Laporta, imputado en el caso Negreira por cohecho

BarcelonaEl actual presidente del Barça, Joan Laporta, desde esta mañana también está imputado en el caso Negreira, después de que el juez que lleva la causa, Joaquín Aguirre, haya ampliado la investigación hasta julio del 2008, un período que ya comprende su primer mandato en el club azulgrana, que duró de 2003 a 2010. El juez atribuye a Laporta un delito de cohecho o, alternativamente, uno de corrupción entre particulares en la modalidad deportiva, aparte de otros de administración desleal y falsedad documental, según dice la resolución del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona a la que ha tenido acceso el ARA. Así, aparte del Barça y los expresidentes Sandro Rosell (2010-2013) y Josep Maria Bartomeu (2013-2020), Laporta también forma parte de la investigación sobre los pagos presuntamente ilícitos por parte del club azulgrana a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), y su hijo, Javier Enríquez Romero, mediante las sociedades Dasnil 95 SL, Nilsad SCP y Soccercam SL.

Según el informe que elaboró la Agencia Tributaria sobre estos pagos, el Barça, bajo el mandato de Laporta, pagó a estas empresas 67.625 euros en el 2004; 29.629 en 2005; 117.276 en 2006; 209.500 en 2007; 223.555 en 2008; 331.062 en 2009, y 477.222 en 2010. Así, en total, durante este período liderado por Laporta el Barça pagó 1.455.869 euros que, según el propio Laporta, Rosell y Bartomeu, sirvieron para obtener informes arbitrales y, en ningún caso, para que los árbitros favorecieran deportivamente al equipo azulgrana. No lo ve igual la Fiscalía, que sospecha que el club tenía "a sueldo" al exvicepresidente del CTA por ganarse el favor de los árbitros, ni el juez del caso, que insiste en su última resolución que ésta es la única "deducción lógica" que explica los pagos a Negreira y su hijo.

Hay dos claves que explican que el juez haya podido hacer retroceder el reloj hasta el 2008 para investigar a Laporta: a diferencia de la Fiscalía, que únicamente ve un delito de corrupción deportiva en el caso Negreira, el juez decidió a finales de septiembre que el delito que mejor encaja en la causa es el de cohecho. Para el magistrado, el cargo que ocupaba el exvicepresidente del CTA es equiparable al de un funcionario público, por mucho que la RFEF no tenga esa condición sobre el papel. Ahora el juez añade un nuevo razonamiento y explica que es necesario aplicar la modalidad continuada del delito de cohecho, porque si no los investigados sumarían tantos delitos como pagos hubiera hecho el Barça a Negreira entre 2008 y 2018. "Como la pena sería notoriamente alta, el legislador ha utilizado la figura del llamado delito continuado regulado en el artículo 74 del Código Penal", recuerda el juez.

El delito de cohecho continuado está castigado con penas que pueden llegar a los siete años y medio de cárcel y tiene una prescripción más larga, de 10 años, que es lo que permite llegar a los últimos dos años del primer mandato de Laporta en el Barça. Esta modalidad del delito no solo se aplica a Laporta, sino también al resto de investigados del caso Negreira: Barça, Rosell, Bartomeu, dos exdirigentes del club -Albert Soler y Oscar Grau-, el exvicepresidente del CTA y su hijo. En estos dos últimos casos, se enfrentarían también a una inhabilitación especial para desempeñar un cargo público más larga, porque el juez mantiene que deben tener esa consideración de funcionarios.

Directivos en el punto de mira

En su última resolución, el juez del caso también recuerda que la condición de investigado por cohecho continuado también podría extenderse a todos los exdirectivos del Barça y personas del organigrama del club que hubieran tenido relación con los pagos a los Negreira entre 2008 y 2018, lo que podría hacer más larga la lista de imputados. Pero, de momento, el juez no les identifica ni les atribuye todavía esa condición. En este período, bajo el mandato de Joan Laporta, fueron directivos del Barça las siguientes personas: Xavier Sala i Martín, Jacint Borràs, Jordi Torrent, Jaume Ferrer, Josep Antoni Colomer, Rafa Yuste, Maria Elena Fort, Josep Cubells, Joan Boix , Albert Perrín, Alfons Godall, Alfonso Castro, Xavier Bagués, Josep Ignasi Macià, Magda Oranich y Patrick Auset.

El magistrado insiste en que el Barça pagó a los Negreira durante 18 años por el cargo de vicepresidente del CTA que ocupó el padre durante prácticamente dos décadas. A estas alturas, y a falta de que le lleguen los informes de la Guardia Civil, considera que se puede "deducir" que estas supuestas comisiones "satisfacían los intereses del club" y se traducían en "designaciones arbitrales tendenciosas" o en "advertencias" a los árbitros seleccionados para arbitrar al Barça de forma ordinaria. Según el juez, esto provocó "una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica del conjunto del arbitraje español". Sin embargo, Aguirre matiza que esto no quiere decir que todos los árbitros fueran corruptos, "pero sí algunos de ellos".

Durante la rueda de prensa para presentar el cierre del ejercicio 2022-2023 y el presupuesto del curso 2023-2024, el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, ha sido preguntado por este asunto y se ha limitado a responder que el tema "está en manos de los servicios jurídicos del club" y que no le corresponde a él realizar ninguna valoración sobre este asunto. "El caso Negreira comporta que tengamos que estar justificando cosas a los inversores (entre otros, de la financiación de la remodelación del Camp Nou) que no nos gustaría tener que justificar. El tema es que reiteradamente tienes que ir repitiendo este tema", ha dicho también.