Airef propone que los futuros funcionarios se incorporen al sistema público y salgan de Muface
El organismo detecta que un 70% de los mutualisas son atendidos en el sistema público cuando la patología es grave


MadridMuface vuelve a estar en el punto de mira. Pero esta vez el motivo no es una nueva licitación pública para dar asistencia sanitaria privada a los funcionarios (1,6 millones de personas), sino un análisis realizado por la Autoridad Fiscal Independiente (Airef) sobre su eficacia y eficiencia. A grandes rasgos, el Airef propone que los futuros funcionarios dejen de ir a mutuas y se incorporen al sistema público de salud, de forma que no sigan engordando estructuras como Muface, que se ha convertido en una anomalía en Europa. De hecho, el Estado es el único país que tiene un sistema público de salud y, al mismo tiempo, un régimen distinto para los trabajadores públicos. "Grecia y Portugal ya lo reformaron en el 2008, coincidiendo con la crisis financiera", han recordado desde el organismo que preside Cristina Herrero.
Además, el Airef propone transformar la actual adscripción obligatoria a la mutualidad a una decisión voluntaria del funcionario. En estos momentos, un mutualista está obligado a adscribirse a Muface, Isfas (ejército y guardia civil) o Mugeju (trabajadores públicos de la Administración de la Justicia) y escoger entre la modalidad pública o privada (a través de las empresas que suscriben el convenio y que para el período 2025 - 2027 son Adeslas y Ad.
Ambos cambios, sin embargo, deberían ir de la mano de un "refuerzo del sistema de salud público", matiza el organismo supervisor. La Autoridad Fiscal recomienda que un proceso como éste no se aborde desde una incorporación "inmediata", sino durante los próximos 2 o 3 años, sobre todo teniendo en cuenta las listas de espera actuales en el sistema público. Si el traspaso fuese inmediato, el Airef ha calculado que supondría de media al Estado 0,9 consultas adicionales al día en la atención primaria; Otros 24,6 pacientes por cada 1.000 habitantes (un 30% más) en consultas especializadas y un 7,2% de pacientes más que necesitan atención quirúrgica.
Cabe recordar que un sistema como Muface se financia a través de impuestos, es decir, a través de las arcas públicas del Estado, ya través de las cotizaciones de los trabajadores públicos (pagan una cuota mensual). "Si un funcionario renuncia a la mutualidad no se produciría ni una aportación del Estado ni la cotización", recordó Herrero.
Tras analizar 400 millones de datos, así como de realizar una encuesta entre funcionarios, el Airef ha detectado que en términos de eficacia, durante el periodo analizado, un 24% de los funcionarios acabaron optando por asistir al sistema público de salud. Sin embargo, la cifra se dispara hasta el 70% cuando la patología era grave o extrema, como por ejemplo una diálisis o una quimioterapia. Al mismo tiempo, en algunos casos la modalidad privada da una respuesta más rápida cuando se trata de especialidades, y Airef pone de ejemplo la dermatología o la ginecología.
Negociación con las mutuas
El informe acaba de publicarse justo después de una negociación tortuosa del gobierno español con las mutuas por la última licitación pública de Muface para el período 2025-2027. Después de que el pasado mes de octubre el convenio quedara desierto, el gobierno español entró en un toma y daca con las empresas hasta incrementar el contrato a los 4.808,5 millones de euros, 1.276 millones más que el actual convenio, con un incremento acumulado de la prima de un 41,2%. Mientras que desde el ministerio de Transformación Digital y Función Pública (PSOE), que es quien ha llevado la batuta de las negociaciones, se defendió el sistema, el ministerio de Sanidad (Sumar) planteó, precisamente, acabar con esa fórmula. "Este informe va en línea con lo que defendíamos", ha afirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, en declaraciones a los medios de comunicación.