Tribunales

La jueza prosigue con el proceso de eutanasia del pistolero de Tarragona encarcelado

Entiende “la desazón” de las víctimas pero defiende que el derecho a la integridad “tiene prioridad”

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Efectivos del SEM atendiendo los heridos del tiroteo en una empresa de seguridad de Tarragona

BarcelonaEl debate sobre la petición de eutanasia del exvigilante de seguridad que en diciembre disparó contra tres excompañeros de trabajo en las oficinas de Securitas de Tarragona y que después se atrincheró armado en una masía de Riudoms, donde mantuvo un intercambio de disparos con los Mossos, con dos agentes heridos, ya tiene respuesta. La jueza de instrucción que investiga al pistolero, encarcelado en la Unidad Hospitalaria Penitenciaria de Terrassa (UHPT), prosigue con el proceso de eutanasia después de que el sindicato de los Mossos USPAC, que representa a los agentes heridos, pidiera pararlo. Es un caso sin precedentes en que la magistrada Sònia Zapater, titular del juzgado de instrucción número 5 de Tarragona, ha rechazado la solicitud del sindicato, a pesar de que su decisión se puede recurrir.

La juez, en su interlocutoria, asegura que entiende “la desazón” de las víctimas, pero defiende que el derecho a la integridad física y moral “tiene prioridad” por su “proximidad al núcleo del derecho a la vida”. No consta que en el primer año de aplicación de la ley de eutanasia se haya producido ninguna situación similar y la magistrada explica que “no existe ninguna previsión legal que permita que un juez pueda interferir” en este proceso. Dice que los únicos recursos pueden ser contra las decisiones médicas y que no son de su competencia. Tampoco comparte el argumento de que no se garantiza la asistencia del pistolero, que está encarcelado preventivamente, en el juicio porque su falta de presencia “no vendría frustrada por la fuga sino por su muerte”.

“Podría decirse que se produce una colisión de derechos fundamentales”, considera la juez, que enumera los derechos a la integridad, a la dignidad, a la libertad y a la autonomía personal en contraposición al derecho a la tutela judicial efectiva para el juicio. Pero añade que, para haber “conflicto, tendría que tratarse de derechos ponderables, que no es el caso”. La magistrada ve “evidente” que el primer derecho que menciona tiene que pasar por delante y que la valoración no puede depender de “la trayectoria vital de quien lo ostenta”. El hombre ha pedido la eutanasia por una lesión medular grave irreversible causada por los disparos que recibió durante la intervención de los Mossos. La lesión le afecta la movilidad y le provoca sufrimiento.

Otras razones de “frustración”

“Existen múltiples causas que pueden comportar una frustración, como pueden ser la declaración de nulidad de una prueba imprescindible, la prescripción de los hechos o la muerte del investigado, incluso si es voluntaria como en este caso”, justifica la juez, que dice que el proceso tiene que cumplir las normas y las garantías “hasta ahí donde sea racionalmente admisible”. La magistrada “comprende” que las víctimas “puedan ver dificultad en su proceso de resarcimiento, pero esto podría darse por otras causas sin que, para evitarlo, el juez pueda adoptar ninguna medida”. Piensa que las víctimas “pueden obtener parcialmente el resarcimiento por otras vías, aunque no obviamente en los términos deseables, de forma que no se rompería del todo su derecho”. No lo menciona, pero sería buscar una compensación por la vía civil si la penal se archiva por la muerte del pistolero con la eutanasia.

La jueza también cuestiona que no se argumenta cuál es “la pretensión de resarcimiento” con la petición de detener el proceso de eutanasia. Cree que “está claro” que solo sería con el cumplimiento íntegro de la condena y el pago de la indemnización, “y no solo con la celebración del juicio y el correspondiente dictado de la sentencia”. La magistrada recuerda que este cumplimiento podría tardar años y que tampoco se garantiza el pago, y concluye que no es “admisible someter el proceso de eutanasia del investigado a una demora de 10, 15 o más años”. Tampoco acepta entregar la información de la Comisión de Garantía y Evaluación del proceso de eutanasia, que está tramitando la solicitud del pistolero y tiene que evaluar si cumplen los requisitos para recibirla.

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