La OCDE cifra en 6.800 millones los ajustes al Estado en ingresos y prestaciones para reducir la deuda
En un nuevo informe económico, el organismo da un toque de atención a España por no adoptar medidas contra la corrupción
MadridPese al contexto económico mundial marcado por la incertidumbre y el crecimiento modesto de gran parte de las economías de los países ricos, España mantendrá el pulso en 2025 y será una de las economías que más crecerán. Desde que salió de la pandemia de la Covid-19, el Estado ha registrado un crecimiento "robusto" en casi todas las actividades y sectores por el consumo privado de las familias –sigue siendo el motor de la economía española–, la buena marcha del mercado laboral, la recuperación del sector turístico, la llegada de los fondos europeos y el incremento del gasto público. Así lo reconoce la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en un nuevo Estudio económico de España publicado este miércoles en el que revisa al alza el crecimiento del PIB en 2025, hasta el 2,9%, y también en 2026 (un 2,2%).
Ahora bien, no todo son bondades. Como cualquier economía, la española también tiene deberes pendientes, señala la OCDE, entre ellos la consolidación fiscal. El ente pone el foco en los niveles de déficit y deuda y en la necesidad de reducirlos. "La consolidación sigue siendo esencial para encaminar la deuda pública bruta a la baja a medio plazo; cumplir las reglas fiscales de la UE; adaptarse al incremento del gasto en defensa, al envejecimiento de la población ya la transición ecológica, y crear margen para un gasto que impulse la economía", resume el informe.
Por eso el organismo cree que España debería aplicar una serie de ajustes fiscales en términos de ingresos y prestaciones (gasto) para alcanzar esta consolidación, es decir, reforzar la sostenibilidad y secar, sobre todo, la deuda pública. En concreto, cifra en un 0,4 por ciento del PIB la necesidad de ajustes: unos 6.800 millones de euros.
Por el lado de los ingresos (3.400 millones de euros) plantea ampliar la base del IVA o incrementar los ingresos a través de los impuestos ambientales. En cuanto al gasto (3.400 millones más), pone en el punto de mira las pensiones y la necesidad de aplicar una reforma para contener el gasto de cara a la jubilación de la generación del baby boom –vuelve a plantear medidas como vincular las prestaciones a la esperanza de vida o ampliar a 35 años el período de cálculo de la jubilación–. En cualquier caso, no son mensajes nuevos (en el estudio económico de España del año 2021 y 2023 ya los apuntaba).
El ente también se fija en el mercado laboral, en las tasas de empleo –aún bajas en comparación con los países del entorno– y en el paro; en la llegada de trabajadores migrantes –destaca que la migración ha contribuido "positivamente" y ha supuesto 0,7 puntos en el crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024–; en la productividad y su "lento" crecimiento, y en el problema del acceso a la vivienda –recomienda ampliar la oferta facilitando el uso del suelo para construir–.
Toque de atención por la corrupción
Sin embargo, en el estudio de 127 páginas que la OCDE ha publicado este miércoles también regaña al Estado para no adoptar medidas suficientes contra la corrupción. En un año marcado por el caso Koldo, que después ha derivado en el caso Ábalos y el caso Cerdán, y que acorralan al PSOE, pero también constructoras como Acciona; marcado por el caso Cristóbal Montoro, exministro del PP, que pone a los lobis en el punto de mira; o marcado por el caso que salpica a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presunto fraude fiscal, el organismo con sede en París apunta a que, pese a haber dado pasos adelante en lo que respecta al marco legal contra la corrupción, la percepción de su existencia "sigue siendo alta". "Persisten deficiencias en la aplicación de las leyes [contra la corrupción]. Sigue siendo un problema en España", alerta el ente que preside Mathias Cormann.
En este sentido, la OCDE urge al Estado a implementar el plan anticorrupción que el ejecutivo de Pedro Sánchez anunció en verano, que entre otras cosas preveía la creación de una Agencia de Integridad Pública para perseguir cualquier práctica corrupta. También la regulación de forma "completa" de la actividad de los grupos de interés o lobis, la adopción de mecanismos que obliguen a rendir cuentas sobre las investigaciones contra la corrupción y la aplicación de forma garantista del Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción.
