Por qué es imposible acceder a los nombres de los torturadores franquistas?

BarcelonaHace unos días el diario alemán Die Zeit ponía al alcance de sus lectores un buscador en línea que permite encontrar en cuestión de segundos si hay algún nazi en la familia. En el estado español se está muy lejos de poder hacer algo semejante. Desde hace años, diferentes investigadores, historiadores y familiares de víctimas del franquismo han hecho instancias y denuncias porque el ministerio del Interior se ha convertido en un muro insalvable para acceder a la documentación. Algunos, incluso, han tirado la toalla y han tenido que dejar de lado la tesis doctoral.

El Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI) es uno de los más valiosos para el estudio de la dictadura. A pesar de que su norma reguladora establece que no debería conservar documentación de más de treinta años, el ministerio continúa custodiando grandes volúmenes documentales del ministerio de la Gobernación, su antecesor franquista. Tampoco es que haya transferido grandes volúmenes de información, sino que lo ha hecho a cuentagotas. "Según la ley de patrimonio de 1985 debería hacer transferencias periódicas al Archivo General de la Administración (AGA) y a los archivos históricos provinciales, pero no lo hace", explica Mario Lozano, investigador postdoctoral de la Universidad de Barcelona (UB), que estudia el nombramiento de alcaldes y concejales durante el régimen franquista y la trayectoria que siguieron cuando llegó la democracia. "Conocer tan solo qué tipo de documentación conserva el ministerio del Interior sobre esto es imposible y hemos tenido que hacer la investigación a través de los archivos provinciales y de diputaciones, lo que se traduce en hacer peticiones a casi cien archivos", asegura Lozano.

Este miércoles se entregará una carta abierta dirigida al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska –con el apoyo de medio millar de profesores e investigadores tanto españoles como extranjeros y la Asociación de Historia Contemporánea española–, donde se reclaman medidas urgentes para garantizar el acceso a la documentación. De hecho, Interior ya ha pedido reunirse con los investigadores, pero estos han pedido la presencia del secretario general técnico, Juan Antonio Puigserver Martínez, y la publicación de la base de datos con las solicitudes de acceso a la documentación.

El profesor de historia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Pau Casanellas hizo un primer intento de acceder a documentación para su tesis sobre la represión contra organizaciones armadas en 2008. "Era prácticamente imposible. Finalmente, desistí", explica. Terminó publicando el libro Morir matando. El franquismo ante la práctica armada, 1968-1977 (Catarata, 2014) utilizando vías alternativas, como los archivos de los gobiernos civiles. Hace un par de años, comenzó a trabajar para un libro sobre el sistema de represión y control social desde los años cincuenta hasta el final del franquismo. Para ello, inició los trámites oficiales para acceder al Archivo General del Ministerio del Interior. Hizo la petición en febrero de 2023 y le respondieron en enero de 2024: “Me denegaron el acceso a todo lo que había pedido”, dice Casanellas. Los argumentos se basaban en la legislación sobre patrimonio documental y plazos de consulta. Según la ley, deben transcurrir 25 años desde la muerte de la persona y, en caso de desconocerse, 50 años desde la fecha del documento. “Apelaban a límites de 50 años desde la fecha de los documentos, pero en mi caso la cronología no quedaba afectada”, asegura. También denuncia la falta de organización. "Me decían que alguna documentación no estaba allí o no estaba descrita", explica Casanellas, que terminó encontrando la información que buscaba, las normas de funcionamiento del servicio de información de la Guardia Civil, en librerías de segunda mano.

Los obstáculos de los familiares

Lo que custodia el ministerio del Interior no es un fondo cualquiera. Su antecesor, el ministerio de la Gobernación, fue un actor clave en el control político y represivo de la dictadura, ya que concentraba las competencias sobre policía, administración penitenciaria, control de asociaciones y vigilancia de la disidencia política. Desde allí se controlaba la red de gobernadores civiles encargada de aplicar las políticas del régimen en el territorio. Además, el AGMI también gestiona documentación histórica proveniente de prisiones, fundamental para investigaciones sobre personas represaliadas y población reclusa durante el siglo XX.

Paloma Calopa buscaba información sobre su tía, Joaquina Rodríguez del Amo, que fue enfermera en Madrid y fue fusilada en el cementerio de la Almudena el 27 de junio de 1940. "Desconocía completamente cómo funcionaban los archivos, y me dirigí personalmente a la sede del ministerio del Interior, con la voluntad de tramitar la solicitud de manera presencial. Una vez allí, expuse mi caso y se me informó que esta opción no era posible y tuve que rellenar un formulario. Me dijeron que me enviarían la documentación, que no me llegó a casa hasta un año y medio más tarde", explica Calopa.

