Cataluña sólo consigue una décima parte de los pisos protegidos que necesita

BarcelonaCataluña sumó en 2022 un total de 1.723 viviendas de protección oficial, el equivalente a sólo el 11% de las necesarias para dar respuesta a la demanda del mercado de la vivienda para los próximos 15 años, según los objetivos del Plan Territorial Sector de Vivienda de Cataluña (PTSH).

Este plan debe constituir el marco orientativo para la aplicación de las políticas de vivienda que establece la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda y tiene como objetivo garantizar que las nuevas unidades familiares que se formarán en estos 15 años puedan acceder a una vivienda digna. Actualmente, el proyecto de decreto por el que se aprueba este plan está en fase de solicitud de dictámenes y está previsto que vea la luz en octubre.

En toda España, el año pasado el número de calificaciones definitivas de vivienda protegida se situó en 9.114, con lo que las promociones catalanas suponen el 19% del total estatal y más del triple que la media, situada en 536 viviendas de protección oficial por comunidad autónoma.

Unas 220.000 viviendas hasta 2037

El plan recogía que hay que promover 220.000 viviendas para atender a la llamada demanda excluida entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2037, lo que llevaba a la necesidad de calificar unas 15.000 viviendas de protección oficial al año. Para alcanzar este nivel, Cataluña debería haber construido 13.277 pisos más el pasado año. La demanda excluida –es decir, que no podrá acceder al mercado libre– está cifrada en 355.000 nuevos hogares, más de un tercio del total de los más de 900.000 hogares que se crearán en los próximos 15 años.

Estas 1.723 viviendas de protección oficial incluyen también los acabados del programa de remodelación de barrios, las viviendas sin calificación provisional adquiridas por tanteo y retracto y las viviendas preexistentes. La gran mayoría están en Barcelona (1.642) y el régimen de protección mayoritario es el de venta-alquiler (1.269). Hasta 512 han sido impulsados por promotores privados y 1.211 promotores sin ánimo de lucro, es decir, entidades públicas o cooperativas, según datos de la secretaría de Vivienda de la Generalitat.

En los primeros tres meses de este año, el número de calificaciones definitivas de viviendas de protección oficial en Cataluña se sitúa en torno a las 360 unidades, según datos del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y también del departamento de Territori de la Generalitat. Esta cifra también queda muy lejos del objetivo del PTSH, puesto que si la calificación anual debe ser de 15.000, al trimestre salen 3.750 viviendas, es decir, diez veces más que las 360 unidades registradas. De hecho, la semana pasada el Colegio de Arquitectos afirmaba que de las 7.433 viviendas nuevas visadas en Cataluña en el primer semestre, sólo 501 eran de protección oficial.

La promoción, mayoritariamente privada

La promoción de viviendas de protección oficial en España en los últimos ocho años ha sido obra mayoritariamente del sector privado. Ésta es la conclusión del último policy brief de la cátedra de empresa Vivienda y Futuro de la UPF y la Asociación de Promotores y Constructores de Cataluña (Apce). El documento, presentado este miércoles, analiza las herramientas de promoción de vivienda social y asequible de protección oficial en los planes estatales de vivienda.

En el caso de Cataluña, desde 2014 el número de calificaciones definitivas de viviendas de protección oficial se ha situado en 9.721 viviendas, y entre el 60% y el 80% de las viviendas protegidas han sido impulsadas por los promotores privados, según el informe.

El informe también recoge que en 2018 hubo 16 comunidades autónomas que no dieron ninguna calificación definitiva de protección oficial, mientras que tres años más tarde, en 2021, hasta 13 comunidades autónomas construyeron viviendas de protección oficial de alquiler. Cataluña se encuentra entre las que no dio calificaciones definitivas de viviendas para alquiler sin opción a compra en 2016 y 2018, según datos del ministerio.

Impulso presupuestario e incentivos

En una rueda de prensa para presentar el informe, el director del área jurídica de Coapi y coautor del informe, Carles Sala, lamentó la "insuficiencia presupuestaria" en partidas para pisos de protección oficial: "Entre 2007 y 2018, el gasto público ordinario por promocionar vivienda cayó más de un 60%".

"Esto requiere dinero y recursos, porque la subvención a fondo perdido no es suficiente; eso necesita colaboración público-privada", ha dicho el también ex secretario de Vivienda de la Generalitat, que considera que los fondos Next Generation maquillan algo los datos, pero no solucionan el problema. Estos fondos contemplan subvenciones de hasta 700 euros el metro cuadrado, pero Sala ha insistido en que se necesitan préstamos calificados y subsidiados, instrumentos que han desaparecido de los últimos planes de vivienda estatal.

En el contexto electoral de los últimos meses el gobierno catalán y el español han prometido mejorar las cifras en vivienda social: desde el anuncio del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de construir 10.000 viviendas de alquiler social en tres años hasta los 93.000 pisos que el gobierno español dijo que movilizaría hacia el alquiler social.