Presión al gobierno español para dar a la crisis de la guerra el estatus del covid

MadridEmulando los Pactos de la Moncloa de 1977, el gobierno español busca tener ligados todos los consensos posibles para sacar adelante el plan de choque económico para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania –prevé aprobarlo en el consejo de ministros del próximo 29 de marzo–. Este lunes por la mañana ha buscado la complicidad de comunidades autónomas y ayuntamientos y por la tarde lo hará en una reunión con los sindicatos mayoritarios y las patronales. De momento, el tono es el de los últimos días: "Falta de concreción en las medidas", lamentan fuentes de la Generalitat.

El gobierno catalán ha aprovechado la reunión para pedir al gobierno español la creación de un fondo extraordinario para hacer frente al impacto de la guerra sobre la economía. La idea sería recuperar un fondo como el que se aprobó durante los dos primeros años de pandemia, el llamado fondo covid . De hecho, ya ante el repunte de contagios este invierno y las nuevas restricciones, el Gobierno exigió que las cuentas públicas del Estado para 2022 incorporaran una medida así. Durante la reunión, el ejecutivo catalán también ha reclamado que se incremente el margen de déficit de las autonomías del 0,6% al 1% y que se garantice el aumento adicional con recursos de financiación del FLA.

Fuentes del ejecutivo catalán, sin embargo, lamentan que de la reunión de este lunes haya salido "poca concreción". Es decir, el ejecutivo central no detalla qué medidas acabarán dentro del paquete del día 29 y se ciñe a dibujar ocho objetivos generales. Estos ejes pasan por rebajar el precio de la energía; apoyar a los sectores más afectados; repartir de manera justa los costes y estabilidad de precios; garantizar el suministro de energía; proteger la estabilidad financiera; acelerar el plan de recuperación; impulsar la eficiencia energética, y reforzar la ciberseguridad. De todos estos bloques, el más complejo es el energético, porque las medidas necesitan el visto bueno europeo. Para hacer frente a ello, el ejecutivo central tiene como prioridad que el precio del gas deje de salpicar el resto de energías del sistema eléctrico. "Es la clave", explican fuentes del ministerio de Transición Energética al ARA. Las mismas fuentes confirman que la propuesta de recuperar el tope de los 180 euros/MWh que tenía la península Ibérica ha quedado descartada.

Además, el Estado también quiere potenciar las compras conjuntas de gas, mientras que ha prorrogado las medidas fiscales hasta el verano. Otro elemento que está encima de la mesa es el de tocar nuevamente los beneficios caídos del cielo de las eléctricas. Aquí, el socio minoritario, Unidas Podemos, presiona al PSOE para endurecer la medida, además de aplicar un impuesto sobre las grandes energéticas. En cuanto a los carburantes, el Estado estudia una reducción de los impuestos, pero también la aprobación de ayudas directas a los sectores más afectados por el aumento de los precios.

Presión por subir salarios

En cuanto a los salarios, el gobierno quiere "acompañar" a los agentes sociales (sindicatos y patronales) –con quienes se reúne esta tarde– en la negociación para el nuevo Acuerdo para la Ocupación y la Negociación Colectiva (AENC), que aborda la revalorización de los sueldos. El ejecutivo defiende un pacto de rentas en el que se evite un aumento salarial que genere efectos de segunda ronda sobre la inflación, pero a la vez que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo por la inflación. Aquí, reclaman los sindicatos, entraría en juego la patronal, con el control de precios y beneficios.

El gobierno catalán también ha reclamado medidas urgentes de apoyo al sector agroalimentario. De hecho, empresarios y trabajadores autónomos se han sumado este lunes a las exigencias de algunos de los sectores más afectados, como lo de los transportes y el primario. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha defendido que algunas medidas ya se podrían haber tomado y ha avisado de que la situación "es complicada y hay que arreglarla". Se ha sumado a él el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, que ha tildado la situación "de insostenible".

De hecho, el ministerio de Transportes ha acordado nuevas ayudas con las principales organizaciones de transportistas. A pesar de que detrás la huelga indefinida hay una plataforma minoritaria y sin representación en la reunión celebrada este lunes, las grandes asociaciones -agrupadas bajo el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC)- han arrancado ayudas directas por valor de unos 500 millones de euros para bonificar el gasóleo profesional de este sector. Así lo ha anunciado la ministra de transportes, Raquel Sánchez, que ha explicado que el viernes, después del consejo europeo, se concretará la bonificación fiscal que entrará en vigor con el plan de choque del día 29. Los transportistas podrán aplicar esta ayuda al impuesto especial de los hidrocarburos. A pesar de desmarcarse de la huelga, las organizaciones mayoritarias habían amenazado con dar libertad a los camioneros para sumarse a la huelga si el gobierno no actuaba. Aparte de las rebajas fiscales, la principal reivindicación de los camioneros es la de prohibir la contratación de los servicios del transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación.

El ejecutivo central se mantiene firme en esperar al Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo para aprobar el paquete la semana que viene. "Solo a través de un acuerdo en el marco de la Unión Europea podremos dar una respuesta eficaz al precio de la energía", ha dicho Calviño.