¿Qué puede esconder el archivo del caso de la menor forzada a casarse en Mollerussa?

BarcelonaLa decisión de un juez de Navarra de archivar el caso por la supuesta venta de una niña de 14 años por forzarla a casarse con un hombre de Mollerussa de 21 años ha causado sorpresa entre las entidades que trabajan para la protección de la infancia. Advierten que los matrimonios de menores de edad son una práctica más habitual de lo que podría parecer a primera vista, pero que a menudo se queda entre las cuatro paredes de una casa, dejando a la criatura totalmente desprotegida. Las víctimas se ven muchas veces entre la disyuntiva de denunciar a los padres y hacer la suya o aceptar el orden para evitar más problemas.

En los 11 años que hace que la entidad Valentes y Acompanyades abrió han atendido unas 500 jóvenes que han sido víctimas del matrimonio forzado o quieren separarse del marido asignado y no las dejan. Para la directora de la entidad, Carme Vinyoles, ésta cifra es sólo la punta del iceberg, ya que afirma que hay muchos más casos "ocultos" que dejan a las menores y las jóvenes afectadas desprotegidas, aisladas y sin capacidad de poder decidir su propia vida. También Ona Lorda, la responsable de políticas de infancia de Save the Children, señala las dificultades que existen para "identificar y detectar" estas prácticas porque no hay circuitos específicos ni personal formado. "Los matrimonios forzados son un tabú, un tipo de violencia machista difícil de detectar", indica.

En el caso de la menor de Navarra, el juez de guardia justificó el archivo de la causa al dar plena validez a la declaración de la niña, que aseguró que se encontraba en Les Borges Blanques con una familia que no era la suya por voluntad propia y no porque sus padres la hubieran vendido por 5.000 euros. la Policía Foral de Navarra. La decisión judicial también ha supuesto la exculpación penal de los dos progenitores de la menor, del supuesto marido y de sus padres, que han quedado en libertad, mientras que la menor ha abandonado el centro de acogida de Almacelles donde ingresó y regresó al domicilio familiar navarro.

Sin entrar en detalles de este caso, Vinyoles señala el "dilema" con el que las víctimas de los matrimonios forzados deben convivir: "Enfrentarse, decir no a la familia o acatar", indica el activista. En las uniones a la fuerza no se tiene en cuenta el consentimiento de la mujer (la mayoría de las víctimas son mujeres), que pasa de estar sometida a la tutela familiar a la de un marido. Sin embargo, en la mayoría de los casos cuando se trata de menores de edad las familias suelen acordar aplazar el momento de la convivencia "hasta los 16 o 18 años" para no levantar sospechas y ser perseguidos, indica la directora de Valentes y Acompanyades. Desde 2015, en España la edad mínima para casarse son los 16 años, con dispensa de los progenitores, y en la misma reforma legislativa también subió de los 14 a los 16 años la edad para mantener relaciones sexuales consentidas.

Coaccionadas por el miedo

En la operación, más que el consentimiento interviene la "coacción" hacia la mujer, que siente "el miedo, la angustia, la inseguridad por qué le pasará a la familia oa su propia seguridad" si se opone, continúa Vinyoles, que subraya la soledad de estas mujeres, ya que negarse supone ir en contra de los padres, tíos aman".

Para las que se resisten a seguir las órdenes paternas y toman la decisión de huir, les espera la incomprensión de la comunidad o la familia, aunque, según Vinyoles, con las madres a menudo se consigue reanudar la relación e, incluso, éstas toman conciencia de la imposición que fue el. "Hay madres que han admirado a sus hijas y salen de la presión de grupo", afirma el activista. Para Lorda, "la práctica cultural" de los matrimonios forzados "no se puede tolerar" y reitera la necesidad de tener claro que es una forma más de la violencia machista, como lo es la sexual, la física o la psicológica, y que deben ponerse sobre la mesa más herramientas para combatirla con una "perspectiva de género".

El caso arranca en Navarra, pero fueron los Mossos d'Esquadra los que detectaron a la menor mendigando ante un supermercado de Les Borges Blanques y fueron los que la condujeron al centro de acogida. Fuentes del cuerpo recuerdan que sus investigaciones están siempre tuteladas por un juez y, cuando la autoridad judicial archiva una causa, aunque sea provisionalmente, terminan sus pesquisas si no hay ninguna pendiente. En la misma línea, apuntan que desde el Grupo de Atención a la Víctima (GAV) realizan seguimiento de personas en riesgo aunque no hayan denunciado o hayan dado un paso atrás tras presentar una denuncia. En el caso de menores, también pueden derivar sus situaciones a los servicios sociales para que realicen un seguimiento.

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