Bruselas recorta los fondos europeos en España para abusar de los interinos de larga duración
La Comisión Europea restará 627 millones de euros de los próximos pagos de los Next Generation previstos para el Estado
BruselasRecorte de Bruselas a los fondos europeos que corresponderían a España. La Moncloa ha conseguido desatascar el quinto pago de los fondos europeos después de meses de negociaciones con la Comisión Europea, pero sólo de forma parcial y, además, ha perdido una parte de la financiación que ya había conseguido en un primer momento. abusar de los interinos de larga duración en la administración pública. Y, por otro, no le pagará 460 millones del quinto pago por no aprobar la subida del impuesto al diésel y 40 millones por la falta de avances en la digitalización de las entidades locales. Así pues, Bruselas desembolsará en este quinto pago 22.926 millones en transferencias -unos 1.000 millones menos de lo previsto- y 15.935 en préstamos.
En cuanto a los interinos, el gobierno español ya se había comprometido en el primer pago de los fondos a reformar la legislación que afecta a los interinos de larga duración y reducir la temporalidad de los trabajadores de la administración pública de todo el Estado. Por ese compromiso, Bruselas desembolsó a la Moncloa esos 627 millones. Sin embargo, dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyeron más adelante que la reforma del ejecutivo de Pedro Sánchez no era lo suficientemente importante como para reducir el gran número de trabajadores públicos que encadenan contratos durante años en la administración sin obtener plaza fija. De hecho, la Comisión Europea ya ha abierto un proceso de infracción contra España por ese mismo motivo.
En todo caso, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en declaraciones a la prensa que ya está discutiendo con la Comisión Europea la "solución" para poner fin al abuso a los trabajadores interinos de larga duración. En este sentido, fuentes de Hacienda informan de que pretenden incluir las medidas que exige Bruselas para este colectivo en la legislación española a través de la ley orgánica de la reforma de la carrera judicial y fiscal, que la Moncloa pretende tramitar de urgencia en el Congreso, ya través de una enmienda a la ley de la función pública, que prevén que se prevé.
Por otra parte, el incremento del impuesto al diésel que exige la Comisión Europea se le resiste al gobierno español y, por este motivo, el ejecutivo comunitario no ha entregado la totalidad del dinero que correspondería al Estado. Además, Madrid recibió el quinto pago mucho más tarde de lo previsto en un primer momento. La Moncloa hizo la petición para beneficiarse de esta parte de los fondos de recuperación de la pandemia, los bautizados como Next Generation, en diciembre del pasado año. Bruselas se fijó entonces como plazo el 21 de marzo para evaluar todas las medidas que el gobierno de Pedro Sánchez debía salir adelante a cambio de desatascar el desembolso de la quinta parte de estas subvenciones europeas.
Prórrogas y revisiones del plan
Sin embargo, frente a las complicaciones de la Moncloa para hacer efectivas las reformas exigidas por la Comisión Europea, España solicitó varias prórrogas y revisiones del plan del desembolso de los fondos europeos que corresponden al Estado. Así pues, no ha sido hasta más de tres meses después del primer plazo previsto que España se ha beneficiado parcialmente del quinto pago, si bien en un principio era uno de los Estados miembros que más rápido recibía los desembolsos de los fondos pospandemia.
El dinero del quinto pago, como el global de estas ayudas, se destinará sobre todo a proyectos sostenibles ya incrementar la autonomía estratégica de la Unión Europea. España, junto a Italia, es el socio europeo que más se beneficiará: está previsto que reciba cerca de unos 79.000 millones de euros en ayudas directas y poco más de 83.000 millones en forma de crédito. Según Bruselas, contribuirán aincrementar el producto interior bruto (PIB) de España en un 3,5%.A estas alturas, el Estado ha recibido un 70% del total de la financiación acordada con la Comisión Europea.