De víctimas de las mafias a víctimas de la justicia
BarcelonaLos Mossos d'Esquadra localizaron el lunes a veinte de las aproximadamente cien víctimas que calculan que explotaba sexualmente la mafia nigeriana Supreme Eiye en Barcelona. Las identificaron y les tomaron declaración, y ahora tienen que elegir: hablar y denunciar a sus captores, o callar, arriesgarse a un proceso de expulsión y seguir prostituyéndose para pagar la deuda que les reclama la mafia por haberlas llevado al Estado. La elección parece fácil, pero no lo es, y muy pocas escogen hablar; esto las deja sin la posibilidad de pagar la deuda ni de garantizar la protección de sus familias en Nigeria.
En la operación Moai, en 2012, los Mossos d'Esquadra ya dieron un importante golpe a la sección catalana de Supreme Eiye, y localizaron a una veintena de víctimas. El caso llegó a juicio la semana pasada y ayer tenían que declarar las que habían accedido a hablar con la policía: cinco mujeres. De una veintena, cinco habían firmado declaraciones a los Mossos explicando cómo las habían engañado para llevarlas a Barcelona y cómo las habían forzado a prostituirse. Y de las cinco que habían accedido a hablar, a cuatro no las habían podido localizar para el juicio, admitió el presidente del tribunal. La otra, el testigo principal del caso, está en el extranjero e intentarán que declare por videoconferencia. De veinte, una podría acabar declarando. De las otras tan solo constan las declaraciones escritas como prueba preconstituida.
¿Por qué pasa esto? Pues en buena parte porque el sistema judicial vuelve a victimizar a las víctimas, según fuentes de una ONG especializada en atender a mujeres explotadas en casos como este. De entrada, como son extranjeras en situación irregular, se les abre un expediente que podría acabar implicando su expulsión. Lo pueden parar si hablan, y tienen un tiempo para pensárselo, un periodo de reflexión para que decidan qué quieren hacer. Si hablan, como hicieron las cinco del caso de 2012, se convertirán en testigos protegidos. Pero no las enviarán a una casa nueva con un trabajo nuevo como en las películas norteamericanas. “En Catalunya tenemos transferidas las competencias de justicia pero no se ha desplegado la ley en cuanto a los testigos protegidos, no hay recursos y las tenemos que atender las entidades”, explica la miembro de la ONG dedicada a atenderlas.
Además, según la legislación, los testigos protegidos lo son una temporada y basta. Cuando el caso llega a juicio los abogados de los acusados tienen derecho a saber quién los acusa, y pierden la protección: los acusados pueden saber sus nombres. Y si por miedo a represalias, o para rehacer su vida, se han marchado de Catalunya, tendrán que avanzar el dinero del viaje para declarar en el juicio. El Govern se lo devolverá, pero primero lo tienen que pagar ellas, las mismas personas que a menudo cruzaron el estrecho de Gibraltar en patera la primera vez que llegaron.
A todo esto hay que añadir las amenazas de la mafia que las sometía, que les sigue reclamando miles de euros por haberlas llevado a Barcelona en condiciones infrahumanas y que las persigue para que no declaren. La familia de la testigo principal del caso de 2012 recibió la visita de un grupo de motoristas que la amenazó con vudú, cortarle el cuello y descuartizarla, según declaró. Los Mossos han desarticulado la mafia en Barcelona, pero no lo pueden hacer en Nigeria ni en el resto del mundo.
