"Whatsapp en el Carajo": Maduro declara la guerra a las redes sociales

Buenos AiresLa Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este jueves la "ley de fiscalización, regularización, actuación y financiación de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin ánimo de lucro". Bajo la amenaza de ser disueltas judicialmente, las organizaciones tienen prohibido "cometer actos terroristas", así como "llevar a cabo actividades propias de los partidos políticos" o "promover el fascismo, la intolerancia o el odio". En el primer borrador de esta ley, que empezó a redactarse en 2023, se exponía una base teórica que apuntaba que las ONG “dependen casi en exclusiva de una ayuda de los gobiernos occidentales que, por lo general, se dirige hacia los países de importancia geopolítica”.

En el contexto actual, en el que el chavismo y la oposición se han atrincherado en la reivindicación de la victoria electoral el 28 de julio, el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista, incluye en el texto el concepto de fascismo, habitualmente utilizado por el presidente Nicolás Maduro para referirse a la líder opositora María Corina Machado, y al candidato de la oposición a las elecciones , Edmundo González.

Según fuentes consultadas por el ARA, esta ley prevería "prácticamente la ilegalización de cualquier asociación civil", como por ejemplo de la organización de defensa de los derechos humanos Provea, que está monitorizando el día a día de la escalada represiva que vive el país. El coordinador legal de esta organización, Marino Alvarado, asegura que la conocida como "ley anti-ONG" es la "continuidad del andamio jurídico represivo que recorta el ejercicio de derechos y que cierra el espacio cívico", y apunta que no sólo afecta a dirigentes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles, que son “intimidados, perseguidos y detenidos”, sino al conjunto de la sociedad, “cuando se le impide obtener información o expresar críticas hacia la gestión pública”.

Ley contra el fascismo

Otra ley que ha vuelto a la primera fila de la discusión legislativa estos días es la "ley contra el fascismo, el neofascismo y las expresiones similares" que buscaría entre otras cosas regular las redes sociales en el país, según Maduro, fuente de incitación a la muerte, el odio y la guerra civil.

El último blanco del mandatario venezolano ha sido la red social china TikTok, contra la que ha cargado por haber suspendido la posibilidad de realizar transmisiones en directo: “Acuso a los directivos y propietarios de TikTok a escala mundial de querer la guerra civil en Venezuela, de apoyar al fascismo en América Latina y en el mundo”, sentenció en una reunión con los altos cargos del estado. TikTok, Instagram y X serían en parte responsables, según Maduro, de la "guerra psicológica y cognitiva" instaurada en Venezuela después del 28 de julio. Tanto es así que el mandatario ordenó el bloqueo de X durante diez días en Venezuela, y poco antes promovió la eliminación “voluntaria” de WhatsApp, al considerar que es “un medio para desestabilizar al país”.

El martes, además, Maduro acusó a WhatsApp de haber entregado a los líderes de la oposición "toda la base de datos" del país, con información personal de los usuarios de esta aplicación de mensajería instantánea. Según Maduro, las redes sociales son instrumentos para facilitar la incursión de “criminales” opositores venidos de toda la región que estarían ejerciendo violencia en las calles, asesinando a líderes populares y quemando escuelas y hospitales.

Venezuela vive estos días en una calma tensa, con una parte de la población agotada y que comienza a perder la fe en el momentum en el que parecía que las cosas debían cambiar, y otra parte que se reafirma día sí, día también, victoriosa y fuerte. En la arena política, la líder opositora María Corina Machado sigue apelando a los millones de venezolanos dentro y fuera del país que quieren el fin del chavismo: para este sábado, ha convocado una nueva manifestación con las actas electorales en mano, es es decir, el registro de los votos que demostrarían la victoria de Edmundo González en las urnas. La oposición sigue contando con la presión que la comunidad internacional pueda hacer a Nicolás Maduro para conducirlo hacia una “transición pacífica”, mientras que el mandatario ignora las reiteradas peticiones de hacer públicas las actas, a fin de que organismos independientes y no sólo el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo puedan decretar quién es el presidente electo de Venezuela.

En cuanto a la escalada represiva que vive el país, los datos de Provea revelan que ya hay más de 2.200 personas detenidas en el contexto de protestas poselectorales, además de 25 personas asesinadas, entre ellas un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. El activista Marino Alvarado explica que la represión se implementa "bajo la filosofía de la unidad cívico-militar, que no es otra cosa que descargar sobre los civiles las responsabilidades de la represión del estado", y por eso, dice, “a menudo vemos los denominados colectivos [grupos armados chavistas] actuar conjuntamente con las fuerzas militares y policiales”. Según Provea, "el 80% de las personas que han sido enviadas a prisión después de las elecciones del 28 de julio provienen de sectores populares", añade.