Los grandes retos económicos de la legislatura más difícil de Sánchez

MADRIDLa legislatura española comienza a andar y con ella lo hacen los deberes económicos del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Algunos les ha marcado el mismo ejecutivo, otros vienen impuestos por la coyuntura macro y también algunos son fruto de los pactos con los distintos partidos para investir a Sánchez. De entrada, el ejecutivo ha optado por el continuismo blindando los rostros de las cuatro principales carteras de esta área: Nadia Calviño (PSOE) en Economía; María Jesús Montero (PSOE) en Hacienda; Teresa Ribera (PSOE) en Energía y Yolanda Díaz (Sumar) en Trabajo.

Asimismo, Sánchez se aferra a la mejora de los datos respecto a 2019 para insuflar optimismo para los próximos cuatro años: afiliación en máximos históricos, tasa de paro descendiendo y uno de los crecimientos económicos más vigorosos de la Unión Europea. Sin embargo, también sobrevuelan sombras: el impacto sobre la actividad de la subida de los tipos de interés para combatir la inflación, la pérdida de poder adquisitivo, el retorno de las reglas fiscales, así como los síntomas de desaceleración en el conjunto del Viejo Continente.

Presupuestos y reglas fiscales

La llamada sostenibilidad fiscal definirá los presupuestos generales del Estado de 2024. Es el primer gran reto que tiene el ministerio de Hacienda, si no quiere prorrogar las cuentas públicas actuales. La responsable de la cartera, María Jesús Montero, confía en tenerlos en marzo. El primer paso será presentar el techo de gasto y confirmar los objetivos de déficit y deuda para el próximo año (también los objetivos para comunidades autónomas, ayuntamientos y la Seguridad Social). Fuentes de Hacienda consultadas por el ARA apuntan que esto puede estar resuelto antes de terminar el año.

Serán unos presupuestos marcados por el retorno de las reglas fiscales, que serán las de antes del cóvido o unas nuevas en función de si los Veintisiete se ponen de acuerdo para una reforma. El gobierno debe cuadrar ingresos y gasto, en un equilibrio que todavía estará marcado por la continuidad de algunas medidas anticrisis. El objetivo es dejar el déficit de 2024 en un 3% del PIB y la deuda en un 106%. Así, se cumpliría con el pacto fiscal europeo en lo que se refiere al primer aspecto, pero se incumpliría el segundo.

Con todo, continuarán llegando fondos europeos vinculados al Plan de Recuperación, que inflarán el presupuesto, sobre todo en forma de préstamos. El reto principal será su ejecución, limitada a finales de 2026, aunque se ha encontrado una brecha con Bruselas para alargarla.

El Ibex 35 en el punto de mira de los impuestos

Tanto en el sector bancario como en el energético se da por supuesto que estarán en el punto de mira. El gobierno de Sánchez deberá resolver cómo quiere hacer permanentes, tal y como se recoge en el acuerdo entre PSOE y Sumar, los dos impuestos que ahora afectan a estas actividades y que decaen el año que viene. Lo mismo ocurre con el impuesto a los ricos, que busca que aquellos grandes patrimonios que ahora se benefician de las bonificaciones autonómicas sobre el patrimonio tributen por su riqueza. Sin embargo, de fondo existe la presión de asumir una reforma fiscal que organismos como la OCDE llevan tiempo reclamando y que solucione los agujeros que tiene actualmente el sistema español: desde tocar los tipos del IVA hasta reformular l impuesto de sociedades o ampliar la llamada fiscalidad verde.

La (no) reforma del modelo de financiación

A Montero también se le da trabajo con las comunidades autónomas. Por un lado, habrá que concretar todo lo pactado con ERC y Junts: desde la condonación parcial de la deuda autonómica del FLA hasta la "singularidad fiscal" de Catalunya o la "cesión del 100%" de los tributos, como vuelo Juntos.

El primer caso, el de la condonación de la deuda, también salpica al resto de comunidades autónomas y, por ello, el ministerio deberá aprobar una ley donde se fijen los criterios de la misma. De hecho, Andalucía, Galicia o Madrid ya han pedido convocar al consejo de política fiscal y financiera (CPFF). El centro de estudios Fedea ha estimado que la medida supondrá unos 88.000 millones de euros a favor de las comunidades de régimen común (todas menos Navarra y País Vasco), un cálculo que desde la cartera de Montero apuntan a que va en la buena dirección.

Los demás frentes también están estrechamente atados al modelo de financiación autonómica que tienen las comunidades de régimen común ya su reforma. El último paso en esta dirección fue repensar el criterio de población ajustada, importante a la hora de repartir el dinero. Pese a que la Generalitat reclama una negociación bilateral por hablar de ello, esta materia siempre ha terminado en el CPFF.

Del salario mínimo a la vivienda

Año nuevo, nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). Díaz quiere convocar ya a sindicatos y patronales para negociarlo. Pero la clave del SMI será si el gobierno es capaz de blindar por ley que éste siempre sea el 60% del sueldo medio en España.

Los demás retos laborales son la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una reforma de las prestaciones por desempleo o tocar las indemnizaciones por despido, como exigen los sindicatos.

Lo que puede suponer una piedra en el zapato en materia social es la revisión en 2025 de la reforma de las pensiones. El Airef deberá evaluar si existe equilibrio entre gasto e ingresos; en caso contrario, serán necesarias nuevas medidas. En 2025 también habrá que volver a revisar el nuevo sistema de cotización de los autónomos.

En cuanto a la vivienda, el gobierno no sólo debe dibujar el índice para que las comunidades puedan regular el alquiler en las zonas tensadas, sino que también debe aprobar un indicador que sustituya al IPC a la hora de actualizar la renta anual. En el caso de las hipotecas, hasta finales de 2024 habrá desplegado el código de buenas prácticas adicional, que debería desaparecer cuando se normalicen los tipos. La subida de éstos por parte del BCE también sitúa en el punto de mira a la morosidad.

Hacia las emisiones cero

Con la reforma del mercado eléctrico en Europa, la previsible continuidad temporal de la excepción ibérica y la puesta en marcha de la nueva tarifa regulada de la luz, el gobierno español confía en poder respirar en cuanto a los precios eléctricos. Ahora bien, el gran reto será qué energías les marcan. En verano de 2024 deberá aprobarse definitivamente el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que definirá el despliegue de las renovables hasta 2030 o elementos esenciales como el almacenamiento. El desmantelamiento de las nucleares se mantendrá según lo previsto, mientras que el gobierno deberá decidir qué hace con las primeras concesiones de centrales hidroeléctricas que decaen.