BarcelonaEl Equipo Central de Información de la Agencia Tributaria ha requerido datos sobre la composición del aval que Joan Laporta y su junta directiva depositaron en la Liga después de las últimas elecciones del Barça (7 de marzo de 2021). Hacienda quiere saber quién avaló ya cambio de qué cantidades hasta alcanzar los 124,7 millones de euros que se necesitaban. Asimismo, los investigadores buscan aclarar cómo se mantuvo el aval, que emitió el Banc Sabadell y, según ha podido comprobar el ARA, tenía un coste de más de 1,5 millones de euros trimestrales que debían asumir los directivos electos. En total, de marzo a diciembre, el gasto rondaba los 4,5 millones entre intereses y comisiones.
A finales del 2020, Laporta y su equipo aportaron entre 120.000 y 150.000 euros cada uno para pagar la campaña electoral. Tras la victoria en las urnas, el presidente electo abrió una cuenta mancomunada para hacer frente a los gastos del aval, que divididos entre los miembros de la junta, y de acuerdo con las condiciones que exigía el Sabadell, rondaban los 75.000 euros trimestrales por persona. Sin embargo, de la misma forma que no todos los directivos estaban en disposición de aportar patrimonio para soportar el aval –por eso aparecieron José Elías y Jaume Roures para evitar la repetición electoral–, tampoco todo el mundo podía pagar su mantenimiento con dinero suyo. Uno de ellos era el propio Laporta.
Fuentes cercanas a la directiva consultadas por el ARA aseguran que el mandatario argumentaba que no era justo que el aval atacara el bolsillo de los directivos y que en anteriores juntas era el Barça quien sufragaba ese gasto. Una versión que han desmentido al ARA antiguos directivos de 2003 (Laporta) y de 2010 (Sandro Rosell), que afirman que, en tanto que era una garantía personal, en ambas ocasiones pagaron su mantenimiento con su dinero.
Sin embargo, tras la toma de posesión, y siempre bajo el requerimiento del presidente, del tesorero Ferran Olivé o de la jefa de gabinete Manana Giorgadze, varios directivos ingresaron cantidades superiores a los 100.000 euros en la cuenta mancomunada para hacer frente a los intereses del aval. Al mismo tiempo, levantaban las cejas cuando veían que no todos sus compañeros cumplían con la misma obligación, lo que provocó bastantes tensiones en los primeros meses de mandato. Alrededor de la toma de posesión, también preguntaron por los pagos de Capital Planet, empresa del hermano de Laporta, o del empresario israelí Moshe Benisty, ex socio del presidente, en la misma cuenta (1,4 millones de euros entre ambos , según publicó El Periódico), pero no recibieron explicaciones convincentes por parte del mandatario.
En noviembre del 2021, el propio IBAN colegiado recibió 350.000 euros de la empresa ISL Fútbol Limited Liability Company, radicada en Estados Unidos y liderada por los catalanes Albert Isern y Marc Segarra. Meses más tarde, tal y como ha podido saber el ARA, esta compañía, que ya tenía relación con el club –academias en Estados Unidos–, facturó una cantidad muy similar para intermediar en la organización de dos amistosos en la pretemporada del 2022 .
Una vulneración del código ético del Barça
Pero el club, que reaccionó con un comunicado que confirmaba que los directivos recibieron pagos, aseguraba que eran "ayudas en forma de préstamo sin otra contraprestación". Para demostrarlo, añadía que con los años se redujo la relación mercantil con ISL. En paralelo, Albert Isern atendía diferentes medios en los que garantizaba que el préstamo no era a cambio de la intermediación –"son cosas diferentes"– y que tan sólo querían "ayudar a los gestores del club en una situación límite". También decía que les habían devuelto "menos del 50%" del dinero y que confiaban recuperar la parte restante "en breve".
Aceptar un favor en forma de préstamo y compensarlo con la adjudicación de un servicio vulnera el código ético del Barça, según el cual los gestores de la institución están obligados a actuar "de forma objetiva e imparcial" en los procesos de selección, "evitando cualquier conflicto de interés o favoritismo". Y, más concretamente, se detalla que "el personal no podrá aceptar o solicitar ningún beneficio personal de un proveedor –o potencial proveedor– cuyo destino comprometa –o pueda comprometer– su imparcialidad u objetividad". Precisamente, el texto fue revisado y modificado por la directiva de Laporta tres meses después de las elecciones. El ARA se ha puesto en contacto con el departamento de compliance del club para saber si estaba al corriente y si le dio el visto bueno, pero no ha obtenido respuesta.
Las diferencias entre directivos a la hora de avalar
La carrera para estructurar el aval de la candidatura Amamos al Barça fue una carrera de obstáculos y puso de manifiesto grandes diferencias en cuanto a la aportación de unos dirigentes y otros, algo que también se notó, una vez confirmada la toma de posesión, a la hora de pagar los costes de esa garantía. En las conversaciones finales con el Sabadell para emitir el aval, según confirman al ARA fuentes financieras, quedaba claro el peso patrimonial de Antonio Escudero, Juli Guiu, Jordi Llauradó, Xavier Barbany o Aureli Mas –que aportaban entre 6 y 8 millones cada uno– en contraposición con Laporta y sus históricos colaboradores. Entre el presidente y Elena Fort, Rafael Yuste, Mikel Camps, Josep Ignasi Macià, Xavier Puig, Josep Cubells, Josep Maria Albert y Joan Solé, la suma no alcanzaba los 4 millones de patrimonio. "Laporta quiere todo: rodearse de amigos y no poner un duro. Nada que ver con Florentino, que sí puede rodearse de gente de confianza porque es él quien paga la fiesta", sentencia una de las fuentes consultadas para elaborar esta prenda.
El enlace entre Laporta y el Banc Sabadell fue Álvaro Echevarría, hermano pequeño de Alejandro, persona clave en el Barça actual, y también excuñado del mandatario azulgrana. Trabaja en el Sabadell y fue importante en la solución de última hora para cubrir los más de 70 millones que faltaban por avalar después de que Jaume Giró se marchara por las profundas discrepancias que tenía con Laporta. Dado que Giró propuso un acuerdo con HPS Partners que se descartó porque incrementaba el coste de toda la operación, la estructura se modificó con la entrada de nuevos directivos –Ferran Olivé, Àngel Riudalbas y Eduard Romeu–. Además, se afinaron las cifras finales de los que más patrimonio tenían –Escudero aportaba 8,6 millones, mientras que Guiu, Llauradó, Barbany y Mas le ponían 6,6– y se cubrió todo lo que faltaba con Elías y Robles. Aún quedaban pendientes 10 millones, que puso un anónimo del que no quiso revelarse su nombre –aunque probablemente se conocerá su identidad a través de la investigación de Hacienda.
Pese a su renuncia, Giró constaba en la Liga como miembro de la candidatura ganadora a través de un documento donde se había comprometido a presentar el aval. Por eso dos meses después de los comicios envió a un burofax para aclarar que se había desvinculado del equipo antes de tomar posesión y que no tenía ninguna participación con el aval que ahora está investigando Hacienda, tal y como reconocen en el ARA fuentes cercanas a la patronal. Poco después, Giró fue nombrado consejero de Economía y Hacienda.