios de los alquileres en toda España.

LA LEY CELAÁ ha salido adelante en medio de un agrio debate en el Congreso y protestas en la calle que anticipan los problemas que veremos en 2021 para que la nueva ley de educación se aplique en los centros. Las críticas de sectores diversos han llovido por la eliminación del castellano como lengua vehicular (partidos como el PP, Cs y Vox las han liderado) y la situación de la escuela concertada, que se ha movilizado para rechazarla.

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