El Gobierno destina 251 M€ adicionales a la promoción de vivienda pública asequible
El ejecutivo catalán también abre un nuevo concurso a promotores individuales para construir 783 hogares
BarcelonaEl Gobierno refuerza su objetivo de construir 50.000 viviendas públicas hasta 2030 con el anuncio de una nueva inversión. Este martes, el ejecutivo catalán ha autorizado al Institut Català del Sòl (Incasòl) a destinar 251,8 millones de euros adicionales a la promoción de hogares públicos asequibles, una cifra que sale de los remanentes de tesorería del ejercicio 2025 y que se podrá utilizar a lo largo de este 2026. "Esta medida debe permitir ampliar la contribución del Incasòl para hacer frente a la situación del mercado de la vivienda, así como la necesidad de ampliar el parque público", especifican los acuerdos de Gobierno publicados este martes, donde también se indica que el ejecutivo está trabajando en "otras vías" para ampliar la oferta de vivienda actual.
En este sentido, la administración –a través de la Agència de l'Habitatge de Catalunya– ha abierto hoy un concurso para encontrar promotores individuales interesados en construir 783 hogares públicos en 59 solares de 40 municipios. La mayoría de las parcelas son solares pequeños, con capacidad para 20 viviendas o menos.
De estos, 38 solares situados en 27 municipios –con un potencial para levantar 526 viviendas– provienen de ayuntamientos, los cuales los cedieron ante la falta de medios técnicos para poder convocar ellos mismos un concurso público. Según detalla el Gobierno, es la primera vez que la Generalitat licita la construcción en solares que no son de su titularidad.
En cuanto al resto, 16 solares situados en 8 municipios –y que pueden llegar a acoger 201 hogares– son propiedad directa del Incasòl, mientras que las cinco parcelas restantes –con capacidad para 56 viviendas– tienen la Generalitat como titular.
Este martes, el Gobierno ha anunciado la publicación de la ficha de los 59 terrenos en la Plataforma de Contractació de la Generalitat, un fichero que va acompañado de un formulario para que los promotores presenten su solicitud, junto con el pliego que regirá la licitación. Una vez un promotor presenta una solicitud, queda abierto el concurso para aquel solar en el plazo de un mes. El resto de parcelas permanecerán en la Plataforma de Contractació hasta que haya un promotor interesado en construir en ellas.
Menos burocracia en áreas rurales
En línea con el objetivo de agilizar la creación de vivienda en Cataluña, el Govern también ha aprobado este martes un decreto ley para reducir la burocracia en los municipios rurales. Según el ejecutivo, la medida "quiere impulsar el equilibrio territorial y el arraigo de la población" en los 590 municipios de Cataluña que tienen la condición de rural, cerca de un 62% del total en el país.
Según datos presentados por el ejecutivo catalán, más de un 80% de los municipios de menos de 2.000 habitantes tan solo disponen de planteamientos generales sobre vivienda aprobados de hace al menos 15 años. De la misma manera, solo un 45% de las localidades con menos de 2.000 residentes cuentan con un Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). Para el Govern, "esta situación dificulta la capacidad de estos ayuntamientos para dar respuesta a los retos demográficos, de vivienda y económicos que vive actualmente el país".
Una de las principales novedades que incluye el decreto ley es la creación del POUM rural, un nuevo instrumento de planteamiento urbanístico destinado a este tipo de poblaciones. Desde el ejecutivo ponen de relieve que este nuevo instrumento –que tiene el mismo valor jurídico que un POUM ordinario– "introduce medidas para una tramitación más ágil y una documentación y evaluación ambiental simplificadas".
Así, el Govern defiende que la nueva herramienta alcanza "una proporcionalidad entre contenido y complejidad real del municipio", un equilibrio que considera "clave" para "acortar los plazos" y gestionar "la complejidad de las tramitaciones".
Por otra parte, la administración catalana crea un catálogo que recoge edificaciones del mundo rural sin valor patrimonial específico, pero susceptibles de ser recuperadas con determinadas condiciones para usos como la residencia habitual. Finalmente, el decreto ley incorpora medidas en materia de contratación pública para simplificar los procedimientos y reducir los plazos de contratación.
