Tanzania quiere trasladar forzosamente 80.000 masais para hacer más sitio al turismo

BarcelonaEn el 2021, el recién elegido gobierno de Tanzania ideó un plan para, con la excusa de fomentar la conservación de la naturaleza, expulsar a 82.000 masais que viven en el área de conservación de Ngorongoro, en el noreste del país, y reubicarlos en un pueblo situado a 600 kilómetros de distancia. El gobierno colonial inglés estableció el área de conservación en 1959 para crear un espacio delimitado en el que la población indígena, mayoritariamente massai y que había sido ya reubicada en la zona al convertirse el Serengueti en parque nacional, pudiera vivir. En total, cuenta con una extensión de más de 8.000 kilómetros cuadrados. Para conseguir que se marcharan progresivamente, la administración ha impulsado una estrategia con prohibiciones y acciones, que han aumentado y se han vuelto más violentas, tal y como detalla un informe de Human Rights Watch (HRW).

Un traslado masivo y forzoso que, pese a la argumentación medioambiental, tiene como objetivo fomentar aún más el turismo en esa zona, según explica al ARA Oryem Nyeko, investigador senior de la división de África de Human Rights Watch y coautor del informe. "Fui en el Área de Conservación de Ngorongoro en julio y ya hay varios hoteles y había otros que se estaban construyendo o se estaban renovando”. “No sé quién es el propietario, pero evidentemente han tenido que tener el permiso y el apoyo del gobierno para construirlos”, sentencia el investigador, que recuerda que “ya es un lugar turístico, simplemente es cuestión de asegurarse de que lo sigue siendo y que se hace más grande”.

Según los autores del informe, en 2022 el gobierno empezó las primeras medidas para “reducir sistemáticamente la disponibilidad y la accesibilidad de servicios sociales esenciales para los residentes del área”. autoridades también implementaron las primeras restricciones para que los habitantes, que viven principalmente de la ganadería, no pastaran animales en zonas específicas del área de conservación. También se ha limitado el acceso a agua ya lugares sagrados por la cultura indígena y agentes forestales contratados por el gobierno han agredido y golpeado a algunos residentes cuando han incumplido alguna prohibición.

El gobierno ha implantado su plan sin apenas diálogo con las comunidades afectadas y ya se ha trasladado a unas 3.500 personas hasta el pueblo de Msomera, en la región de Tanga, situado a unos 600 kilómetros de distancia, donde se pretende trasladar los 80.000 masais. "Las autoridades han utilizado tácticas que equivalen a un desalojo forzoso que constituyen una violación de la ley y las normas internacionales de derechos humanos", sentencia el informe de HRW, quien explica que los activistas críticos, que han puesto el grito en el cielo con el proyecto, han sido silenciados y, en algunos casos, encarcelados.

El argumento oficial es el medio ambiente

El gobierno argumenta la necesidad del traslado por los perjuicios que estas comunidades y el pasto de sus rebaños tienen en el medio ambiente, pero Nyeko critica que “si realmente hay demasiada gente, se deben aplicar estrategias para reducir el impacto de estos grupos”. "Si los niños de estas comunidades no tienen una educación de calidad, nunca podrán encontrar fuentes de ingresos alternativas que no sean las provenientes de la ganadería", señala.

Entre las acciones que ha iniciado el gobierno para forzar la salida de los masais está la reducción de la financiación al sistema sanitario, hasta el punto de que el Hospital Endulen, el más importante de la zona, ha pasado a ser un dispensario y "ya no puede proveer los servicios que solía ofrecer", explica Nyeko. El sistema educativo es uno de los sectores más afectados también, al haber perdido la mayor parte de la financiación gubernamental: "Algunas escuelas no tienen techo y no se permite a los miembros de la comunidad arreglarlo", detalla Nyeko.

La administración, tal y como detalla el informe de HRW, proporciona a las familias que aceptan trasladarse una casa y entre dos y cinco hectáreas de tierra para cultivar, incentivos totalmente insuficientes para núcleos familiares que suelen ser muy extensos. Para facilitar los traslados, que el gobierno promociona en los periódicos y hace publicidad, las autoridades locales han dado un impulso al pueblo de Msomera construyendo y renovando carreteras, estableciendo una oficina de correos y un sistema de suministro de agua, electricidad y red móvil. Los habitantes de Msomera también son damnificados por esta estrategia, puesto que no han sido informados o consultados sobre los planes y en muchos casos han sido expulsados ​​del pueblo porque el gobierno ha asignado sus casas y terrenos a los recién llegados. Las reubicaciones en el pueblo han generado muchos enfrentamientos entre ambas comunidades.

Aun así, no es el primer proyecto que el gobierno tanzano impulsa para expulsar a comunidades massais de su territorio. En 2022, el gobierno anunció que convertiría 1.500 kilómetros cuadrados de tierras para crear una reserva en la que se podría cazar y donde los masais tendrían prohibido vivir.

De momento, las autoridades no han expulsado directamente a los indígenas, pero Oryem Nyeko critica que “les están haciendo la vida invivible”. "Estas tácticas han funcionado con algunas personas, pero con otras no", concluye el investigador, que asegura que "este proceso acaba de empezar y las cosas podrían ponerse mucho peor".