El Govern ha concedido 27.471 ayudas a jóvenes para el pago del alquiler este 2024, con una cuantía total de 67 millones de euros. Esta ayuda para personas menores de 35 años no consiste en dar una cantidad fija, sino que se ajusta al esfuerzo que supone para cada persona en función de sus ingresos, con un máximo de 250 euros y un mínimo de 20 .También se tiene en cuenta la situación geográfica.
España lleva una década con el 45% de los inquilinos en riesgo de pobreza
Las demarcaciones de Barcelona y Madrid concentran cerca de un tercio del déficit acumulado de viviendas
BarcelonaLos inquilinos españoles llevan una década viviendo una situación muy delicada. En el período 2015-2023, el 45% de la población que residía en viviendas de alquiler se encontraba en riesgo de pobreza o de exclusión social. Se trata de la mayor proporción dentro de la Unión Europea, donde esta situación de precariedad afecta al 32% de los inquilinos de media.
Son datos que recoge el último informe del Banco de España sobre el mercado de alquiler, publicado este miércoles, y que examina su evolución desde la crisis de 2008. A grandes rasgos, el número de contratos de alquiler aumentado de forma significativa desde entonces, al tiempo que el precio ha crecido notablemente desde 2015, sobre todo en grandes zonas urbanas, como resultado de una demanda superior a la oferta.
Jóvenes y extranjeros han sido los colectivos que han impulsado la demanda de alquiler en este período. De hecho, en los últimos 20 años, los nuevos hogares de alquiler que más han aumentado son los de los colectivos más jóvenes. Si en 2007 los hogares en los que la persona de referencia no superaba los 30 años eran el 32,2%, el pasado año ya representaban el 56,6% del mercado del alquiler. En el caso de los hogares en los que la persona de referencia tiene entre 30 y 40 años, han pasado de ser el 18% del total en 2007 al 34,3% el pasado año.
El 90% de los alquileres, en manos de particulares
Otro dato destacado del informe es que este aumento de la oferta de alquiler se ha visto impulsado por particulares, que de 2012 a 2022 han colocado 100.000 viviendas anuales en el mercado. Esto ha provocado un aumento del peso de los propietarios particulares en el mercado del alquiler, y representan más del 90%, según datos de 2021. El peso de las sociedades es del 8% (en Cataluña es del 11%).
Todo ello ha provocado que la economía española destaque entre los países de la Unión Europea por la cantidad de hogares en régimen de alquiler que se encuentran en una situación de sobreesfuerzo cuando deben afrontar el pago de un alquiler. Estos hogares se encuentran especialmente en las grandes áreas urbanas y zonas de actividad turística. Los esfuerzos han provocado, al mismo tiempo, un retraso de la edad de emancipación de los más jóvenes: el porcentaje de personas entre 18 y 34 años que residen con sus padres ha crecido 13 puntos porcentuales desde 2008, hasta el 66% de 2022. Se trata del mayor aumento entre las grandes economías europeas.
"El análisis presentado señala un crecimiento insuficiente de la oferta de viviendas de alquiler residencial para absorber el sostenido aumento de la demanda. Esta rigidez relativa de la oferta de alquiler de vivienda habría resultado en un crecimiento de los precios del alquiler que, de media, se situaría por encima del aumento de la renta de los hogares arrendatarios", concluye el informe del Banco de España. El aumento de la oferta residencial se ha visto limitado por otras modalidades, como alquileres turísticos y de temporada. En concreto, los alquileres de temporada representan a más del 40% de la oferta total en Barcelona.
La institución también advierte que estos problemas de accesibilidad y la actual tensión en el mercado de alquiler podrían mantenerse frente a las dinámicas demográficas recientes y los datos de construcción y rehabilitación de viviendas.
Defensa de la "intervención pública"
Este elevado esfuerzo asociado al alquiler, asegura el Banco de España, puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican "la intervención pública", pero no concreta nuevas medidas, sino que remite al informe anual ya publicado, donde la institución proponía impulsar la oferta de alquiler social, fomentar la colaboración público-privada o desarrollar nuevo suelo. Como ha señalado anteriormente, la institución pide medidas a largo plazo que involucren a las diferentes administraciones públicas y pongan un "foco especial" en el estímulo de la oferta de vivienda.
"La actual rigidez de la oferta de alquiler indicaría la necesidad de seguir avanzando en el incremento del parque de vivienda pública de alquiler a precios asequibles", concluye la institución, que también apuesta por diseñar un marco regulador que estimule el oferta de alquiler residencial por parte de los particulares. Asimismo, también pide diseñar políticas públicas que eviten que "algunas iniciativas" acaben generando efectos indeseados.
Si hay algún cambio respecto a informes anteriores, es sobre el déficit de viviendas. Si bien en abril la institución decía que España acumulará un déficit de 600.000 viviendas entre 2022 y 2025, en otro informe también publicado hoy sobre el mercado de la vivienda el Banco de España reduce esta cifra a 500.000 viviendas. Esto se explica porque los datos provisionales sobre el número total de hogares a mediados de este año apuntan a una desaceleración en el ritmo de creación neta de hogares. Cerca de un tercio del total del déficit de medio millón de hogares acumulado se encuentra en las provincias de Madrid y Barcelona.