El PP y los derechos de las mujeres
La misma semana que el escándalo de las mamografías en Andalucía ha escalado hasta provocar una crisis en el gobierno de Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso abría otro frente a Alberto Núñez Feijóo invitando a la izquierda a "ir a abortar a otro sitio", es decir, fuera de Madrid. Las palabras de Ayuso, con un lenguaje muy cercano al de los grupos de católicos antiabortistas, han sorprendido porque suponen un cambio en el discurso de la presidenta madrileña, que hasta ahora se alineaba con las tesis más liberales del partido e incluso se desmarcó cuando defendió el derecho al aborto de los menores de edad. Su pronunciamiento obligó a Feijóo a hacer un comunicado para esclarecer la posición del partido, que es la de garantizar el derecho al aborto conforme a las leyes.
Pero ¿es cierto que el PP garantiza el derecho al aborto allá donde gobierna? Las cifras indican que entre lo que afirma Feijóo y la realidad está todo un abismo. La realidad es que abortar en la red pública en territorios como Madrid y Andalucía es casi una misión imposible, con porcentajes que no llegan al 1%, lo que indica que la práctica totalidad acaban realizándose en la privada. En Cataluña las cifras son muy diferentes, y la mayoría (55%) se practican en la red pública, un porcentaje que es aún mayor si se suman los abortos practicados en centros adscritos al ICS.
La pregunta es: ¿cómo puede que cuarenta años después de la aprobación de la primera ley del aborto, la de supuestos, y quince después de la de plazos todavía existan territorios en España donde la red pública no garantice este derecho? La respuesta debemos buscarla en el poco entusiasmo, cuando no oposición abierta, con la que los distintos gobiernos autonómicos del PP han aplicado la ley. Algo parecido ocurre con la ley de eutanasia.
Lo evidente es que el PP tiene un problema con los derechos de las mujeres. Y, como decíamos, el escándalo de esta semana con las mamografías y los errores en el cribado en Andalucía, que afecta a un número todavía indeterminado de mujeres pero que aumenta día tras día, ha dejado en evidencia a un gobierno, el de Juanma Moreno Bonilla, que hasta ahora hacía bandera de la excelencia en la gestión. Es cierto que a menudo existe una gran distancia entre la propaganda y la realidad, pero en el caso andaluz parecía ser sideral. Ni Moreno Bonilla ni nadie de su gobierno ha ofrecido todavía explicaciones comprensibles sobre cómo se han producido estos retrasos en la comunicación de diagnósticos que, en algunos casos, han terminado incluso en muerte.
El caso, como ha ocurrido con el gobierno Mazón y la dana, acabará en los juzgados y quizás tendrán que afrontarse responsabilidades penales, porque la negligencia del Sistema Andaluz de Salud ha roto lo más valioso en democracia: la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Y la primera obligación de los gobernantes es garantizar los derechos, pero sobre todo la vida, de sus ciudadanos.
