El gobierno español plantea un incremento de los sueldos públicos de un 10% entre 2025 y 2028

Madrid / BarcelonaEl gobierno español mueve ficha en la negociación para subir los sueldos públicos y plantea un incremento salarial de un 10% para el período 2025 - 2028, según ha informado UGT en declaraciones a los medios de comunicación este miércoles. El ministerio de Función Pública y los principales sindicatos de funcionarios han vuelto a reunirse este miércoles para negociar una mejora de los salarios públicos, y la intención es verse de nuevo mañana jueves. De entrada, sin embargo, el planteamiento de la cartera que pilota Óscar López (PSOE) no convence a los sindicatos por su letra pequeña.

En concreto, Funció Pública plantea un incremento acumulado de un 10%, pero entre los años 2025 (cuando la subida debería ser retroactiva, a juicio de los sindicatos) y 2026 no podrá ser superior al 4%. De este modo, para este ejercicio los sueldos subirían un 2%, y el próximo año otro 2%. El resto de incremento salarial se aplicaría progresivamente a partir de 2027. "Para UGT es un porcentaje que complica la negociación porque se debe garantizar el poder adquisitivo", indicó Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos, en declaraciones a los medios. Sobre las movilizaciones, Araque no quiso indicar si se reanudarán o no "por principio de buena fe" y indicó que desde el sindicato esperarán a ver lo que pone sobre la mesa Función Pública en el encuentro de mañana jueves. Sin embargo, recordó que los sindicatos no descartaron "nunca" ningún escenario de movilizaciones.

A su vez, desde CCOO consideran "del todo inaceptable" la propuesta del gobierno español y afirman que supone un "insulto" para los empleados públicos. El sindicato aseguró que sólo aceptará una propuesta salarial que implique la recuperación del poder adquisitivo y amenazó con reanudar la convocatoria de un paro general en diciembre "si no hay una propuesta económica justa".

Por su parte, el sindicato CSIF entiende que esta primera oferta del Gobierno "no cubriría" la subida de precios, ya que hasta octubre de este año la inflación interanual era del 3,1%. "Los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos y, por tanto, no podemos aceptarlo", insisten desde CSIF, y han añadido que, por responsabilidad, continuarán negociando con el gobierno español.

"Hay que tener en cuenta que desde 2022, fecha del último acuerdo, los sueldos se han devaluado un 8%, y desde 2010, cuando se produjo la bajada salarial con los recortes de este año, la pérdida se eleva casi al 20%", defiende desde el sindicato Miguel Borra, el techo de gasto y, por tanto, hay margen para elevar la oferta".

Aunque el gobierno español no tiene, por ahora, un proyecto de presupuestos generales del Estado para el 2026 sobre la mesa, para los trabajadores públicos esto no puede ser un impedimento para acordar un nuevo incremento salarial. Los funcionarios llevan días presionando e incluso todo amenazaron con convocar una huelga general, como ya recordaban desde CCOO. Parte del malestar se originó cuando el ministerio enfrió la posibilidad de aumentar los sueldos públicos en el 2025, alegando precisamente la falta de presupuestos del Estado. El acuerdo actual se puso en marcha en el 2022 y venció en diciembre del 2024. Desde entonces, los salarios están congelados.

Las negociaciones

Según el ministerio, la reunión de este miércoles con los principales sindicatos de función pública (CCOO, UGT y CSIF) ha servido para empezar a tratar el bloque de aspectos retributivos y "se ha avanzado en el diseño del nuevo escenario salarial" hasta el 2028.

El ministerio asegura, a través de un comunicado reencontrarán en una nueva reunión este jueves a las 12 del mediodía. Desde la administración detallan que el acuerdo marco que se está negociando prevé "unos servicios públicos de mayor calidad y la mejora de la relación entre los ciudadanos y la administración".

Destacan, también, que en las anteriores reuniones se ha avanzado en el bloque del empleo público, en la agilización y mejora de los procesos selectivos, la promoción interna y el desarrollo profesional, la planificación de efectivos, la atención a la ciudadanía y los servicios públicos, la igualdad y la no discriminación, y en unas condiciones de trabajo .

El último acuerdo salarial entre el ejecutivo español y los sindicatos estuvo vigente entre el 2022 y el 2024, y preveía subidas retributivas con una parte fija y una variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%, disparada por la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania), lo que implicó un gasto de cerca de 13.000 millones.