"La sorpresa fue mayúscula al comprobar que los documentos contenían numerosos fragmentos censurados. En concreto, se habían borrado o ocultado una docena de nombres propios, aunque de manera irregular, ya que algunos nombres sí que aparecen. Hay que tener presente que estos documentos datan de los años 1939 y 1940, es decir, tienen más de ocho décadas de antigüedad. Desde mi punto de vista, se trata de materiales que, por su naturaleza y antigüedad, deberían ser plenamente accesibles y no deberían estar sujetos a este tipo de restricciones", añade Calopa, que ha tenido que visitar muchos otros archivos y explica que la experiencia siempre ha sido positiva. "Como familiar y no como investigadora profesional, considero fundamental que el acceso a los archivos se facilite con criterios de acompañamiento y sensibilidad. Estamos hablando de documentos que afectan directamente la memoria familiar y emocional de muchas personas. En la mayoría de archivos he encontrado profesionalidad, orientación y sensibilidad. Me han enseñado a utilizar los sistemas de consulta, como el microfilm, y a moverme por las bases de datos. Lamentablemente, esta no ha sido mi experiencia en el caso del ministerio del Interior", dice.

Los retrasos en cumplir las peticiones

Laura Bolaños es doctora de la Universidad Complutense de Madrid y realizó una tesis doctoral sobre la prostitución clandestina durante la posguerra. Para hacer su investigación, pidió expedientes personales y documentación generada por las prisiones donde encerraron sobre todo a prostitutas en el Archivo General del Ministerio del Interior. "Se me pidieron los certificados de defunción y tardaron más de un año en responder a algunas peticiones. Una tesis doctoral dura tres años, ampliables a dos más. En total, cinco años. Con estos retrasos, la investigación se complica enormemente. En otros archivos provinciales donde he consultado la misma información, no he tenido ningún problema", dice Bolaños.

"Que toda esta documentación continúe en el ministerio es una anomalía", denuncia Mario Lozano, porque los archivos ministeriales no están concebidos para custodiar documentación histórica. En el ámbito de la administración central, esta función corresponde a los archivos históricos e intermedios especializados como el Archivo General de la Administración, el Archivo Histórico Nacional o los Archivos Históricos Provinciales, vinculados al ministerio de Cultura. "El hecho de que no se hayan transferido dificulta enormemente la tarea porque muchas veces no hay un tratamiento archivístico ni la descripción", dice Lozano. Por lo tanto, buscar un documento puede ser como intentar encontrar una aguja en un pajar. "Ni siquiera dejan acceder a los archivos, no se pueden consultar físicamente, y envían copias muchas veces censuradas y con muchos nombres que son ilegibles", añade. Según un informe de los historiadores, entre 1977 y 1996 –un período de veinte años– se registraron 34 transferencias, con un total de 10.646 unidades. Entre 1996 y 2026 –un período de treinta años– únicamente se hicieron tres transferencias, con un total de 1.881 unidades.

Imposible acceder a los nombres de los torturadores

El 27 de marzo ERC presentó en el Congreso una proposición no de ley (PNL) sobre la accesibilidad y la transparencia del Archivo General del Ministerio del Interior (AGMI), en la que ponía el foco en las dificultades de acceso a la documentación histórica conservada en el archivo, especialmente la relacionada con la represión y las instituciones penitenciarias del franquismo y la posguerra. La respuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue negar que haya ninguna opacidad en la gestión del archivo. Tan solo admitió la existencia de dificultades por el volumen de trabajo, pero defendió la tarea de la administración. El hecho, sin embargo, es que las quejas se acumulan.

El 27 de abril el PNB exigió al ministerio del Interior que desclasificara totalmente los documentos de su archivo para poder identificar a los responsables de las torturas y la muerte de Txomin Letamendi en 1950. No son los primeros en pedirlo. La ley de memoria española explicita que las víctimas tienen derecho a la justicia, que se debe garantizar a través de investigaciones públicas que aclaren las violaciones de derechos humanos. Hasta ahora, sin embargo, no se ha podido acceder a los atestados policiales. Blanca Serra, que murió el 11 de abril, intentó averiguar el nombre de quienes la torturaron en la comisaría de la Via Laietana a través de una denuncia a la Fiscalía.

"No se trata de documentos calificados de secretos oficiales, y existe el tema de protección de datos con material que se puede considerar sensible", explica Lozano. "Quien decide quién puede acceder y quién no a este material más sensible y quién redacta la normativa interna es la secretaría técnica del ministerio del Interior", añade. En este caso, su criterio ha sido bastante restrictivo en opinión de los investigadores.