Trump también reescribe las reglas del juego de las empresas

BarcelonaEstados Unidos ha construido el mercado de capitales y la mayor bolsa del mundo gracias a su nivel de transparencia y reputación. Pero con el desembarco de Donald Trump en la Casa Blanca las reglas del juego están cambiando. Bajo el paraguas de la desregulación, muchos analistas ven un giro hacia el fortalecimiento de los consejos de administración y los gestores de las grandes compañías en detrimento de los pequeños accionistas. "Donald Trump inclina la balanza de poder de los inversores a los consejeros delegados", advertía esta semana en un artículo el Financial Times, uno de los oráculos del capitalismo.

Trump ha establecido una relación estrecha y directa con los consejeros delegados y directivos de las grandes empresas, especialmente las tecnológicas, pero también de otras industrias, y cierra acuerdos sobre prácticas, supresión de políticas de diversidad e inversiones, ejerciendo como si fuera su presidente. De hecho, "rompe el buen gobierno corporativo", afirma Jordi Canals, profesor en el departamento de Dirección Estratégica y titular de la cátedra de gobierno corporativo de la escuela de negocios barcelonesa Iese. En este sentido, sí se produce, añade, un desplazamiento de poder de los accionistas, que quedan al margen de las decisiones hacia los órganos de gobierno de las grandes compañías.

Además, Trump no descarta entrar en el capital de empresas, como ha hecho con Intel, aprovechando subvenciones y otros recursos no utilizados para alcanzar casi el 10%. Este movimiento –al que se ha sumado el líder del sector de los chips, Nvidia– es inédito desde los rescates por la crisis financiera y muchos le interpretan como un giro hacia el capitalismo de Estado o intervencionismo desnudo y crudo.

Siguiendo las directrices de la actual administración, se ha suprimido la información obligatoria que las empresas debían presentar sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG). Trump, explica Canals, ha aprovechado el debate existente durante la administración del demócrata Joe Biden sobre estas materias, ya que son indicadores difíciles de medir, para dejarlos fuera de las obligaciones empresariales y ajustarse a su vez a su negacionismo sobre la crisis climática.

Esta misma semana el dirigente recuperó a través de su red Truth Social otra de las reformas que ya lanzó en su anterior mandato (2017-2021). Ésta consiste en eliminar la obligación de las empresas de aportar resultados e información trimestral y pasarla a semestral (cada seis meses). El argumento para modificar esta norma de 1970 es defender una gestión empresarial más focalizada en el medio y largo plazo. En su línea habitual, rebatía en su mensaje: "¿Ha oído nunca la afirmación de que «China tiene una visión a 50 y 100 años sobre la gestión de una empresa, mientras que nosotros gestionamos nuestras empresas trimestralmente»? ¡No es bueno!".

En España hace cuatro años que la presentación trimestral de resultados es voluntaria y la semestral obligatoria. La Ley 5/2021, que transpone una directiva europea, lo estableció y reformó lo previsto en la ley de sociedades de capital y la del mercado de valores. De todas formas, una gran mayoría de compañías siguen presentando resultados trimestrales "por criterios de transparencia", según Mario Lara, director de ESADE Madrid y del Centro de Gobierno Corporativo en la escuela de negocios. El experto añade que la voluntariedad permite a las empresas "adaptarse, en función del perfil de sus accionistas".

Incentivos a largo plazo

Con todo, admite que "la presión de publicar resultados trimestrales dificulta la gestión más a largo plazo. Por tanto, un aspecto importante es estructurar bien las políticas de remuneración de los altos directivos y hacer que ganen peso los planes de incentivos a largo plazo con métricas y objetivos que acompañen a esta visión más estratégica y menos operativa".

Pero este no es el único cambio que se está produciendo en las reglas del juego de las empresas en EE.UU., ni siquiera lo más importante. Paul Atkins, el presidente del organismo supervisor de los mercados (la SEC), al cargo desde abril, ha guardado en el cajón catorce normas que venían de la anterior administración bajo la presidencia de los demócratas con Joe Biden en la Casa Blanca. Y muchas daban más poder a los accionistas. La actual estrategia supone volver a centrarse en los aspectos financieros y de maximización del beneficio, dejando de lado los aspectos sociales o medioambientales.

Otra muestra es la innovación introducida por la petrolera Exxon Mobil. Es un mecanismo único de votación que permitirá a los accionistas minoritarios inscribirse para emitir automáticamente sus votos online con las recomendaciones de la junta directiva a las juntas anuales, salvo que comuniquen lo contrario. Esto podría ayudar al mayor productor de petróleo de EEUU a hacer frente a las campañas de activismo accionarial. La SEC comunicó que no se oponía y, de esta forma, abre un camino que podrían seguir otras compañías. Es un cambio que deja "bastante fuera de juego a los activistas medioambientales", avisa Canals.

El último movimiento de la SEC ha consistido en poner fin a la costumbre de impedir cotizar a las empresas que en sus estatutos recogen el arbitraje obligatorio en lugar de los tribunales cuando los accionistas quieren denunciar fraude o malas prácticas. Los críticos, entre ellos los demócratas, afirman que esto niega a los accionistas sus derechos y que al mismo tiempo permitirá a las empresas mantener su presunta mala conducta en la sombra. Si los inversores perjudicados no pueden sumarse a una demanda colectiva y compartir gastos legales muchos no van a demandar.

Para el actual SEC, esto es una manera de evitar complejidades y de "hacer las salidas a bolsa grandes de nuevo", según Atkins, utilizando el lema de Trump "hacer América mayor de nuevo" (Make America great again, MAGA), y su ofensiva desreguladora, en especial con las criptomonedas, una de las apuestas y negocios de la familia presidencial.