Caldes de Montbui inicia el melón del expolio y reclama 47.615 euros al Estado
El alcalde de la población vallesana viaja hasta Madrid para interponer una demanda en el ministerio de Política Territorial y Memoria
BarcelonaLas víctimas de la dictadura han llamado muchas veces, sin éxito, a las puertas de la justicia española. En la cuestión del expolio lo intentó Sant Julià de Ramis en el 2019. El consistorio del Gironès reclamó 9.786 pesetas republicanas de la época, que equivaldrían a 136.123,26 euros. Después de que el consejo de ministros denegara la petición, San Julián de Ramis interpuso, sin éxito, un contencioso ante el Tribunal Supremo. Con la ley de memoria democrática, aprobada en el 2022, el Ayuntamiento de Caldes de Montbui tiene la esperanza de salir adelante con una nueva reivindicación. No será fácil, porque el gobierno español se comprometió a documentar el expolio pero la legislación no especifica cómo se puede resarcir a los damnificados.
El alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda y Moncusí (ERC-AM), viajará a Madrid el miércoles 10 de diciembre para presentar una demanda administrativa ante el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. "Con la nueva ley tenemos una brizna de esperanza y queremos hacer justicia por respeto a las víctimas del franquismo", afirma Pineda. "Sabemos cómo empezaremos, pero no cómo acabaremos", añade el alcalde, que no descarta, si el ministerio se niega a hacer nada, a acudir a la Audiencia Nacional ya los tribunales europeos.
El consistorio vallesano dio un primer paso hace más de cuatro años cuando sacó adelante una moción para realizar un estudio sobre las víctimas del expolio que se encargó a la historiadora Neus Morán. En marzo de 2023 se hizo pública toda la documentación y los datos que encontró a Morán en las instituciones, entidades y negocios, y se abrió una oficina para atender a las víctimas en el Museo Thermalia de Caldes de Montbui.
Más de 183 sumarísimos en un pueblo de 4.000 habitantes
El expolio no fue algo menor en Caldes de Montbui. En enero de 1939, cuando las tropas franquistas, con soldados italianos y marroquíes, entraron, este municipio tenía algo más de 4.000 habitantes. Por ser un pueblo pequeño, la represión fue bastante dura: se abrieron 183 juicios sumarísimos y 53 personas fueron encausadas por responsabilidades políticas. Algunos perdieron todo el patrimonio y otros vieron cómo el suyo se ampliaba. Con el tiempo, el ministro de Hacienda franquista concentró toda la gestión de los bienes incautados, entre ellos el dinero de entidades que en ese momento eran municipales: el Sindicato Agrícola y Caja Rural, el Comedor Popular Infantil, el Comité de Milicias de Caldes de Montbui y la Sección Administrativa de la Propio. Morán ha podido documentar el dinero que tenían en su saldo las cuatro entidades cuando se las quedó el estado franquista. La intención era reclamar el saldo de todas ellas, pero finalmente en la demanda no se ha podido incluir al conde corriente del Sindicato Agrícola, porque ya en democracia, en 1997, el Ayuntamiento cedió el dinero al Sindicato en la Cámara Agraria de Barcelona. En total, se reclamarán 28.925,70 pesetas (el equivalente a 47.615 euros actuales), que el alcalde quiere dedicar a políticas de memoria.
El artículo 31 de la ley de memoria reconoce el derecho al resarcimiento de las víctimas a quienes se les han decomisado bienes o se les ha sancionado económicamente por razones políticas, ideológicas, de conciencia o de creencia religiosa durante la Guerra Civil, pero no dice la fórmula de resarcimiento. "Aun así, en el momento en que se declara la nulidad de los expolios, el mismo ordenamiento jurídico establece que debe reponerse a la víctima a su situación anterior. Por tanto, tiene derecho a un resarcimiento", dice Daniel Vallès, profesor de derecho público y ciencias histórico-jurídicas de la UAB, que ha redactado la demanda.
Por otra parte, recuerda Vallès, existe un precedente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que puede ayudar en este caso. En el 2012 la familia de Mariano Ruiz-Funes García, que fue ministro y embajador de la Segunda República, interpuso una demanda para recuperar todos los bienes que le habían incautado cuando ganó Franco. Entre estos bienes había dos casas en Murcia, una finca rural, diferentes bienes muebles y todo el dinero que había tenido que pagar la familia como multa por apoyar al gobierno legítimo de la Segunda República. La demanda fue desestimada, tanto por la justicia española como por la europea, pero en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se especifica que podría haber derecho a un resarcimiento en caso de un cambio de legislación.
En concreto, la sentencia argumenta que la ley de memoria de 2007 no anula las decisiones judiciales que se tomaron durante la Guerra Civil y la dictadura, pero si hubiera un cambio de legislación y, por tanto, se generara un nuevo derecho (como ha ocurrido con la nueva ley de memoria democrática de 2022), habría nuevos argumentos restitución.
