Entre ahora y final de curso, durante el próximo mes y medio, habrá diecisiete días de huelga en total en las escuelas e institutos del país, una retahíla de paros repartida por zonas. La media será de cinco días por centro: esta será la afectación para los alumnos y sus familias. Es decir, los centros educativos dejarán de funcionar con normalidad 5 de los 35 días lectivos que quedan hasta las vacaciones escolares, un 14% del total. En cualquier sector, un paro de estas dimensiones supondría un descalabro. Por supuesto, para el mundo educativo lo será. Un mundo, además, que tiene una repercusión social muy fuerte.
Dentro de este calendario de presión sindical, entre el 11 de mayo y el 5 de junio, es decir, durante cuatro semanas, habrá tres días de paro general. También se han convocado dos grandes manifestaciones los días 12 de mayo y 5 de junio. Hay pocos precedentes recientes de un pulso tan duro en el sector educativo o en cualquier otro sector. El liderazgo de la protesta lo lleva el sindicato mayoritario docente, la USTEC, que cuenta con el apoyo de Profesores de Secundaria, la CGT y la Intersindical.
Con un calendario así, tan extenso e intenso, parece difícil que haya mucho margen para algún tipo de acuerdo o, aún peor, incluso para la negociación. De hecho, el Gobierno ya ha dicho que respeta el derecho a huelga, pero que no se moverá. Todo apunta, pues, a que vamos hacia un enquistamiento del choque entre sindicatos y administración. ¿Se lo puede permitir el país? ¿Tan grave es la situación laboral de los docentes? ¿Con esta protesta de máximos, no hay peligro de incrementar todavía más el malestar y la frustración de los docentes y de alejar a los maestros de la sociedad? ¿Seguro que son el sector más perjudicado por la multicrisis que sufrimos?
Tenemos que dar por perdido este final de curso? A efectos negociadores, probablemente. A efectos educativos, en buena parte también. Será un final de curso decepcionante, con una reducción relevante de horas lectivas para los alumnos y con un ambiente tensionado en la comunidad educativa entre maestros, familias y administración. Por supuesto, el derecho a huelga es fundamental. Hay que, claro, ejercerlo con mesura y teniendo en cuenta las repercusiones, en este caso con una incidencia directa en el bienestar infantil y el nivel educativo, y en la conciliación familiar.
Una superhuelga así difícilmente dará resultados, atranca posiciones y aleja cualquier posibilidad de diálogo, por muy difícil que sea. El éxito de las últimas paradas puede convertirse en una trampa para sus promotores porque si el Gobierno, como parece, aguanta el pulso, ¿en septiembre volverán a convocar otra superhuelga? ¿Hasta cuándo?
Los maestros se sienten víctimas impotentes de una educación degradada y el Gobierno, después de hacer un esfuerzo presupuestario –pactado con los sindicatos minoritarios del sector: CCOO y UGT–, se siente injustamente valorado. Estamos en un callejón sin salida. Es lo peor que le podía pasar al mundo escolar, ya de por sí bastante castigado. Solo faltaba la introducción de agentes de los Mossos de paisano –aquí es el Gobierno el que se ha explicado poco y mal– y la constatación de que se han anulado muchas salidas de colonias escolares. El curso acabará con un cúmulo de malas noticias.
