El gobierno español plantea subvenciones de un mínimo de 4.000 euros para los contratos fijos iniciales

MadridEl ministerio de Trabajo y los agentes sociales, sindicatos y patronales, han iniciado una nueva mesa de negociación, esta vez alrededor de las políticas de empleo, es decir, las que se dirigen a fomentar la inserción laboral, la orientación o la formación, pero también a sacar adelante incentivos empresariales que favorezcan la contratación. Precisamente, el departamento que dirige Yolanda Díaz ha empezado a trabajar con los agentes sociales un futuro real decreto que en su artículo 17 plantea una modificación de los programas de incentivos para la contratación.

Concretamente el ministerio plantea una subvención de hasta 4.000 euros para contratos iniciales indefinidos y a jornada completa (5.500 en caso de discapacitado), y la misma cantidad si se transforma un contrato temporal o formativo a indefinido.

La cifra se incrementa hasta los 5.500 euros cuando se trate de personas que participen en programas de ocupación y reciban alguna prestación social como el ingreso mínimo vital, mayores de 45 años o con algún grado de discapacidad. En este sentido, sin embargo, la subvención podría ascender hasta los 7.000 euros si se trata de trabajadores con discapacidad que todavía tengan más dificultades para acceder al mercado laboral, personas en riesgo de exclusión social o parados mayores de 45 años de larga duración.

Además, todas las subvenciones previstas se pueden incrementar hasta los 2.000 euros cuando la contratación indefinida "se realice por un trabajador autónomo o por una cooperativa o sociedad laboral que contrate a su primer empleado", según recoge el borrador.

De este modo, el real decreto, que por ahora es solo un primer borrador, planteado por el ministerio de Trabajo, busca "reforzar" las herramientas de ocupación que permitan afrontar la desocupación y potenciar la integración laboral "de aquellos colectivos que presenten más dificultades para acceder al mundo laboral". De hecho, el real decreto identifica a tres colectivos concretos: las personas desocupadas, sobre todo las de larga duración que estén registradas en los Servicios Públicos de Ocupación, los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y los ocupados registrados como demandantes de trabajo y que quieran mejorar su situación. Además, el real decreto quiere establecer normas públicas en paralelo a los programas de las comunidades autónomas y que las comunidades las puedan adoptar para ejecutar parte del presupuesto que se destina a esta materia.