La enmienda fallida que pudo salvar la catalanidad de Celsa

MADRIDTodo estaba previsto para que en la primera semana de junio se registrara en el Congreso de los Diputados una enmienda a la ley concursal que aspiraba a cambiar el desenlace de Celsa y, en particular, la salida de la familia Rubiralta de la propiedad, con Francesc Rubiralta a la cabeza. Según ha podido saber el ARA, el texto lo había cocinado el PDECat, pero tenía como aliado al PNV. De hecho, representantes al más alto nivel de ambos partidos en la cámara baja española confiaban en reunirse el jueves 1 de junio del 2023 para cerrar los flecos de la operación. Pero lo que no esperaban era que el lunes de esa misma semana Pedro Sánchez anunciaría por sorpresa la convocatoria de elecciones generales en España, lo que provocó la disolución automática del Congreso de los Diputados. La reunión entre la formación vasca y la catalana no acabó produciéndose y la enmienda tampoco prosperó: quería registrarse aprovechando el encaje en una norma que se estaba tramitando en ese momento. El texto se quedó en un cajón, donde sigue hoy.

Ésta es la intrahistoria de un movimiento político in extremis que quería dar la vuelta al destino de una de las empresas familiares más importantes de Cataluña. Sin embargo, la operación tenía el tiempo en contra. Cuando se estaba estudiando cómo modificar la ley concursal a través de una enmienda, el juzgado mercantil número 2 de Barcelona ya tenía el caso Celsa encarrilado y la sentencia era cuestión de semanas: el veredicto final llegó el 4 de septiembre. Si Pedro Sánchez no hubiera convocado las elecciones, la enmienda se habría registrado y el trámite para intentar modificar la norma concursal estaría en marcha.

El primer caso práctico de la ley concursal

La ley concursal aprobada por el gobierno español en septiembre de 2022 era uno de los elementos clave del caso Celsa, porque es la norma a la que se aferró el juez para sentenciar el cambio de propiedad de la compañía. Los fondos titulares del grueso de la deuda que tenía la empresa (acumulaban un pasivo de unos 3.000 millones de euros) presentaron un plan de reestructuración en el que proponían convertir el pasivo en el 100% de las acciones. La familia le impugnó, pero sin éxito. Es aquí donde entraba en juego la enmienda: el texto quería introducir "la obligatoriedad de escuchar y tener en consideración la propiedad" durante el proceso de negociación.

El hecho es que, con la nueva regulación concursal en mano, los acreedores pueden adquirir la propiedad de la compañía deudora a través de un plan de reestructuración homologado judicialmente y sin la necesidad del consentimiento ni del consenso de los socios ni de los administradores, es decir, la familia. Aunque se trata de un procedimiento que está vinculado a unos requisitos (la empresa debe estar en una situación de insolvencia "actual o inminente"), acaba dando más poder a los acreedores, lo que permite a la compañía afectada desendeudarse. "La solución no es la más satisfactoria para los socios preexistentes –en este caso la familia Rubiralta–", reconoce una fuente jurídica y conocedora del caso en el ARA. La misma fuente reflexiona que "es evidente que una situación de insolvencia no puede ser óptima para todos. Lo importante es que la compañía sobreviva".

Con la tramitación de la enmienda en marcha, se presuponía que el recorrido judicial se ralentizaría, o al menos así lo interpretaban los impulsores del texto, para quien el resultado final era una incógnita. “El juez no debería haber tomado tan rápido la decisión mientras el Parlament discutía un cambio normativo”, apunta una fuente al ARA. En definitiva, se quería ganar tiempo para intentar que la familia no tuviera que salir de la propiedad de un día para otro y que los fondos pasaran a tener un papel clave, lo que despertaba algunos temores, tanto dentro de la plantilla como en las administraciones, donde el foco se había puesto en la continuidad de la actividad de la mayor siderúrgica del Estado.

Dudas del apoyo del PSOE

En el caso del PNV –gobierna en el País Vasco–, no pasaba por alto el hecho de que Celsa tenga medio millar de empleados directos repartidos entre Vizcaya y Álava. A preguntas del ARA, desde el partido vasco en el Congreso de los Diputados confirman que se estaba "encima" del caso Celsa por su "impacto" industrial. Sobre la enmienda, apuntan que "se les escapó". En el PDECat también había preocupación por la supervivencia del negocio, pero se añadía el hecho de que una familia catalana perdiera su imperio de un día para otro. De hecho, Francesc Rubiralta jugó esta carta cuando ya estaba con el agua en el cuello. Sin embargo, nadie niega que si se llegó a un escenario preocupante fue por una mezcla de ambición y falta de prudencia por parte del presidente de la siderúrgica.

Ahora bien, ni el PNV ni el PDECat intentaron dar este paso adelante solos. Si la enmienda se llegó a redactar fue porque la veía con buenos ojos quien pilota los principales temas económicos en el gobierno español. Según ha podido saber el ARA, quien por entonces era secretario general de Asuntos Económicos y G-20 y uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez, Manuel de la Rocha, estaba al corriente de todo. Tanto del redactado de la enmienda como de la tramitación. Que el caso llegara a Moncloa era “imprescindible”, apunta una fuente, para encontrar una solución. Desde el gobierno español se ha declinado contestar a preguntas del ARA sobre esta información.

La familia Rubiralta se había movido por tierra, mar y aire para intentar darle la vuelta a su destino: llamadas a la Generalitat, pero también al Parlament, donde incluso se han presentado mociones para retocar, precisamente, la ley concursal española por " vetar" el cambio de propiedad, tal y como ha podido comprobar el ARA.

Pese a tener el visto bueno de uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez, el trámite parlamentario no se presentaba fácil. La preocupación no venía de la banda de los socios de investidura –se presuponía que ERC, Junts e incluso EH Bildu habrían votado favorablemente–, sino de la propia bancada socialista. No todo el mundo dentro del gobierno español lo veía con los mismos ojos. La exministra de Economía Nadia Calviño se mostraba reacia, confirman las fuentes consultadas por el ARA. El argumento de Calviño era que el movimiento no habría sido bien recibido por Bruselas: la reforma concursal no sólo la impulsó ella, sino que transponía a la directiva europea.

Pendientes de un socio inversor

La idea que sí ha penetrado en la Moncloa es la de supervisar el papel de los fondos como nuevos propietarios. Fruto de ello, se les ha planteado una serie de condiciones, como la de tener un socio industrial español. Por ahora, se han publicado algunos nombres: Sidenor, CL Grupo Industrial, Megasa o Cristian Lay. Fuentes del ministerio de Industria apuntan a que "se han localizado grandes socios y se está avanzando muy bien". En ese caso el desenlace parece más prometedor que en el de la familia Rubiralta.