Detenido un empresario vizcaíno que obligaba a trabajar 26 horas seguidas a los empleados

Desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana del día siguiente. Este era el horario que un empresario de Vizcaya obligaba a hacer a sus trabajadores de manera "ocasional". Un total de 26 horas que el responsable definía como una "maratón" y que los empleados acabaron denunciando voluntariamente a la Policía Nacional de Bilbao, según ha explicado la Delegación del gobierno español en el País Vasco este miércoles.

Según los trabajadores, cuando el empresario los obligaba a trabajar con estas jornadas solo les daba una hora libre para poder comer y se tenían que quedar toda la noche encerrados en las instalaciones de la empresa, situada en el Polígono Industrial de Ugaldeguren, en Zamudio (Vizcaya), y que se dedicaba al envasado y la manipulación de alimentos, según ha podido saber el ARA.

A raíz de estos hechos denunciados por la plantilla, la policía y funcionarios de Inspección del Trabajo activaron un dispositivo que acabó con la detención del empresario el 17 de agosto, ahora ya en libertad, a quien se acusa de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. Según ha explicado la Delegación del gobierno español al ARA, la operación policial pudo comprobar la gravedad y veracidad de los hechos y por eso los investigadores han concedido a los trabajadores el carácter de testigos protegidos.

Sin contrato y mal pagados

Según los testigos recogidos por la Policía Nacional, avanzados por el diario El Correo, los empleados que presentaron la denuncia explicaron que trabajaban sin contrato porque no tenían permiso de residencia y que el empresario "en ningún caso" les había formalizado la tramitación. Además, les pagaba en metálico "cinco euros la hora efectiva de trabajo". Si tenían algún accidente laboral y necesitaban un médico, la empresa los presionaba para que no explicaran que se habían hecho daño mientras trabajaban.

Además del delito contra los derechos de los trabajadores, el empresario también se enfrenta a una posible sanción económica de más de 70.000 euros por haber infringido la legislación laboral y de la Seguridad Social. A pesar de que ha quedado en libertad después de prestar declaración a la policía, está obligado a presentarse al juzgado que instruye la causa.

La Inspección de Trabajo hace tiempo que alerta de un crecimiento del fraude y la explotación laboral. De hecho, en mayo se hizo público a raíz de una pregunta parlamentaria del senador del PSOE Miguel Ángel Heredia que este organismo de control obligó solo durante los tres primeros meses de este 2021 a hacer fijos a unos 80.000 trabajadores con contratos eventuales fraudulentos y detectó que más de 1.500 empresas hacían trampas con el control de la jornada laboral.