El bono social se extiende al acceso a internet

BarcelonaAl igual que el agua, el gas natural o la electricidad, la nueva ley de telecomunicaciones aprobada por el Congreso considera que el teléfono y la conexión a internet también son servicios universales, por lo que el sector debe ofrecer conexiones con un mínimo velocidad a un precio asequible para los consumidores más vulnerables. Es el llamado bono social de las telecomunicaciones.

"En la práctica, casi todas las compañías están obligadas a ofrecer el bono social, porque la ley afecta a las que prestan servicios de voz e internet de banda ancha a través de conexiones en una ubicación fija", indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El gobierno español ha establecido las condiciones para beneficiarse a través de un real decreto.

Uno de los puntos principales es que el bono no podrá tener restricciones geográficas. Es decir, todo el mundo tendrá que tener acceso a la conexión mínima que se marque independientemente del lugar de residencia. El hecho de que España sea uno de los países con un despliegue de banda ancha más extenso de la Unión Europea hace posible que casi todos los municipios tengan una red suficiente para garantizar los mínimos que señala la ley.

Estas tarifas sociales van más allá del denominado bono único. Cataluña es una de las comunidades autónomas que todavía no ha implementado este bono único, pero deberá hacerlo en un futuro próximo. La ayuda consiste en un descuento de, como máximo, 20 euros mensuales para familias vulnerables aplicable a facturas de servicios de telecomunicaciones. El programa fue impulsado por el ministerio de Asuntos Económicos, pero, como también ocurre con los bonos sociales energéticos, la gestión y el despliegue se dejaron en manos de los gobiernos autonómicos, así como cuál es la definición de "familia vulnerable" en cada territorio.

Estas tarifas del bono social deben ir destinadas a "colectivos con rentas bajas o necesidades especiales", según la OCU, aunque un futuro decreto del gobierno español deberá detallar exactamente qué tipos de familias se incluyen dentro de la definición de colectivo vulnerable. Además, deben contar con precios rebajados para las llamadas, para servicios de internet de banda ancha o una tarifa reducida que incluya ambos servicios.

Hasta ahora, la velocidad mínima por banda ancha de conexión a internet era de un megabit por segundo (Mbps), una cifra que ahora se incrementa en los 10 Mbps y en un futuro irá aumentando hasta los 30 Mbps y los 100 Mbps. Estos mínimos de conexión no son responsabilidad de las operadoras, sino directamente del titular de la red.

Las operadoras lanzan ofertas

Por el momento, aunque el decreto no se ha aprobado, cuatro de las principales compañías de telefonía que operan en el Estado ya han sacado tarifas especiales de carácter social, según una recopilación de la propia OCU. Movistar es la que tiene mayores ofertas, que ofrecen internet entre 300 Mb y 1 GB y línea de teléfono fijo entre 14,24 y 28,24 euros al mes. Estos precios sólo se aplican a pensionistas con un nivel determinado de renta.

MásMóvil ofrece dos tarifas, una por 15 euros mensuales y otra por 18, que incluyen internet a 100 Mb en ambos casos y telefonía fija, que en el caso de la segunda tarifa más cara también incluye 1 Gb de conexión online y llamadas ilimitadas para móvil. En este caso, para contratar estos servicios se debe contactar con la ONG Innicia, con sede en Madrid, demostrando unos ingresos inferiores a un 50% del IPREM (el índice que marca buena parte de las prestaciones sociales al Estado como el subsidio de paro o las becas), aunque en el caso de familias con hijos los requisitos son más laxos.

Orange tiene una tarifa social de 14,95 euros para personas que cobren el ingreso mínimo vital (IMV), que incluye 500 Mb de internet, teléfono fijo y 3 Gb de internet para móvil sin límite de llamadas.

Por último, Vodafone también ofrece servicios especiales para colectivos vulnerables con dos ofertas, una de 10 euros al mes por internet en el móvil de 30 Gb sin límite de llamadas, y una segunda de 25 euros que añade 30 Mb de conexión fija a internet y teléfono en casa. Sólo pueden acceder pensionistas de más de 65 años con unos ingresos familiares inferiores al 120% del IPREM, jóvenes menores de treinta años que busquen trabajo activamente y titulares del IMV