El tercer sector reclama reconocimiento jurídico y soporte financiero como operador de vivienda social
Las entidades sociales proponen siete medidas para transformar las políticas de vivienda
BarcelonaEl tercer sector reclama a la administración que se le reconozca legalmente como operador de vivienda social y poder entrar así en el diálogo social y político para tener voz y voto en materia de políticas de vivienda. "Las entidades sociales estamos gestionando más de 4.000 viviendas en Catalunya, más del triple que en 2017, pero necesitamos un reconocimiento, más financiación y capacidad para movilizar la vivienda vacía en manos de grandes tenedores", ha apuntado esta mañana el co-coordinador del grupo de trabajo de políticas de vivienda de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Catalunya.
En un encuentro este miércoles en la Fundación Bofill, la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña ha presentado el informe La crisis de la vivienda: respuestas y propuestas del Tercer Sector Social, en el que recoge cómo las entidades sociales están afrontando la emergencia habitacional y qué medidas legislativas y de política pública proponen para combatir la pobreza y la exclusión residencial en Cataluña.
En una mesa redonda posterior, en la que han participado Mijail Acosta (representante de las entidades gestoras de vivienda de ECAS), Judit Barrera (directora de proyectos en Cohabitac), Rubén Domínguez (responsable del área de Accesibilidades de ECOM) y Sònia Lacalleres y moderada por el director adjunto del diario ARA, Ignasi Aragay, se ha puesto de manifiesto la necesidad de "ver la vivienda como un bien común" y también "de implicar a los derechos sociales en el paradigma de la emergencia habitacional".
Las propuestas del sector
El estudio, elaborado por Raluca Cosmina, Ignasi Martí y Mireia Yter, los tres del Instituto de Innovación Social de Esade, analiza el contexto de emergencia habitacional y pone en valor el papel del tercer sector social. El trabajo también formula una hoja de ruta con propuestas concretas. Las principales medidas que reclaman son, por un lado, financiación estructural para el tercer sector social en materia de vivienda, y "evitar así depender de subvenciones inestables e intermitentes". Asimismo, reclaman el reconocimiento jurídico del tercer sector social como operador público no lucrativo de vivienda social, más allá del rol de ejecutor puntual. En este sentido, proponen la creación de un registro oficial de proveedores sociales de vivienda –como ya ocurre en otros países europeos– y una regulación clara que dé continuidad a los proyectos.
La propuesta también busca garantizar el acceso efectivo del tercer sector social al parque de vivienda movilizado ya instrumentos de tanteo y retracto; construir un sistema público y compartido de indicadores para medir el impacto social de la vivienda gestionada por el tercer sector social, "que vaya más allá del recuento de pisos y permita medir el valor real generado cuando una familia sale de la exclusión residencial"; desarrollar un marco normativo y fiscal específico para fomentar la cesión de viviendas con finalidad social; fomentar la innovación y la diversificación de modelos de vivienda social adaptados a la complejidad actual e incorporar al tercer sector "como agente estratégico y estructural en la definición y gobernanza de las políticas públicas de vivienda".
"Estamos ante una posible ruptura muy relevante de la cohesión social", ha avisado Batllori al terminar. "Se necesita más dinero, pero también hay que alejar la vivienda de la especulación, movilizar la vivienda vacía, aprobar la ley de sinhogarismo, aplicar algunas de las políticas que hemos explicado teniendo en cuenta que la vivienda ya no es sólo elemento de exclusión para unos grupos vulnerables, sino que avanza hacia grupos de gente con ingresos regulares, pero que no tienen acceso".
De hecho, durante la sesión, se ha remarcado el problema de vivienda enquistada en las capas de población más vulnerables, en especial la inmigración, pero también la extensión del problema entre las clases medias y los jóvenes. Y, al mismo tiempo, se ha hecho énfasis en combatir los discursos de odio que distorsionan la visión de las políticas sociales, también las de vivienda.
