El gobierno español aprueba un subsidio de 430 euros mensuales para parados sin ingresos

MadridEl consejo de ministros de este martes ha dado luz verde a un subsidio para personas que se han quedado sin trabajo y han agotado cualquier otra prestación durante la pandemia. Lo ha anunciado la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno español, María Jesús Montero, en rueda de prensa.

En concreto, se trata de una prestación para dar cobertura a aquellas personas que entre el 14 de marzo y el 30 de junio recibían una prestación pero ahora se han quedado sin ella y tampoco tienen acceso a otras prestaciones ni a la posibilidad de buscar trabajo o incorporarse en el mercado laboral, fruto de las restricciones impuestas para afrontar la pandemia durante el estado de alarma. La cantidad total será el 80% del IPREM, es decir, 430 € durante tres meses. Según el gobierno español, el subsidio tendría que llegar a casi medio millón de personas que han perdido el trabajo en este contexto y fruto del covid-19.

Los beneficiarios de la ayuda tendrán que estar en situación de paro e inscritos en el sistema público como demandantes de ocupación. Además, el subsidio no será complementario con la percepción de la renta mínima, un salario social o cualquier otra ayuda de alguna de las administraciones públicas.

La medida, que nace del ministerio de Trabajo, ya acumulaba un importante retraso desde que el departamento que dirige Yolanda Díaz la empezó a negociar con los sindicatos mayoritarios y las patronales en verano. De hecho, los propios sindicatos CCOO y UGT ya apuntaron en su momento que si no salía adelante antes era fruto del bloqueo que presentaba el ministerio de Hacienda. Una crítica que este martes han reiterado diciendo que el subsidio "llega tarde y mal". En un comunicado conjunto, CCOO y UGT han denunciado que la puesta en marcha ahora de la medida ha significado "el incumplimiento de un acuerdo que ya se aprobó hace meses" y que, fruto de esto, no llegará a todas las personas que se había calculado.

La prestación extraordinaria para personas desocupadas se recogerá en un real decreto que este martes ha aprobado el consejo de ministros y que también incluye nuevas prestaciones para el sector de la cultura.

Además, el consejo de ministros ha informado del reparto de 26,4 millones de euros recaudados a través del 0,7% del impuesto sobre sociedades, la conocida popularmente como casilla solidaria de las empresas, que llegarán a casi 300 entidades del tercer sector, según ha explicado la portavoz del gobierno español, María Jesús Montero.

Air Europa, rescatada

El rescate de 475 millones de euros de la aerolínea Air Europa ha sido otra medida aprobada en el consejo de ministros. Es la primera gran empresa rescatada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a través del fondo de 10.000 millones de euros para salvar grandes empresas consideradas estratégicas afectadas por la pandemia. La aerolínea, propiedad de la familia Hidalgo, tendrá seis años para devolver el préstamo. La empresa perdió un 95% de actividad entre enero y junio.

Montero también ha detallado algunas de las condiciones técnicas que regulan el rescate: en un posible caso de compraventa o posibles alianzas de Air Europa, el SEPI tiene el derecho de dar el visto bueno. A la vez, podrá nombrar dos consejeros de Air Europa y negociar con la empresa el puesto de consejero delegado. Finalmente, cualquier regulación de la plantilla tendrá que estar autorizada por el órgano público.

Nuevo marco para las subastas de renovables

A propuesta del ministerio para la Transición Ecológica, el consejo de ministros también ha aprobado el real decreto a través del cual se regula el proceso de subasta de las energías renovables y su nuevo régimen económico como mínimo para los próximos cinco años. El gobierno español busca establecer un calendario más claro en la celebración de subastas en que los participantes ofrecerán el precio que están dispuestos a cobrar por la energía generada. La principal novedad es que desaparecen las primas a la instalación de plantas renovables y se garantiza un precio de venta de la energía para los promotores durante este periodo de cinco años. La primera licitación se hará antes de que se acabe el año.