Así quiere frenar al gobierno español el fraude con los alquileres turísticos y de temporada

MadridEl gobierno español moverá ficha en los próximos meses para intentar frenar el fraude con los alquileres de temporada, uno de los agujeros que no cubrió la ley estatal de vivienda. En el año previo a su entrada en vigor, esta modalidad contractual creció un 17% en Barcelona, llegar a suponer el 40% de los anuncios en uno de sus barrios más gentrificados, el de la Barceloneta. Algunos propietarios utilizan esta vía para evitar las limitaciones que tendrían si optaran por realizar un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y, de este modo, sacar un rendimiento económico superior. "Es un fenómeno que está tensando el alquiler residencial y que provoca un incremento de precios, al igual que ocurre con los alojamientos turísticos", ha constatado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en la presentación de las conclusiones del grupo de trabajo que se puso en marcha hace medio año para abordar este tipo de alquiler, tal y como preveía la citada ley.

La pregunta que ha intentado responder el gobierno español en este grupo en el que han participado administradores de fincas, agentes de la propiedad inmobiliaria, cámaras de la propiedad urbana, el Sindicato de Alquiladoras, la patronal, así como CCOO y UGT, es como ponerle freno. La propuesta que ha expuesto Rodríguez este miércoles en una rueda de prensa pasa por hacer dos modificaciones: una reglamentaria que tendrá forma de decreto urgente (que está previsto que esté terminado antes de que acabe el verano y que sólo tendrá que pasar por el consejo de ministros porque no va a modificar ninguna ley) y un retoque "quirúrgico" de la ley de propiedad horizontal. En este segundo caso, por abordar la casuística de los pisos turísticos, que va acompañada de la de los temporales.

Justificar el alquiler temporal

Los contratos de alquiler temporal tendrán que estar justificados. Según ha explicado Rodríguez, en la regulación que desarrollará el artículo 3 de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) se establecerá la obligación de acreditar por qué no se realiza un contrato de larga duración. El objetivo es que se utilicen los alquileres temporales "para lo que realmente son". Es decir, para personas que se trasladan a otro lugar de residencia durante un período limitado para cursar estudios, para un contrato de trabajo, para participar en un evento o para recibir atención médica. "La causalidad determinará la duración", ha dicho Rodríguez, quien no ha concretado cómo se deberá realizar esta acreditación, ya que el decreto está por redactar.

Registro de contratos temporales

La forma de controlar esta acreditación será a través del registro de estos alquileres. La plataforma que el gobierno español ya preparaba para los pisos turísticos, en aplicación de un reglamento de la Unión Europea que debe aplicarse antes de finales del 2026, también incluirá los contratos temporales. "Cada vivienda tendrá una matrícula y podremos ver el fraude. No se podrá tener en temporal y turístico al mismo tiempo", ha dicho la titular de Vivienda. El objetivo del gobierno español es avanzar un año, a finales de 2025, su puesta en marcha. Una de las posibilidades es que ese registro único sea "compatible" con los registros autonómicos y municipales que ya están en funcionamiento. Fuentes del ministerio de Vivienda, sin embargo, remarcan que esta posibilidad todavía no está clara. Queda en entredicho si la regulación del decreto que apruebe el gobierno español podrá aplicarse mientras no exista este registro único.

Veto en los pisos turísticos

En relación a los pisos turísticos, la reforma legal que ahora Rodríguez tendrá que negociar con los grupos parlamentarios en la cámara baja pretende blindar la capacidad de veto de las comunidades de vecinos en los pisos turísticos. Según precisó la ministra, el cambio convertirá lo que ya era una posibilidad en caso de queja en una obligación sistemática. La junta de propietarios deberá autorizar a toda costa que se puedan destinar las viviendas del inmueble a tal fin. Otro elemento que el gobierno español no descarta cambiar es la mayoría por la que debe aprobarse esta autorización o veto (actualmente es por una mayoría de tres quintos).

Críticas de los sindicatos

El Sindicato de Inquilinos, que registró en el Congreso la semana pasada una propuesta más ambiciosa para abordar la problemática de los contratos temporales con el apoyo de Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, criticó por "ineficaz" el planteamiento del ministerio de Vivienda. Su portavoz estatal, Víctor Palomo, ha advertido de que realizar un reglamento sin modificar la LAU "no desincentivará el uso fraudulento de estos contratos". "No resuelve la situación", ha lamentado Palomo en una atención a los medios después de la última reunión del grupo, celebrada antes de la rueda de prensa de Rodríguez. El Sindicato de Alquiladoras exigía limitar estos contratos a seis meses y abordar también el alquiler de habitaciones. Esta última casuística sí que la abordaba el decreto del Gobierno que reguló este tema de urgencia a finales de abril y que quedó en papel mojado por el no de Junts y la abstención del PSC.

Justamente este miércoles, la patronal turística Exceltur reclamó en un manifiesto un pacto de estado para conseguir un turismo "más sostenible y empático" con la ciudadanía local. El vicepresidente ejecutivo de la organización, José Luis Zoreda, ha criticado la falta de medidas efectivas contra las plataformas que ofrecen pisos de alquiler turístico ilegales y ha reclamado mayor control.