Energía

El impuesto sobre las eléctricas, la pugna (de nuevo) entre PSOE y Unidas Podemos

El precio de la luz subirá el jueves hasta los 259 euros/MWh a pesar del tope del gas

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La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la entrada de un acto este miércoles en Madrid.

MADRIDEl impuesto sobre las eléctricas vuelve a marcar la pugna entre los dos socios de coalición del Gobierno español, PSOE y Unidas Podemos. Dos semanas antes de que decaiga el decreto de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra, las dos formaciones están negociando su prórroga durante tres meses más, es decir, qué medidas continúan y cuáles se modifican o si se introducen nuevas, como por ejemplo un impuesto sobre las eléctricas, como pide Unidas Podemos. De hecho, es precisamente en este último punto donde las posiciones están más alejadas.

Desde la formación lila lo tienen claro. "Necesitamos actuar ya y no [esperar] a los presupuestos generales del Estado", ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este miércoles en referencia al tributo sobre este tipo de compañías. "Todo es posible cuando hay voluntad política y no nos entretenemos en los debates jurídicos", ha insistido Díaz ante los medios de comunicación. La ministra de Trabajo también ha reiterado que ante el incremento de los precios "las rentas salariales ya no dan para más". De hecho, mientras la inflación escala a niveles que no se habían visto en los últimos 30 años, la actualización de los salarios se está quedando muy por debajo y esto está generando una pérdida del poder adquisitivo de la población.

En cambio, desde el PSOE se desmarcan de esta inmediatez. Las palabras de Díaz responden al planteamiento de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que este martes abrió la puerta a introducir en los presupuestos generales del Estado para 2023 “medidas excepcionales también desde el punto de vista fiscal” sobre los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. En concreto, Ribera hizo referencia a esta posibilidad respecto a las gasolineras y también eléctricas que han obtenido beneficios importantes por el funcionamiento del mercado mayorista eléctrico: todas las energías se cobran al precio de la más cara, es decir, el gas. “Será importante ver si necesitamos una fiscalidad adicional para las eléctricas y si hace falta una fiscalidad especial para el gas y el petróleo”, planteó la ministra. En la misma línea se ha pronunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero: los decreto ley no pueden poner en marcha medidas de este tipo. Hay que encontrar el vehículo más adecuado", ha dicho Montero este miércoles.

Fuentes del ministerio de Transición Ecológica añaden que la modificación de un impuesto como el de sociedades –en caso de que este se incrementara para las eléctricas– implica "tocar la normativa ordinaria". "Cada cosa tiene que tener su ámbito. También se está dando vueltas a la reforma fiscal", apuntan, y reiteran la opción de plantear la medida para más adelante. De hecho, este es un caballo de batalla que Unidas Podemos ya aportó el día en el que presentó su reforma fiscal, donde proponía aumentar un 10% el impuesto sobre sociedades a las grandes eléctricas como mínimo durante cinco años.

En cualquier caso, este miércoles Ribera sí que ha confirmado que, a quince días de que expire la bonificación a los carburantes, el Gobierno no ha encontrado una fórmula ágil para limitar la aplicación en ciertos colectivos, por lo que alargará la ayuda para toda la ciudadanía. De este modo, queda atrás la opción de tener en cuenta el nivel de renta, a diferencia de lo que había planteado Unidas Podemos. "Todo parece, por ahora, que lo que es recomendable es continuar manteniendo este descuento generalizado", ha apuntado Ribera en una entrevista a Telecinco.

Sin embargo, esta no es la única modificación que Unidas Podemos quiere introducir en el paquete de medidas. La formación lila también está negociando una reducción del precio del transporte público (abonos mensuales a 10 euros) a través de un fondo de ayuda para municipios y comunidades autónomas. Una medida que fuentes del ministerio de Hacienda también enfrían por su poca concreción y por el poco margen de tiempo. Además, Podemos también negocia un refuerzo del bono social eléctrico ampliando la extensión.

El gas, disparado

Mientras el Gobierno negocia, el precio de la luz sigue subiendo. A pesar de la introducción del tope del gas, la alta demanda de electricidad por la ola de calor, la caída de la producción de energías renovables como la eólica y el incremento del precio del gas los últimos días están diluyendo el efecto de la llamada "excepción ibérica". Mañana el jueves el precio del mercado mayorista escalará hasta los 259 euros/MWh, el nivel más alto desde abril.

En concreto, el precio medio de el pool se situará en 170 euros/MWh. A esta cifra, sin embargo, hay que sumar una compensación de 88,20 euros por el precio real del gas (97 euros, un 22% más caro que este martes) que pagarán las centrales de ciclo combinado. En total, 259 euros, 34 euros más que este miércoles. Sin el mecanismo los precios habrían subido en el entorno de los 275 euros/MWh, apuntan desde el ministerio de Transición Ecológica.

La situación, sin embargo, está marcada por "la excepcionalidad", recuerdan desde OMIE, el operador del mercado. En concreto, las centrales de ciclo combinado, es decir, el gas (la tecnología más cara), vuelven a tomar mucho protagonismo por la alta demanda de electricidad (y cuanto más gas se necesita, más caro es). De hecho, mañana jueves se registrará la segunda programación de ciclos combinados más alta de la historia y será la segunda vez desde el año 2008 en la que el gas será la energía con más peso en el mix eléctrico (398 GWh), tal como se desprende de los datos publicados por OMIE.

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