Cinco meses sin conocer la inversión real del Estado

MADRIDNi la ejecución de los últimos seis meses de 2022 del Estado en Cataluña, ni la ejecución del primer semestre de 2023: son datos que no se conocen porque la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), órgano que depende del ministerio de Hacienda, lleva cinco meses de retraso en lo que se refiere a la publicación de los informes sobre la distribución territorial, es decir, por comunidades autónomas, de la inversión del sector público estatal.

Se trata de unos datos que no suelen pasar desapercibidos, sobre todo por el eco político que tienen en Cataluña, donde una de las quejas históricas de partidos como ERC y Junts es la poca ejecución del Estado. De hecho, en el marco de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, ambos partidos tienen intención de poner la carpeta sobre la mesa.

Este 2023 la IGAE ya debería haber publicado sus dos informes semestrales. Uno, el pasado 30 de mayo, correspondiente al segundo semestre de 2022 y, por tanto, como cierre de ejercicio. El otro, este 29 de septiembre, sobre la ejecución de los primeros seis meses del año, tal y como se desprende del calendario de publicaciones del mismo organismo.

Normalmente, las publicaciones –se publican desde el año 2009– son puntuales. El año pasado, por ejemplo, solo se registraron diez días de retraso (la ejecución del primer semestre del 2022 debía publicarse el 30 de septiembre y acabó saliendo el 11 de octubre). Sin embargo, este año las "dificultades técnicas" en cuanto a la recogida de datos e información las han retrasado, según argumentan fuentes del ministerio de Hacienda al ARA. Las mismas fuentes recuerdan que los informes no sólo se elaboran a partir de los datos de Hacienda, sino de otras carpetas como Transportes, de donde sale el grueso de la inversión.

Un entramado de carpetas

Llegar a la cifra de ejecución no es sencillo. El documento que publica la IGAE está conformado por diferentes partidas que se deben sumar. En el caso catalán, durante el primer semestre de 2022 se ejecutaron 1.417 millones de euros, de una inversión prevista de 2.207 millones de euros, según datos del último informe publicado en octubre del pasado año. Esto es, el 63,5% del total. Hay que tener en cuenta que la cifra incluía una indemnización de 1.070 millones en la multinacional Abertis por parte del Estado. Si esto no se tiene en cuenta, la ejecución cae a los 347 millones (15,7%). En el conjunto de 2021, el nivel de ejecución fue de un 35%, según los últimos datos publicados.

Estas cifras son la materialización de lo escrito previamente en los presupuestos del Estado, en el apartado de la inversión regionalizable. La cifra presupuestada que se recoge en las cuentas públicas es el dinero que el Estado quiere gastar en una inversión concreta –construir una carretera, reformar un edificio o ampliar una estación de tren, entre otros–. Sin embargo, se trata sólo de un número sobre el papel. La IGAE muestra si la inversión se ha realizado o ha quedado pendiente.

Por eso, el tono de las fuerzas políticas, sobre todo las independentistas, durante la negociación y aprobación de las cuentas públicas es muy diferente del tono que adquieren una vez que este organismo publica sus informes. Aquí, llegan los reproches. ¿Se ejecutarán los 2.308,9 millones de euros fijados como inversión para Cataluña ¿en los presupuestos generales del Estado para este ejercicio? Por el momento, no lo sabemos.

Infraestructuras en el punto de mira

En Cataluña, ese nivel tan bajo de ejecución o "inversión real" suele tener su origen en las infraestructuras, sobre todo las que dependen de Adif, la gestora pública de infraestructuras. Una de las claves, aquí, es el grado de retraso de los proyectos concretos y, por tanto, de las licitaciones. Sin esto en marcha, la obra no comienza y no se prevé la ejecución. Además, algunas inversiones presupuestadas son plurianuales (se extienden en los años).

Precisamente, en el caso catalán se arrastran obras históricas como el desdoblamiento de la R3, que, después de años, empieza en breve. Recientemente, otro factor ha sido el precio. Como explicaba el ARA, a ojos de Adif el incremento de las materias primas también ralentiza la ejecución (pasó en el 2021), algo que en el último año se ha "agravado" por el estallido de la guerra en Ucrania.

Desde el gobierno central se destaca que en los últimos cuatro años han sido los de "más inversión" en Cataluña. De hecho, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha prometido 1.012 millones en infraestructuras en 2023, un 20% más que el año pasado. Sin embargo, el anuncio no contenta a la Generalitat, que, día tras día, recrimina la baja ejecución y ve "inexplicable" que no se publiquen los datos, en palabras de la consejera de Economía, Natalia Mas.

Con todo, el grado de ejecución en cada comunidad autónoma es diferente y se explica por las particularidades de cada una de ellas. Cataluña no es la única que no ve ejecutado el presupuesto, se añaden Andalucía, Asturias o Canarias. En cambio, regiones como Madrid suelen dispararlo. Aquí entra en juego el efecto capitalidad, lo que se observa rápidamente en el apartado de la inversión ejecutada de la administración general del Estado. En el caso de Madrid, las secciones de inversión de los distintos ministerios multiplican las de Cataluña y otras comunidades autónomas. Se añaden los organismos como el Congreso de Diputados.