Las empresas podrán pedir ayudas directas de hasta 200.000 euros y los autónomos recibirán 3.000 euros

MadridLas empresas y los autónomos más tocados por la pandemia podrán acceder a ayudas públicas directas. El consejo de ministros ha aprobado este viernes el decreto que incluye un paquete de 11.000 millones de euros para empresas y autónomos, un dinero que servirá para evitar que negocios viables acaben en quiebra. Las ayudas a fondo perdido son el grueso del plan: en total, 7.000 millones de euros que gestionarán las comunidades autónomas. Pero los criterios para otorgarlas serán comunes en todo el Estado. "Intentamos aligerar la caída de ingresos y el sobreendeudamiento de las empresas, y que esto pueda poner en peligro su supervivencia", ha subrayado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

El decreto detalla las condiciones para acceder a las ayudas directas: las podrán solicitar las empresas o los autónomos de los sectores afectados por la pandemia que acrediten haber facturado en 2020 como mínimo un 30% menos que el año anterior, y solo se podrán dedicar a pagar gastos fijos como el alquiler y a liquidar deudas con proveedores u otros acreedores. En cuanto a las cantidades, los autónomos que tributan por estimación objetiva de IRPF podrán pedir un pago único de 3.000 euros, mientras que el resto de autónomos y las empresas podrán optar a ayudas de entre 4.000 y 200.000 euros teniendo en cuenta la caída de la facturación.

El decreto especifica que habrá condiciones. Las empresas y los autónomos que reciban ayudas directas tendrán que mantener la actividad al menos hasta el 30 de junio del 2022. Además, no podrán repartir dividendos ni incrementar la retribución de los directivos. Solo podrán acceder a las ayudas a fondo perdido las empresas y los trabajadores por cuenta propia de los sectores afectados por la pandemia: el ejecutivo no ha hecho pública la lista exhaustiva de sectores y se remite a la publicación del decreto en el BOE –probablemente este sábado–, pero apunta que estarán los sectores del turismo, la hostelería y la restauración, y las industrias relacionadas con el comercio y la hostelería. También ámbitos auxiliares de transportes o actividades relacionadas con la cultura y el deporte.

Salvavidas para empresas

El gobierno español ha cedido a las presiones para inyectar ayudas directas para salvar el tejido productivo. La tercera oleada de la pandemia, con grandes restricciones a la restauración y a la movilidad a buena parte del Estado, ha dejado a muchas pymes y autónomos a un paso de la quiebra. Un año después del inicio de la pandemia, la economía todavía funciona a medio gas y la normalidad no empezará a volver hasta que la vacunación de la población sea masiva. Las medidas aprobadas durante el primer año de pandemia -en forma de avales, créditos y ERTOs- no son suficientes para que las empresas más afectadas puedan sobrevivir a la crisis. Las ayudas directas pueden ser su salvavidas. Aún así, sectores empresariales aseguran que llegan tarde.

El paquete aprobado se divide en tres instrumentos: las ayudas directas, un fondo para reestructurar deudas de créditos avalados por el Institut de Crèdit Oficial (ICO) y otro fondo destinado a recapitalizar empresas. El dinero de este último se inyectará a través de la empresa pública Cofides. De los 7.000 millones de ayudas a fondo perdido, 2.000 serán para las Islas Baleares y las Canarias, muy afectadas por el frenazo del turismo. El resto, 5.000 millones, se repartirán entre el resto de comunidades, pero el gobierno español todavía no ha hecho el cálculo proporcional. La ministra portavoz, María Jesús Montero, ha asegurado que se harán "dentro de unos días" y teniendo en cuenta los indicadores económicos de cada comunidad en diciembre del 2020.

El Estado transferirá el dinero a finales de abril

¿Cuándo estará disponible el dinero? Calviño ha explicado que el Estado transferirá dentro de un mes y diez días –a finales de abril– las ayudas directas a los gobiernos de las comunidades autónomas mediante la firma de convenios. Serán los gobiernos autonómicos los encargados de otorgar las subvenciones a sus empresas y autónomos, pero los criterios serán comunes en todo el Estado. La vicepresidenta económica no se ha atrevido a calcular a partir de cuándo las empresas podrán disponer del dinero. "Cuanto antes mejor", se ha limitado a decir.

El consejo de ministros extraordinario de este viernes también ha dado luz verde a la prórroga de la moratoria de concursos de acreedores hasta el 31 de diciembre. Así, queda suspendida hasta finales de año la obligatoriedad para las empresas en quiebra de declarar el concurso de acreedores.