El Gobierno regula de urgencia el alquiler de temporada y de habitaciones para evitar su fraudulento uso

BarcelonaPoner freno a la picaresca que busca eludir el control de precios en alquileres. Ésta es la intención con la que el Gobierno ha aprobado este miércoles un decreto ley que regula el alquiler de temporada y también el de habitaciones para evitar el uso de estas modalidades en fraude de ley.

Por un lado, el decreto obligará a indicar la causa o finalidad del alquiler: si no se estipula que es por motivos de ocio, vacaciones, recreativos o culturales –para la asistencia a congresos, ferias, festivales y eventos –, será considerado de carácter permanente. Y, por tanto, estará sujeto al control de precios. Paralelamente, se delimitará que los alquileres para fines profesionales, laborales, de estudios, atención o asistencia médica u otras análogas serán para satisfacer necesidades de vivienda permanente, aunque tengan una duración temporal.

En concreto, este decreto ley modifica la ley catalana del derecho a la vivienda (18/2007), para evitar "interpretaciones interesadas", con la introducción de un nuevo capítulo en el que se especifica que los arrendamientos, aunque sean de carácter temporal, cuando son para temas no vacacionales, recreativos o culturales, están sujetos a la normativa aplicable a los arrendamientos de viviendas en lo que se refiere a fianza y determinación de la renta. Así, el propietario deberá documentar la causa que justifica la tipología de alquiler junto con la fianza que debe depositarse en el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl).

Tope en alquiler de habitaciones

Sobre el alquiler por habitaciones, el objetivo es el mismo: evitar que pisos de alquiler tradicional se desplacen a esta modalidad cuando finalicen su contrato. La norma especifica que el arrendar de una vivienda que esté en una zona tensionada por habitaciones no significa que deja de ser permanente, por lo que la suma de los precios de las diferentes habitaciones deberá estar sometida a la contención de rentas.

"Son medidas normativas y ejecutivas que buscan que la ley estatal de vivienda se pueda aplicar, da respuesta a una necesidad urgente e inaplazable para garantizar el derecho y el acceso a la vivienda [...]. Se necesitaban medidas urgentes para evitar que se eluda la aplicación de la ley de vivienda y que lo previsto en una ley quede sin efecto", ha dicho la consellera de Territorio, Ester Capella, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

En la última década, los precios de los alquileres han aumentado un 66% en Barcelona, ​​y en el último año completo, es decir de 2022 a 2023, este incremento ha sido del 10%. De hecho, en la capital catalana el precio de los arrendamientos lleva un año y medio batiendo récords: alquilar un piso ya vale de media 1.178 euros al mes. La consellera ha dicho que el alquiler permanente se ha reducido un 24 por ciento, mientras que el 30 por ciento del total de los inmuebles que se arrendan son de temporada, según los portales inmobiliarios.

Desde la entrada en vigor del índice de control de precios a mediados de marzo, los expertos alertaban de la posible fuga del alquiler tradicional al de temporada, una modalidad que no queda recogida de forma explícita ni en la ley 29/1994 de arrendamientos urbanos ni en la ley estatal de vivienda aprobada hace un año, que lo único que recoge de esta modalidad es la creación de un grupo de trabajo para su regulación.

Un régimen sancionador

Para garantizar estas medidas, el decreto introduce un régimen sancionador que multará a aquellos propietarios que alquilen una vivienda por un precio superior al régimen de contención de rentas o hagan constar una causa falsa en el contrato de arrendamiento. De este modo, los anuncios, contratos y ofertas tendrán que informar del precio de referencia que resulte del índice, la renta del último contrato vigente de los últimos cinco años y la condición del propietario, es decir, si es o no gran tenedor. Las sanciones oscilarán entre 9.000 y 900.000 euros.

La norma también busca reforzar la capacidad de la Generalitat para aumentar el parque público de alquiler con dos medidas. Por un lado, que la administración tenga el derecho preferente de compra sobre la transmisión de viviendas en zonas tensionadas, un derecho que se ejercerá en caso de viviendas de un gran tenedor persona jurídica, así como en viviendas obtenidas en los procesos de ejecución hipotecaria.

La otra medida ha sido autorizar al Incasòl a rebajar del 10% al 5% el porcentaje de disponibilidad de los recursos de las fianzas que deben mantenerse para garantizar la efectividad en el pago de las cancelaciones y las devoluciones que pudieran existir. "Esto nos permite desatascar proyectos importantísimos que no podían quedar parados", ha dicho Capella.

En manos de la diputación permanente

Este decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad (DOGC) y habrá que esperar si queda convalidado por la diputación permanente –un organismo integrado por 23 diputados–, puesto que el Parlamento está disuelto desde finales de marzo, a raíz de la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 12 de mayo.

El debate y votación sobre la validación o derogación de un decreto ley debe realizarse en el plazo de treinta días a partir de que se ha promulgado. Asimismo, una vez que el decreto ley entre en vigor, los grupos parlamentarios pueden pedir un dictamen al Consejo de Garantías en un plazo de tres días, y este organismo dispone de 12 días hábiles para emitir este dictamen. El Sindicato de Alquiladoras ha pedido a los grupos parlamentarios que se comprometan antes de las elecciones a convalidar el decreto ley.

Para que el decreto ley prospere el trámite parlamentario, ERC necesita el apoyo de otras formaciones políticas, como el PSC o JxCat. De entrada la número 2 del PSC y presidenta de la Diputación de Barcelona, ​​Lluïsa Moret, ha criticado en una rueda de prensa este miércoles que se trata de una decisión que llega en el tiempo de descuento, a las puertas del inicio de la campaña electoral: "Más que propuestas del Govern, parecen propuestas electorales".

Esta medida del ejecutivo catalán pone sobre el papel, a dos semanas de las elecciones catalanas, las intenciones manifestadas por Capella de prohibir los contratos de temporada realizados para sortear el control de precio en los alquileres del gobierno español, que tiene desde hace unos días sobre la mesa un requerimiento de la Generalitat para que incorpore el índice catalán de precios; de no hacerlo, el ejecutivo catalán advirtió que llevaría el control de los alquileres ante la Audiencia Nacional.

De hecho, el portavoz de los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) de Catalunya, Carles Sala, ha criticado al Gobierno por actuar de forma "unilateral" y sin dialogar, y ha lamentado que los ejecutivos español y catalán trabajen de forma paralela en la regulación de la misma materia. "Esto no hace más que generar confusión e inseguridad jurídica a propietarios y arrendatarios", ha añadido Sala.