Activistas saharauis bajo asedio: "Agentes marroquíes entraron en casa y lo destrozaron todo"

BarcelonaEl 9 de mayo, Mina Baali, una activista de 48 años que vive en El Aaiún, en el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, subió a la azotea de su casa con dos compañeras para colgar una bandera saharaui y gritar consignas en defensa del derecho de autodeterminación. "Una hora más tarde -relata en una conversación por Zoom con el ARA - agentes uniformados rodearon la casa y un centenar de hombres de paisano irrumpieron por la puerta del garaje y por la azotea. Destrozaron todos los muebles y se llevaron todo lo que pudieron: teléfonos móviles, ordenadores portátiles y todo el material para grabar. A nosotros nos encerraron en el comedor, y cuando salí a ver qué pasaba me dieron una paliza. A mi hermana la desnudaron y le quitaron el teléfono móvil que se había escondido en el sujetador", explica.

"Después toda la calle se quedó sin luz y tuvimos que pasar la noche a oscuras". Su hijo de 14 años también estaba en casa cuando se produjo el asalto policial. El cordón de las fuerzas de seguridad alrededor de su casa se mantuvo dos semanas. Un compañero de Baali, miembro fundador como ella de la Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí (Isacom), fue el único que lo pudo burlar para verla, pero lo pillaron. "Lo apalearon brutalmente en la azotea; yo oía los gritos desde casa. Después se lo llevaron en coche y lo abandonaron en una zona desértica, herido, descalzo y desnudo a 14 kilómetros de la ciudad", denuncia la activista. Dos días más tarde un grupo de hombres volvió a entrar de madrugada en la casa: "Me ataron, me dijeron que me matarían o me harían volver loca". Durante quince días no le permitieron salir de casa, y ahora todavía la tienen bajo vigilancia, denuncia.

No es un caso aislado, como documenta el informe Visibilizando la ocupación en el Sáhara Occidental, que presentan este viernes la ONG Novact y la Federación de Asociaciones Catalanas Amigas del Pueblo Saharaui (Acaps). A pesar de las dificultades de acceso al territorio para los observadores internacionales, acreditan que en el último año, desde la ruptura de los acuerdos de alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario, las vulneraciones de derechos humanos en los territorios bajo ocupación marroquí se han acentuado.

Cuando Baali y sus compañeras subieron a la azotea para hacer ondear la bandera estaban secundando el llamamiento de la activista Sultana Khaya, que hace un año que está bajo arresto domiciliario y ha denunciado agresiones sexuales con palos y tubos, además de tocamientos, por parte de los agentes uniformados y grupos parapoliciales que la tienen permanentemente vigilada. Las manifestaciones de solidaridad que han intentado acercarse a su casa han sido sistemáticamente reprimidas, según se documenta en el informe. "Cada vez que organizamos una manifestación, la policía nos agrede: la última vez el 5 de diciembre, cuando salimos a gritar «Todas somos Sultana», nos tiraron al suelo y nos arrancaron parte de la ropa", denuncia Baali.

Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021, el año transcurrido desde la ruptura del alto el fuego vigente en los últimos treinta años, el informe documenta hasta 160 casos de vulneraciones de derechos humanos: detenciones arbitrarias (en muchos casos, como el de Baali, en régimen de arresto domiciliario), entrada de las fuerzas de seguridad en domicilios, torturas y agresiones sexuales, condenas sin garantías, disolución sistemática de reuniones y manifestaciones pacíficas, ataques a periodistas y medios de comunicación, abandono de detenidos en zonas remotas e incluso ataques militares contra civiles y rebaños de ganado.

La mayoría de afectados son "activistas y defensores de los derechos humanos, miembros de asociaciones y organizaciones sociales y políticas, estudiantes y sus familias", describe el documento. Una de las estrategias de represión que se ha acentuado este año es la intimidación de los activistas a través de sus familias. "A mi hijo mayor le retiraron la beca para estudiar en la universidad a pesar de que tenía muy buenas notas, y a mi hijo mediano le suspendieron dos veces el curso de bachillerato y le dijeron que no aprobaría los exámenes hasta que su madre dejara de hacer actividad política. Al principio no lo entendían y les generó mucha frustración, el mayor incluso me dijo que pensaba en el suicidio, pero hablé mucho con ellos, les dije que los padres no se escogen, que a mí me habían detenido por primera vez cuando tenía 16 años y que esto lo hacían para atacarme y para dividirnos", explica Baali. Al marido de la activista, funcionario del ministerio de Educación marroquí, lo trasladaron a la ciudad de Bojador, a 900 kilómetros.

Los más pequeños tampoco se han escapado de la represión. Uno de los casos conocidos más flagrantes es el de Hayat, una niña de 12 años que fue detenida el 16 de noviembre del año pasado en su escuela de El Aaiún, por llevar una bandera saharaui cosida en el uniforme escolar y haber dibujado otra en su pupitre. La niña fue retenida durante cinco horas en una comisaría y ha relatado haber sufrido violencia física y psicológica. También el nieto de Sultana Khaya, de 4 años, fue herido en la cabeza durante un asalto policial en casa de la activista.

Para Baali, toda esta violencia responde a las tensiones internas en Marruecos y a la estrategia de Rabat de envolverse con la bandera para desviar la atención de los problemas sociales. "Es un país dependiente del turismo, con una economía muy golpeada por la pandemia, y también muy dependiente de los recursos naturales de los territorios ocupados saharauis [ricos en fosfatos y en pesca]. Rabat tiene miedo de una revuelta interna y por eso intensifica las agresiones contra nosotros", asegura Baali. También recuerda que el régimen de Mohamed VI ha querido mostrar al mundo que los saharauis están de acuerdo con su pertenencia a Marruecos para seguir negando el derecho a un referéndum de autodeterminación pendiente desde la descolonización española, al final del franquismo. Y denuncia: "La realidad no es esta y el silencio de la comunidad internacional da a Marruecos una impunidad total".