2.000 millones: los ingresos por el impuesto de patrimonio si Madrid no lo bonificara al 100%

MadridEn 2021 se habrían recaudado unos 648 millones de euros más si el impuesto de patrimonio estuviera armonizado con la normativa estatal en la Comunidad de Madrid. En concreto, de los 1.352 millones de euros que se declararon en toda España en 2022, pero correspondientes al ejercicio de 2021, se habría alcanzado los 2.000 millones de euros si Madrid no bonificara este tributo al 100%, según cálculos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), que depende del Consejo General de Economistas, actualizados este lunes.

Este agujero en las arcas públicas es fruto de un diseño diferente de este tributo según la comunidad autónoma. Cabe recordar que el Estado cedió la capacidad normativa del impuesto de patrimonio a los territorios, de modo que las comunidades pueden fijar sus tipos, tramos o cómo lo bonifican.

Esto ha dado pie a que diferentes contribuyentes con la misma riqueza, según su lugar de residencia, paguen o bien nada, como sería el caso de la Comunidad de Madrid, o bien hasta 1,3 millones de euros, como sería el caso de un contribuyente sin discapacidad alguna y con un patrimonio superior a los 40.000 millones de euros que resida en la Comunidad Valenciana.

Aparte de Madrid, las otras comunidades donde los potenciales contribuyentes por este impuesto escapan a pagar son Andalucía y Extremadura, ambas en manos del Partido Popular. En el caso extremeño, el gobierno de la flamante presidenta Maria Guardiola (PP) ha aprobado hace tan sólo dos semanas la bonificación del 100% del tributo. Galicia, también en manos del PP, le ha bonificado a la mitad. En el caso de Aragón, ahora también en manos del PP, se ha anunciado elevar el mínimo exento hasta los 700.000 euros (actualmente la comunidad todavía tiene el menor exento más bajo de todo el Estado, de 400.000 euros).

Si se tiene en cuenta la legislación estatal, será obligado declarar por el impuesto de patrimonio a partir de los dos millones de euros. Existe una exención general de 700.000 euros y la posibilidad de excluir su vivienda habitual con un máximo de hasta 300.000 euros, lo que se traduce en un millón y, por tanto, los patrimonios afectados son ya los de 3 millones de euros. También existen exenciones por bienes que sean patrimonio estatal o de interés cultural. En el conjunto del Estado, en 2021, el número de potenciales contribuyentes alcanzó los 231.367 (tenían un patrimonio neto de 849.213 millones de euros), aunque sólo acabaron pagando 201.775 declarantes, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio de 2021 y publicadas este mes.

Para resolver el mapa desigual y, al mismo tiempo, poder costear el paquete de medidas anticrisis aprobadas para afrontar la espiral inflacionista, el gobierno español aprobó el impuesto a las grandes fortunas que funciona en paralelo al impuesto de patrimonio –hay distintos recursos presentados en el Tribunal Constitucional–. La finalidad es que todo ese dinero que las comunidades dejan escapar por la eliminación de este tributo a través de la bonificación completa o parcial acabe en las arcas públicas del Estado. En este sentido, los economistas enfriaron que el diseño final de la norma, que se intentó cambiar a última hora, haya tenido un impacto negativo en cuanto a la recaudación final. "Se ha sobrevalorado", apuntó el presidente del REAF, Agustín Fernández. En el primer año de funcionamiento del impuesto, el gobierno español ha recaudado 623,6 millones de euros de 12.010 declarantes, de los que el 90% salen solo de la Comunidad de Madrid.