Catalunya evita la mano dura en la aplicación del certificado covid

Barcelona¿Quá pasa si alguien consume dentro de un bar pero no tiene el certificado covid? ¿O si ha utilizado el certificado de otra persona? Desde el viernes las dos acciones son sancionables, pero no se ha hecho público que en los primeros días se hayan puesto multas por incumplir la aplicación del certificado covid en la restauración. Hasta ahora Catalunya ha evitado la mano dura en esta medida porque, a pesar de que ya hace dos meses que es obligatorio presentar el certificado para entrar en las discotecas, no constan sanciones en el ocio nocturno. De hecho, las patronales de los sectores afectados confían que el Govern no sea estricto en el control del certificado covid porque apuntan que la normativa es ambigua y que han acordado que sea flexible para facilitar su aplicación.

La posición de Catalunya contrasta con las imágenes que se han visto este fin de semana en el País Valenciano, donde en los primeros días de la obligación de presentar el certificado covid la Policía Nacional desplegó un operativo con agentes antidisturbios en 18 discotecas. Según el balance del dispositivo, se pusieron 49 denuncias por incumplir la aplicación del certificado covid, a pesar de que la gran mayoría –264– fueron por no llevar mascarilla. Este control policial que se montó ha hecho enfadar a los empresarios del ocio nocturno valenciano, que han comparado el operativo con “batidas del franquismo”. En el País Vasco, el gobierno ha anunciado que sancionará a los locales de restauración y las discotecas que no pidan el certificado.

En cambio, en Catalunya no se ha exhibido tanta contundencia. Cuando el consellero de Salud, Josep Maria Argimon, compareció para decir que finalmente el certificado covid entraría en vigor en bares, restaurantes, gimnasios y residencias el pasado viernes –después del fiasco previo por el colapso de La Meva Salut–, apeló a la población: “Es un elemento de responsabilidad, no de ser más o menos sancionadores”, consideró. Argimon se amparó en la responsabilidad “social” porque argumentó que no le gustaba “el concepto de vigilar” ni quería que los trabajadores hicieran “de policía”. Aun así, recordó que hay un régimen para multar y que en momentos anteriores “ha habido sanciones”.

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Consultados por el ARA , los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona aseguran que no tienen cifras de cuántas denuncias se han puesto –si se han llegado a tramitar– en las discotecas por incumplir la aplicación del certificado covid : desde principios de octubre, cuando reabrieron, los locales están obligados a exigirlo. Dicen que los agentes –en el caso de los Mossos corresponde a la unidad de policía administrativa– pueden levantar un acta si detectan una infracción, a pesar de que de momento no se ha anunciado un dispositivo específico para controlar cómo se pide el certificado en el ocio nocturno ni en los otros establecimientos donde es obligatorio desde el viernes.

Vacíos legales si se tiene que multar

La normativa tampoco es clara. El secretario general de la patronal Fecasarm, Joaquim Boadas, avisa que la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) pide “comprobar” el certificado covid sin mencionar la herramienta verificacovid.gencat.cat, que es la web que ha montado el Govern para escanear el código QR de cada certificado y ver su autenticidad. Argimon también dijo que si no se tenía conexión a internet se podía optar por “una inspección ocular”. El DOGC tampoco menciona que sea necesario comparar el certificado covid con un documento de identidad. Por eso Boadas se queja de que la resolución “induce a la confusión”. De hecho, plantea: “¿Cómo se puede sancionar si no lo pone en el DOGC?”

Contrabando de certificados covid falsificados por 150 euros

El director del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, asegura que han pactado con el Govern que no haga falta un encargado para comprobar el certificado a la entrada de sus locales, a pesar de que la normativa lo exige. Todo ello hace que los diversos sectores hayan advertido a los establecimientos que si reciben una inspección de la policía y los denuncian, estudien presentar un recurso porque –según la sanción– la multa podría dejar de tener recorrido.