Inquilinos de 40 fincas irán a los tribunales para reclamar honorarios que les han cobrado irregularmente
Decenas de inquilinos de una misma propiedad reclaman el cumplimiento de un acuerdo que firmaron con Rentaz y la propiedad de forma confidencial
BarcelonaDecenas de inquilinos de más de 40 fincas de Barcelona han vuelto a sumar fuerzas y denuncian que la inmobiliaria Rentaz incumple el acuerdo alcanzado después de hacer pública una "estafa generalizada" con los honorarios que los habían cobrado de forma presuntamente irregular. En un nuevo capítulo de un caso que se hizo público en marzo, en el que los propios inquilinos reclamaron a la inmobiliaria que les devolviera estos honorarios, los inquilinos han decidido ahora llevarlo a los tribunales. Según explican, la protesta de marzo derivó en un pacto entre las partes implicadas. Se marcaba un plazo para que les devolviera el dinero y se establecía una cláusula de confidencialidad que hizo que el acuerdo no se hiciera público. Ocho meses después, los vecinos han decidido romper esa confidencialidad para denunciar que Rentaz, aseguran, sigue sin devolverles el dinero. Este sábado han decidido en una asamblea exigir el cumplimiento del acuerdo a los tribunales.
Los conflictos con la inmobiliaria empezaron hace años, cuando ciudadanos como Júlia Martínez y Patrícia Mestres alquilaron su piso. "Me dijeron que el propietario era una persona física, pero cuando hube firmado el contrato, vi que era persona jurídica", explica Martínez. Esa es la diferencia, que las testigos explican que se les escondió deliberadamente, que ha llevado el caso hasta dónde está ahora: la ley establece que si la propiedad es una empresa (una persona jurídica) los honorarios de la inmobiliaria los debe pagar al arrendador y no el inquilino.
No fue hasta febrero cuando los vecinos se organizaron y descubrieron que la inmobiliaria era la gestora de la familia Monleón Pagès que, según el Sindicat de Llogateres, tiene más de 40 fincas en Barcelona. Dicen que cobrar los honorarios ha sido "una práctica generalizada" en las propiedades de esta familia.
Los términos del acuerdo
Tras una primera campaña de movilizaciones llevada a cabo en marzo, en la que entregaron más de 200 firmas a la inmobiliaria reclamando el reingreso de los honorarios, se iniciaron negociaciones con la propiedad y llegaron a un acuerdo extrajudicial en julio. En este acuerdo, según el sindicato, la propiedad se comprometía a devolver los honorarios cobrados (que rondan los 1.500 euros por inquilino) en un plazo determinado, las partes renunciaban a llevar el conflicto por la vía judicial y se comprometían a mantener la confidencialidad. Ahora ese plazo ya habría vencido. Además, el sindicato denuncia que un 86% de los acuerdos que incluía el pacto no se han cumplido, por lo que ya no se sienten vinculados.
El acuerdo también comportaba fijar un precio máximo de los honorarios para los cambios de nombre, ya que la ley no fija ninguno; realizar un correcto mantenimiento del edificio y prestar el servicio de limpieza que los inquilinos pagan –y denuncian que no siempre se cumple–. Además, la propiedad se comprometía a abonar 50.000 euros al sindicato en concepto de comisión de negociación, que ya se han cobrado y depositado en una caja de resistencia. De ahí que, sin embargo, la portavoz del sindicato, Carme Arcarazo, valore que se haya reconocido "la capacidad negociadora" del sindicalismo en el marco de la vivienda.
Denuncian que los incumplimientos van desde no abonar los honorarios hasta no mantener las viviendas. "A mí sólo me arreglaron el techo porque se fijó fecha para el juicio verbal", explica Mestres, quien demandó la propiedad antes de afiliarse al sindicato. Reconoce que se lo taparon y pintaron, pero no arreglaron el problema de fondo, dice, y asegura que todavía tiene humedades, como sus vecinos.
Los inquilinos están dispuestos a continuar con las movilizaciones para cobrar los honorarios, que se abonan a la inmobiliaria por el servicio que ofrece de intermediario y normalmente se calcula a partir del 10% del alquiler de todo un año. Es decir, que en Barcelona se aproximan a 1.500 euros. Por eso, desde el sindicato valoran que acumulando honorarios y los intereses de demora desde que ha caducado el plazo, el Caso Rentaz supera la cifra de los 200.000 euros.
Este diario se ha puesto en contacto con Rentaz este sábado para contrastar las quejas de los inquilinos, pero no ha recibido ninguna respuesta, como ocurrió en marzo cuando se hizo público el caso.
