El Supremo cuestiona que pueda resolver sobre las restricciones anticovid en solo cinco días

BarcelonaEl Tribunal Supremo no está seguro de que vaya a ser él el órgano competente para decidir sobre las restricciones a los derechos fundamentales que las comunidades autónomas aprueben a partir del domingo, cuando ya no esté vigente el estado de alarma. El gabinete técnico ha analizado el decreto ley que el gobierno español ha aprobado esta semana sobre cuál es la vía legal para amparar medidas autonómicas como el toque de queda o las limitaciones de movimiento que da al alto tribunal la última palabra y, en "una primera nota de urgencia" que se ha filtrado este jueves, plantea problemas procesales y de constitucionalidad porque obliga a los magistrados a dirimir sobre cuestiones políticas.

Más allá de dudas técnicas, el informe también cuestiona que se pueda cumplir el plazo máximo de cinco días que el ejecutivo da a los magistrados de la sala tercera para resolver los recursos en casación porque, apunta el texto, llegarán todos a la vez y producirán un tapón que hará inviable la rapidez en la respuesta. No obstante la claridad del texto, en un posterior mensaje distribuido a través del departamento de prensa del TS, el presidente de la sala tercera ha matizado que se trata de un informe "no vinculante, provisional e informal" y que en ningún caso es el avance de la decisión final.

Con anterioridad a la publicación del dictamen, la portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, ha defendido que sea el Supremo el árbitro si hay disputa entre las comunidades y sus tribunales territoriales para garantizar "una cierta homogeneidad de doctrina" y, refiriéndose al rechazo que ya está mostrando la Fiscalía sobre estas restricciones de libertades, ha valorado que es una muestra de que existen "todas las cautelas" para preservar derechos fundamentales.

Pero el texto de los magistrados niega la mayor y, en este dictamen de urgencia, matiza que será difícil que "fije doctrina" sobre las restricciones porque admite que se puede rechazar la admisión en caso de defectos de forma o que los recursos tengan poca entidad para la casación y, en este sentido, critica que se haya optado por prescindir del recurso ante los TSJ o la Audiencia Nacional, que harían una primera elección. Igualmente, expresa dudas sobre la posibilidad real de poder cumplir con los plazos establecidos por el decreto ley, que son más cortos que los habituales, y deberá resolver el Supremo en unos ocho días, sumando los tres de traslado a las partes para que aleguen y los cinco posteriores para el dictamen final.

Además, el dictamen entra a cuestionar si la fórmula del decreto ley elegida por el ejecutivo tiene suficiente "rango" para regular una "cuestión como esta, que incide en derechos fundamentales".