El dinamismo económico español depende de la llegada de personas migrantes

MADRIDA raíz de la gira del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en Mauritania, Gambia y Senegal esta semana, el papel de la inmigración en la economía española ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Sánchez ha hecho hincapié en la necesidad de mano de obra migrante. Después, y en un contexto de presiones de la derecha, ha situado el debate en la devolución de los migrantes en situación administrativa irregular.

Más allá del toma y daca política, hoy en día la población extranjera en España no sólo explica parte de la buena marcha de la actividad económica, sino que diferentes organismos han constatado que es clave para que esto se mantenga. Al margen de las cifras económicas, las organizaciones sociales que luchan por los derechos de este colectivo hacen una advertencia: "No se pueden pedir migrantes para pagar las pensiones sin ofrecer garantías y derechos", dice Edith Espinosa, portavoz de la plataforma estatal Regularización Ya. "Se acaba viendo como un objeto, y no como una persona con derechos", denuncia Espinosa.

La llegada neta de población inmigrante –cerca de 5 millones de personas entre 2002 y 2022, según datos del Banco de España– se ha convertido prácticamente en la única fuente de crecimiento de la población residente en España, un país marcado por el envejecimiento de la población. Las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), pero también de Eurostat y la Autoridad Fiscal (Airef), apuntan a unos saldos netos de entrada de personas extranjeras de entre 200.000 y 500.000 personas en 2024 y el 2025.

De hecho, la recuperación de los flujos migratorios tras el bajón por la pandemia del coronavirus explica el dinamismo que hoy en día vive el mercado laboral español, tal y como constataba el Banco de España en su último Informe anual 2023. De rebote, estos flujos ayudan al mantenimiento del estado del bienestar, que se sostiene, principalmente, cuando la actividad económica funciona.

A modo de ejemplo, desde principios de 2022 hasta finales de 2023, la población activa en España se incrementó en 788.000 personas y un 71% de este incremento fue fruto de la llegada de población migrante. Durante el mismo período, de los 1,06 millones de nuevos trabajadores ocupados, un 54% eran de nacionalidad extranjera. Hoy existen 2,8 millones de afiliados extranjeros en el Estado, según los últimos datos de la Seguridad Social correspondientes al mes de julio, un 13,5% del total de los trabajadores.

Una de las implicaciones de esta fotografía es que los trabajadores extranjeros han ayudado a reducir, en parte, los desajustes entre oferta y demanda que recientemente se han observado en algunas profesiones, reconocía el Banco de España, si bien matizaba que en gran parte se trata de trabajos de más baja calificación, precarios y mal remunerados y que suelen ser más duros físicamente. En este sentido, Espinosa critica la "complejidad" a la hora de homologar los títulos universitarios con los que muchas personas migrantes llegan al Estado.

Sin embargo, su peso va incluso más allá del hecho de ocupar trabajos menos atractivos para la población española. "El impacto de los trabajadores inmigrantes en el servicio doméstico en España en la primera década de los 2000 contribuyó a incrementar los salarios de las madres trabajadoras españolas al facilitar su [su] conciliación laboral y reducir la penalización salarial asociada al nacimiento de los hijos", concluyó. el economista de la Universidad Carlos III de Madrid María Alexandra Castellanos, en un estudio publicado en 2023.

La sostenibilidad de las pensiones

Sin embargo, esta tendencia demográfica (más población envejecida y más migración) y laboral también ha protagonizado el debate sobre el futuro de las pensiones. En medio de la gira de Sánchez por el continente africano, ha aparecido la cifra de "250.000 trabajadores migrantes" al año necesarios para poder cubrir el gasto del sistema en el 2050, cuando estaría más tensado.

El hecho es que la cifra como tal no la ha dado ningún ente supervisor, ni siquiera Sánchez la ha pronunciado durante la gira. Pero lo ha hecho la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, en más de una ocasión. El pasado marzo lo defendía en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde apuntaba que era una cifra estimada por organismos como el Fondo Monetario Internacional para "mantener" el estado del bienestar.

Organismos como el Banco de España han puesto de relieve que la llegada de población extranjera es imprescindible para sostener las prestaciones en un futuro –lo que ya ocurre ahora–. En concreto, lo que plantea este organismo es lo siguiente: ante el envejecimiento poblacional que atraviesa España y el consiguiente gasto público, sería necesario que el colectivo de personas extranjeras en edad de trabajar fuera tres veces superior a las previsiones del INE . Esto significa que si el INE estima que desde ahora hasta 2053 el flujo migratorio será de 10 millones de personas en términos acumulados, el Banco de España apunta a la necesidad de que lleguen 24 millones de migrantes para sostener la tasa de dependencia (no sólo significa cubrir las pensiones, sino también el gasto público vinculado a la población envejecida y en edad de jubilación).

Sin embargo, el Banco de España advertía que los flujos migratorios "no evitarán el problema del envejecimiento ni resolverán los desajustes que puedan surgir en un futuro" tanto en lo que respecta al sistema de pensiones como al propio mercado laboral y recomendaba abordar la problemática en todas sus dimensiones.

¿Qué percibe la ciudadanía?

Sin embargo, esta foto no es la que percibe en general la ciudadanía. De hecho, un reciente estudio del centro de investigación económica Iseak ha constatado que existen "falsas percepciones" sobre la migración y, en particular, sobre su papel en la economía. La opinión generalizada es que la población migrante precariza la economía y sólo supone un lastre para los presupuestos públicos. Según se desprende del estudio, los españoles piensan que el 38% de las personas migrantes están en paro, cuando se encuentran un 16%. Asimismo, se cree que la mitad (47 por ciento) reciben ayudas públicas, y sólo son un 11 por ciento de los migrantes en el Estado.

"Sueño con una huelga masiva de los trabajadores migrantes y ya verían cómo caerían todos los trabajos", reflexiona Espinosa, que recuerda que hace tan sólo cuatro meses todos los partidos en el Congreso, excepto Vox, votaron a favor de tomar en consideración la ILP para regularizar a 500.000 personas migrantes en el Estado. Un estudio del centro de investigación Por Causa cifraba en 950 millones de euros de beneficios para las arcas públicas entre cotizaciones e impuestos esa regularización.

Con todo, Edith también cuestiona la propuesta de "modelo circular" del gobierno español en cuanto a la llegada de trabajadores migrantes: "Se visita África, pero no hay interés en lo que está pasando cuando se permite que se pesca en las aguas y se robe el pescado".