Los demás salpicados por el caso Montoro
Todos los días, en un goteo constante, vamos conociendo más detalles del escabroso sumario del caso Montoro. De momento parece que estamos ante el mayor caso de corrupción del Estado, ya que afecta al tuétano de la administración y pone en duda el funcionamiento de uno de sus principales motores, la recaudación de impuestos a partir de los cuales se financian todos los servicios públicos. Por poner un ejemplo. El caso comienza a raíz de un e-mail en el que un grupo de cinco empresas gasistas deciden acudir a la consultora creada por Montoro antes de ser ministro, Equipo Económico, para conseguir rebajas fiscales. A cambio de unos generosos honorarios de poco más de 600.000 euros entre todas, lo consiguen y la rebaja de ambos impuestos les ha ahorrado, desde 2014 hasta 2023, 51 millones de euros según el sumario. Unos cinco millones menos al año en pago de impuestos a las cinco empresas. Esto, favorecido por la propia Hacienda que no deja de hacer campañas contra el fraude fiscal.
Más allá del delito concreto, más allá del dinero, el daño reputacional que esto provoca a la credibilidad de la Hacienda pública y de sus funcionarios es dramático. Porque para hacer esto Montoro ha tenido que contar con la complicidad, o el silencio, o en todo caso el dejar hacer por miedo o indiferencia, de toda una serie de funcionarios que han visto como esto ocurría año tras año. Ciertamente en buena parte son medidas políticas y los principales responsables son, por supuesto, los que tenían un cargo o una responsabilidad política. Pero los trabajadores públicos relacionados con todo este escándalo sin duda han quedado también salpicados, y estaría bien que desde los sindicatos y también desde el propio funcionariado hubiera una reacción y se asumiera algún tipo de mea culpa. Además, claro, de promover más medidas para blindar su trabajo profesional con medidas para protegerlos cuando se nieguen a cometer irregularidades o ilegalidades, y que al mismo tiempo se penalizara y castigara con contundencia a los que participan.
Sería una medida, quizá, para empezar a regenerar una administración que parece que en todos sus estamentos consiente las prácticas corruptas como una variable que ahora toca ahora también. Y muchos empresarios lo saben y lo aprovechan. se ahorran con estos sobornos lo acabamos pagando todos, y en este sentido, más allá de las responsabilidades penales claras, tienen mucho sentido las iniciativas legislativas que proponen algunos partidos para bloquear el acceso a subvenciones o concursos públicos a las empresas o grupos que estén investigados en estos casos. de hace años. Ciertamente, todo ello sirve sólo para engordar el discurso antidemocrático de la extrema derecha.
