La semana más política de la opa del BBVA en el Sabadell

MadridLa opa hostil del BBVA en el Banc Sabadell encara su semana más política. Está previsto que el consejo de ministros de este martes decida si añade más condiciones a la posible integración bancaria. Serían condiciones que se exigirían al BBVA para poder sacar adelante la operación y que se sumarían a las que ya le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo que preside Cani Fernández autorizó la operación por unanimidad, pero bajo compromisos temporales vinculados a la competencia, entre los que se encontraba garantizar la financiación de las pymes, uno de los caballos de batalla de la operación.

En cambio, el ejecutivo español sólo puede pronunciarse en términos de interés general y, por tanto, sobre cuestiones como el impacto en los trabajadores, en la economía o en la cohesión social. Concretamente, se espera que la decisión del ejecutivo español se conozca este martes, día 24, coincidiendo con el festivo de Sant Joan en Catalunya y la Comunidad Valenciana, una vez cerrado el mercado (a partir de las 17:30) para que la cotización de ambas entidades no se vea alterada.

La posibilidad de que el gobierno diga su opinión se abrió hace menos de 30 días, cuando el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, elevó la opa a la mesa del gobierno español para, precisamente, "profundizar en el estudio sobre el impacto potencial de la operación en elementos tan importantes y vitales para la economía como puede ser la protección del empleo, la inclusión financiera o la cohesión territorial", explicó Cuerpo entonces. Al ejecutivo de Pedro Sánchez nunca le ha gustado la operación. De hecho, el ministerio de Trabajo, bajo la batuta de Yolanda Díaz (Sumar), ya ha planteado algunas medidas como la prohibición de despedir a trabajadores.

La clave de lo que pueda decir el gobierno español está en el alcance de las exigencias, en caso de que lo ponga. Si estas cambian mucho los planes del BBVA y hacen perder valor a la operación, la entidad bilbaína podría verse forzada a dar marcha atrás. De hecho, esta es una de las cartas que han jugado en los últimos días los contrarios a la opa, desde los sindicatos hasta las organizaciones empresariales catalanas, que no han dudado en presionar a Sánchez para que ponga obstáculos. Lo mismo han hecho desde algunas fuerzas políticas como ERC, Junts o el BNG, todos ellos socios de investidura, que también se han encargado de hacer llegar a la Moncloa su recelo.

En cambio, la entidad vasca lo interpreta de forma diferente. El presidente del BBVA, Carlos Torres, expresó la semana pasada que la ley de defensa de la competencia sólo permite al gobierno español o rebajar las condiciones de la CNMC, o aceptar su dictamen. El directivo incluso recordó la opción de llevar a los tribunales la decisión del consejo de ministros: "Esta vía [judicial] por supuesto que siempre está ahí", afirmó Torres. En concreto, el acuerdo alcanzado por el consejo de ministros puede recurrirse a la sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo, tal y como estipula la ley.

¿Qué dice la ley? La norma que regula el papel del consejo de ministros es la ley de defensa de la competencia, en la que se estipula que el consejo de ministros puede "confirmar la resolución dictada por la CNMC" o "acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones. Este acuerdo deberá estar debidamente motivado por razones de interés general distintas a las de Competencia".

Sin precedentes

Sin embargo, éste sería la primera vez que una opa bancaria llega en esta fase. El único precedente de una operación similar fue la integración entre Antena 3 y La Sexta. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy decidió aguar los compromisos de Competencia.

Una vez se pongan las condiciones del gobierno español sobre la mesa, si se añaden, el BBVA deberá actualizar el folleto de la operación: el documento esencial para que los accionistas del Sabadell tengan toda la información sobre la opa. El folleto deberá aprobarlo la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que prevé hacer rápido porque durante este tiempo ya ha estado compartiendo información con el banco de Torres sobre el impacto que puede tener la integración entre el BBVA y el Sabadell.

Una vez el folleto se apruebe, el BBVA deberá publicarlo en la prensa, en un plazo máximo de cinco días, y durante este tiempo también deberá comunicar a la CNMV cómo quiere que sea el calendario para los accionistas del Sabadell, es decir, el período de aceptación. Los accionistas son los que, una vez se abra el período de aceptación, tendrán que decidir si venden o no sus títulos y, por tanto, si apoyan la compra. Fuentes de la CNMV explican al ARA que el BBVA podría pedir un período de aceptación expreso, de 15 días, o uno más amplio: de 30 a 70 días. En función de ello, la votación se resolvería en pleno verano o justo a la vuelta del período vacacional, en septiembre.