BarcelonaEl Parlament ha aprobado este jueves la esperada ley para regular el alquiler de temporada y habitaciones. El objetivo de la norma es evitar que se utilicen estas modalidades de forma fraudulenta para eludir el tope de precios al alquiler, en vigor en todo el Estado desde marzo del 2024. La iniciativa, pionera en España, ha obtenido la luz verde gracias a los votos a favor de PSC, ERC, Comuns y la CUP.
Juntos ha votado a favor de algunos artículos de la ley, pero ha rechazado el núcleo de la norma, y precisamente había llevado el texto, al igual que el PP, ante el Consejo de Garantías Estatutarias. El órgano avaló la norma excepto un artículo, en lo referente a la prórroga de la condición de protección oficial de pisos en zonas tensadas. El texto definitivo ha blindado este elemento con la incorporación de diversas enmiendas de los grupos impulsores. PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.
¿Qué dice la ley?
El texto final deja claro que los arrendamientos de un inmueble para vivir quedan sometidos a la ley de vivienda, con independencia de la duración del contrato (por tanto, también los que se hagan a estudiantes oa trabajadores que se desplazan por trabajo). Sólo quedarán fuera los alquileres para vacaciones o con fines recreativos, debiendo dejarse constancia documental. Por otro lado, el precio conjunto que pagan todos los inquilinos de un piso alquilado por habitaciones no podrá superar el tope que se aplicaría si se alquilara entero.
Todo parte del decreto ley del Gobierno que se aprobó en abril, que incluía, entre otras cosas, la agilización de trámites urbanísticos. De esta norma después salió el proyecto de ley para regular el alquiler de temporada que el Parlament ha tramitado en estos últimos meses. En este tiempo, se han incorporado algunas de las enmiendas de los grupos y ha pasado por el Consejo de Garantías Estatutarias. La nueva ley, además de regular los alquileres temporales, incorpora los cambios legales para incluir en la ley catalana el reconocimiento de la figura del inspector –que es independiente de la creación del cuerpo ya pactado– y blindar la vivienda de protección oficial –unos 35.000 pisos que debían pasar al mercado libre conservarán esa condición.
La inspección será a partir de ahora la cuestión más importante porque determinará la capacidad del Gobierno para hacer cumplir esta norma. De hecho, sobre el cumplimiento del tope en los alquileres, regulado en la ley de vivienda estatal, todavía no se ha impuesto ninguna sanción un año y medio después de su entrada en vigor. Sin embargo, el Gobierno tiene sobre la mesa 30 expedientes abiertos. "Necesitamos un control proactivo, sanciones y un gobierno que haga valer la soberanía del Parlament para garantizar que la regulación es real y efectiva", ha afirmado el Sindicato de Alquiladoras en este sentido.
El texto también incorpora la creación del registro de grandes tenedores –que ya venía de la anterior legislatura y que el Gobierno reactivó en febrero–, al que deberán inscribirse todas las personas jurídicas o físicas con cinco o más viviendas: las que no lo hagan se expondrán a multas de entre 9.000 y 90.000 euros, amparadas en la regulación de la ley de vivienda. El registro dependerá de la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y será de acceso público –cualquier persona que introduzca el DNI o el NIF de un propietario podrá comprobar si es o no un gran tenedor– sólo en el caso de los pisos de personas jurídicas, y no de las personas físicas.
Un año y medio de negociaciones
Con la aprobación de este jueves, el Parlament ha puesto punto y final a un proceso que comenzó hace año y medio. En abril del 2024 el gobierno de Pere Aragonès presentó un decreto ley del Govern para regular el alquiler de temporada, que recibió el apoyo de la CUP y Comuns, pero que la cámara catalana tumbó con los votos del PSC y Junts un mes más tarde. La regulación no se reanudó hasta un año más tarde, con un acuerdo inédito entre precisamente estas fuerzas –ERC, Comuns y CUP– y el nuevo ejecutivo de Salvador Illa, que venía de fijar la vivienda como elemento prioritario de la legislatura.
Los tres partidos de izquierdas accedieron a salvar el decreto de medidas urgentes sobre vivienda con tal que el Gobierno se comprometiera a regular el alquiler de temporada. No fue hasta octubre cuando el Parlament desatascó la regulación, con el trámite de ponencia para su aprobación definitiva como ley, algo que se ha producido este jueves.
El Sindicato de Inquilinos, quien inicialmente había impulsado la ley, ha asegurado que se trata de un primer paso, pero ha dicho que en febrero habrá que aprobar una modificación de la ley de arrendamientos urbanos en el Congreso que blinde la norma catalana ante el Tribunal Constitucional y que tape los agujeros de la ley de vivienda estatal. De hecho, el PP ha anunciado este mismo jueves que llevará la norma al Tribunal Constitucional (TC), al considerarla un "ataque a la propiedad privada y al derecho a la propiedad".
En estos momentos, en el Congreso hay otra vía abierta para regular el alquiler de temporada y de habitaciones, a través de una proposición de ley impulsada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. Sin embargo, el texto está atascado por el veto de Junts y no se prevé ningún movimiento hasta el próximo año.
El Gobierno prevé movilizar 8.000 M€ para promover las viviendas públicas del plan 214.000
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha explicado este jueves que el ejecutivo catalán movilizará 8.000 millones de euros para la promoción de las viviendas públicas previstas dentro del plan para realizar 214.000 viviendas, que prevé que la mitad serán de protección oficial.
Este dinero, por tanto, será para la promoción de unos 100.000 pisos, a razón de 4.000 millones de euros por paquete de 50.000, la cuantía prevista para financiar el primer plan anunciado hace un año por Salvador Illa, que consiste en la reserva de solares para construir 50.000 viviendas protegidas con una.