La CNMC abre expediente a seis grandes bancos por la guerra hipotecaria

BarcelonaLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido incoar un procedimiento sancionador contra seis grandes bancos por posibles prácticas anticompetitivas. Se trata de Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Banco Sabadell. El organismo presidido por Cani Fernández, que justamente este martes acaba su mandato, investiga si estas entidades llevaron a cabo una posible práctica anticompetitiva relacionada con la política hipotecaria y, más concretamente, con la llamada "guerra hipotecaria", contraria al artículo 1 de la ley de defensa de la competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (S/0009/26).

Este precepto prohíbe "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga como objetivo, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional [...]". También tiene relación con el abuso de posición dominante en el mercado.

La entidad supervisora investiga la realización, por parte de algunos de los directivos de estas entidades, de "declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas de tipo fijo", explica en un comunicado. Estas afirmaciones, añade la CNMC, "habrían permitido a las entidades del sector anticipar el futuro comportamiento de sus competidores".

Durante el periodo de presentación de resultados, los principales directivos de estos bancos afirmaron que se estaban concediendo hipotecas a unos tipos de interés excesivamente bajos e incluso aseguraban que reducirían el ritmo de concesión de hipotecas. Estos mensajes, según se desprende de la comunicación del organismo supervisor, habrían condicionado la evolución del resto del mercado en materia de concesión de préstamos para la adquisición de viviendas.

El organismo supervisor entiende que este tipo de afirmaciones públicas, en las que están implicados los principales bancos del mercado español, "habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores". La incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. Se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para la instrucción y la resolución.