El pleito histórico sobre la soberanía de Gibraltar queda aparcado. Nadie estaba dispuesto a ceder en esto. Sus respectivos posicionamientos nacionalistas se mantienen intactos, tanto de Madrid como de Londres. Pero se ha impuesto, sin embargo, la senda de la negociación pragmática. Aunque hayan tenido que pasar cinco años del Brexit –de hecho, era el último detalle del Brexit que quedaba por cerrar–, finalmente se ha logrado el entendimiento. El resultado más visible es que, a partir de ahora, la vida social y económica en el Peñón recuperará cierta normalidad.
El acuerdo firmado en Bruselas, y que todas las partes –España, Reino Unido y la Unión Europea– han calificado de "histórico", supone la apertura permanente de la valla terrestre, un descanso para toda la región. Sin duda, a los 15.000 trabajadores que entran a diario en el Peñón se les hará la vida más fácil. Y las mercancías que circulen entre España y Gibraltar tampoco tendrán que pasar ninguna inspección. En cambio, en los puertos y aeropuertos –frontera externa de la UE– se mantendrán los controles, que correrán a cargo tanto de la policía española como de la gibraltareña, por lo que las personas que quieran entrar en el Peñón tendrán que pasar dos.
Tal y como ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "este acuerdo salvaguarda la integridad del espacio Schengen y del mercado único, a la vez que garantiza estabilidad, seguridad jurídica y prosperidad para la región". En unos momentos de zozobra europeo, en los que el espacio Schengen se tambalea en más de una latitud continental, es una buena noticia que se haya puesto cordura en Gibraltar. Si alguien sale ganando es Europa.
Bruselas también ha contribuido al entendimiento retirando Gibraltar de la lista de paraísos fiscales, lo que supondrá que las entidades financieras europeas no tengan que aplicar controles adicionales a las operaciones y transferencias efectuadas por entidades establecidas en el Peñón. Sin embargo, en términos financieros el acuerdo obliga a Gibraltar a facilitar a España toda la información fiscal de la actividad en la zona y que todas las empresas con sede en el Peñón, y con mayoría de capital o de socios españoles, deban tributar en Madrid.
Los gobiernos del socialista Pedro Sánchez y el laborista Keir Starmer han hecho buena su sintonía ideológica. Y económica: Reino Unido fue el principal inversor en el Estado el año pasado (12.000 millones de euros), un volumen de negocio que tiene contrapartida española en las islas en las numerosas empresas implicadas en el tejido productivo británico, con Indra, Acciona, Navantia y Dragados, entre otros. España, además, aspira a una mayor implicación en la industria de la defensa del Reino Unido en unos momentos en los que el rearme del continente se está dibujando como una prioridad.
En todo caso, el giro europeísta del primer ministro inglés también ha ayudado en esta recta final. Y tampoco tenía sentido, ni para Starmer ni para Sánchez, alargar un bloqueo gibraltareño que solo alimentaba el imaginario simbólico de la ultraderecha de sus respectivos países. Por eso se ha dejado en un segundo plano el pleito soberanista y se ha ido haciendo buena la mirada europea.
